En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Voz de los Desaparecidos encabezó la Octava Marcha Pacífica en la ciudad de Puebla para exigir la localización con vida de más de 3 mil personas reportadas como desaparecidas en el estado.

Con batucadas, consignas y lonas con rostros impresos, alrededor de 500 personas recorrieron las calles del centro de Puebla este domingo para recordar que la crisis de desapariciones sigue vigente.

Durante la movilización, María Luisa Núñez, fundadora de la organización, criticó la efectividad de las leyes y comisiones de búsqueda estatales, señalando que, a pesar de las reformas vigentes, las familias siguen saliendo a las calles sin respuestas concretas.

Eenfatizó que las políticas públicas actuales nacieron del reclamo ciudadano en las calles y que, tras ocho años de movilizaciones, la cifra de desaparecidos aumenta.

La marcha reunió a cerca de 500 personas, partiendo del Paseo Bravo con dirección al Zócalo capitalino. A su llegada al Palacio Municipal, la manifestación coincidió con una concentración de motociclistas que se pronunciaban en contra de la denominada Ley Casco, compartiendo el espacio público en el centro de la ciudad.

En medio de tensiones internas, un rezago que supera el millar de iniciativas pendientes y cuestionamientos sobre su postura ante faltas al Código de Ética, Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla, rendirá el segundo informe de actividades de la LXII Legislatura. El evento oficial se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre, según lo dio a conocer Marcos Castro Martínez, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

El liderazgo del diputado de Morena al frente del Poder Legislativo local enfrenta señalamientos directos por el desempeño de áreas clave de la administración interna. Por un lado, el secretario general del Congreso, Leopoldo «Polo» de Lara, ha sido denunciado ante el Órgano Interno de Control por el diputado panista Rafael Micalco, quien lo acusa de presunta usurpación de funciones, alteración de documentos oficiales y conflicto de interés. En paralelo, bancadas de oposición han urgido celeridad al director jurídico, Jesús Ignacio Becerra Rojas Vértiz, para dictaminar los proyectos estancados tras la renuncia de su antecesor en julio por anomalías en los procedimientos.

Actualmente, el trabajo legislativo mantiene paralizadas reformas de impacto social, tales como la Ley de Participación Ciudadana, la legislación en materia de infancias trans y modificaciones a la Ley de Educación del Estado. A este panorama se suma la omisión del presidente de la Jugocopo para aplicar sanciones a las legisladoras Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez, quienes vertieron comentarios discriminatorios en un espacio digital, omitiendo el procedimiento contemplado dentro del código normativo interno.

Pese a los cuestionamientos, la gestión de Gaspar Ramírez se ha distinguido por mantener acuerdos multipartidistas que le permitieron asumir el liderazgo por unanimidad de las bancadas. Asimismo, destacan en el ámbito presupuestal las gestiones realizadas en coordinación con el Ejecutivo estatal para destinar mil 700 millones de pesos al sector agrícola, además de fijar lineamientos para las comparecencias parlamentarias y proyectar al Órgano Interno de Control como ente garante en materia de transparencia.

En el trabajo territorial enfocado a su distrito con sede en Acatlán de Osorio, el legislador promovió la aprobación de la figura de la diputación migrante y la instauración del Día del Trabajador Textil Poblano. El informe del 4 de septiembre será la oportunidad para contrastar los compromisos institucionales del Congreso frente a los pendientes de la agenda normativa estatal.

Un domicilio ubicado en la colonia El Salvador, al oriente de Puebla capital, fue asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el hallazgo de 60 plantas con características de la marihuana cultivadas en macetas.

El operativo se derivó de denuncias ciudadanas anónimas y labores de inteligencia policial que señalaban el inmueble por probables delitos contra la salud. Con los datos de prueba recabados, agentes ministeriales solicitaron y obtuvieron de un juez una orden de cateo.

Operativo coordinado

La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), con el apoyo estratégico de:

• Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
• Guardia Nacional
• Policía Estatal Preventiva

Durante la inspección al interior del predio, las autoridades ubicaron las 60 plantas distribuidas en recipientes de distintos tamaños, las cuales fueron aseguradas junto con el inmueble mediante sellos oficiales.

Hasta el momento, la institución no reportó personas detenidas durante el despliegue. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y fincar responsabilidades, mientras la FGE indicó que continuarán las acciones coordinadas contra la producción y venta de sustancias ilícitas en la entidad.