PUEBLA, Pue. — La viabilidad financiera para la construcción e implementación del tren interurbano que busca conectar la capital del estado con San Pedro Cholula y Atlixco continúa bajo estricto escrutinio por parte de la administración estatal. El proyecto no cuenta aún con un dictamen definitivo ni con luz verde para su ejecución debido a que las cotizaciones planteadas hasta el momento representan montos de inversión considerablemente altos que comprometerían los presupuestos públicos si no se gestionan adecuadamente.

Durante una comparecencia pública, el coordinador de Gabinete del Ejecutivo Estatal, José Luis García Parra, detalló que los esquemas técnicos presentados ante las dependencias correspondientes superan los presupuestos previstos. Específicamente, el primer escenario estimado contempla un desembolso cercano a los 42 mil millones de pesos, mientras que una segunda alternativa técnica fija el costo por encima de los 30 mil millones de pesos. Ambos panoramas han obligado a las autoridades a pausar la toma de decisiones definitivas hasta contar con proyecciones económicamente sostenibles.

Ante este escenario de alta exigencia presupuestal, el Gobierno del Estado tomó la resolución de esperar la presentación de un tercer proyecto técnico y financiero. Esta nueva propuesta busca ofrecer un equilibrio entre el costo de la infraestructura de transporte y la capacidad operativa real del estado. De esta forma, las autoridades contarán con un punto de comparación claro para determinar la factibilidad real de la obra y evaluar si se deben modificar las especificaciones originales o el trazado de la ruta.

Asimismo, García Parra señaló que dentro de las opciones contempladas se evalúa la implementación de un esquema de participación mixta, en el cual intervengan aportaciones del sector privado. La incorporación de inversión empresarial permitiría aligerar la carga sobre el erario estatal y facilitaría la concreción de una obra de movilidad clave para la zona metropolitana y la región del Valle de Atlixco, sin poner en riesgo las finanzas públicas de la entidad.

Por el momento, el proyecto ferroviario interurbano permanece formalmente en fase de estudio y análisis técnico. Las autoridades locales reiteraron que no se asumirá ningún compromiso financiero ni se dará inicio a licitaciones directas hasta que se reciban los resultados de la tercera propuesta de evaluación y se garantice una estructura de financiamiento sólida y conveniente para los ciudadanos de la entidad.

CIUDAD DE MÉXICO. — El Instituto Nacional Electoral (INE) informó la conclusión satisfactoria de la aplicación del examen de conocimientos del Concurso Público 2026, proceso mediante el cual se busca seleccionar al personal que se incorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en el sistema de los Organismos Públicos Locales (OPL). La jornada evaluativa se llevó a cabo el pasado sábado 19 de septiembre de manera simultánea en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

Durante esta fase operativa participaron un total de 7 mil 8 personas aspirantes, quienes compiten por una de las 176 plazas vacantes distribuidas en 28 entidades del país. Para garantizar un proceso equitativo, el organismo electoral implementó diversos ajustes razonables y brindó acompañamiento especializado a personas con discapacidad que requirieron asistencia durante la aplicación de la prueba.

La realización del instrumento de evaluación estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), institución que desplegó un contingente de 517 profesionales, entre aplicadores y personal directivo responsable. Por su parte, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), junto con las Juntas Locales Ejecutivas del INE y los respectivos OPL, coordinó los esquemas de logística, recepción de aspirantes e infraestructura operativa.

El INE expresó su reconocimiento a las distintas instituciones educativas que facilitaron sus instalaciones como sedes del examen, destacando la colaboración de su personal directivo, administrativo y docente. La autoridad electoral subrayó que el Concurso Público se mantiene como el mecanismo primordial de ingreso al SPEN, operando bajo los principios de mérito, igualdad de oportunidades, certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.

Con la finalización de esta etapa, la autoridad electoral continúa con las fases subsecuentes del certamen. El objetivo institucional consiste en garantizar que quienes ingresen a los órganos locales cuenten con el perfil profesional y las competencias técnicas requeridas para el fortalecimiento de la función electoral en beneficio de la ciudadanía.

Una investigación periodística señala que la instalación clandestina generaba ganancias estimadas en 4.5 millones de pesos.

PUEBLA, Pue. — Un reciente reporte periodístico elaborado por el columnista Claudio Ochoa y publicado en el diario El Universal ha puesto al descubierto presuntos nexos entre figuras políticas y sindicales con la operación de una granja de criptomonedas ubicada en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo con la información difundida, entre los señalados se encuentran Miguel Márquez, actual diputado local por el partido Morena, y Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La investigación documenta que la nave industrial utilizada para el minado de activos digitales reportaba ganancias estimadas en aproximadamente 4.5 millones de pesos.

Las investigaciones señalan la existencia de carpetas de investigación abiertas contra los implicados debido al uso no autorizado de la red de suministro eléctrico de la región. Aunque la actividad informática de minar activos digitales es completamente legal en el país, el delito radica en el montaje de tomas clandestinas para extraer volúmenes masivos de corriente eléctrica sin pagar por el consumo, incurriendo en la figura de despojo eléctrico para mantener operando los servidores de manera ininterrumpida.

Este hallazgo en Tlaola se suma a un antecedente similar registrado el año pasado en el municipio vecino de Juan Galindo. La situación reaviva la tensión por el robo de energía en la Sierra Norte, donde la CFE calcula un rezago cercano a las 30 mil cuentas sin cobrar, derivado de la resistencia civil que persiste desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.

El flujo costante de recursos millonarios proveniente de este centro no regulado ha despertado serios cuestionamientos sobre el posible destino de las ganancias para el financiamiento de campañas políticas locales, así como el nivel de conocimiento o supervisión que mantenían las autoridades ante las operaciones clandestinas desarrolladas por grupos ligados al sector electricista.

SSP desliga a Miguel Márquez, diputado del PVEM, de minas de criptomonedas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal desligó a Miguel Márquez Ríos, diputado local del PVEM y dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la mina ilegal de criptomonedas localizada en el municipio de Juan Galindo en enero de 2025. Pese a que dicho centro de cómputo operaba en un inmueble del SME, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, argumentó que las investigaciones tratan el inmueble como una propiedad particular, criterio que también aplican al predio recién asegurado en Tlaola.

Sánchez González aseguró que los peritajes por la granja de criptomonedas hallada a principios de 2025 no arrojan elementos que relacionen al legislador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con la red ilícita. Aunque reconoció que en la zona prevalece el delito de robo de energía eléctrica, el funcionario subrayó que hasta el momento la autoridad no ha identificado a las personas que operaban dicho espacio.