Como parte de las acciones estratégicas en materia de seguridad pública, autoridades municipales y estatales llevaron a cabo un operativo conjunto en el municipio de San Martín Texmelucan que permitió la ubicación y desinstalación de un total de 267 llamadas «cámaras parásito». Estos dispositivos de videovigilancia eran colocados de manera clandestina en la vía pública sin la autorización correspondiente.

Las investigaciones preliminares revelaron que estos equipos, instalados ilegalmente en postes de luz, fachadas y mobiliario urbano, operaban al margen de la ley y presuntamente eran utilizados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de corporaciones policiales y de la ciudadanía. La detección de estos aparatos representaba una vulnerabilidad crítica para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la demarcación.

Durante el despliegue operativo, elementos de seguridad retiraron los dispositivos y cortaron las conexiones eléctricas irregulares de las que se abastecían, asegurando el perímetro para evitar riesgos a la población. Las autoridades locales informaron que este tipo de acciones continuarán de manera permanente en distintas colonias y juntas auxiliares del municipio.

Finalmente, el ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con la colocación de equipos de vigilancia no identificados. Con el desmantelamiento de esta red de monitoreo ilegal, se debilita la capacidad operativa de la delincuencia organizada y se fortalece el orden público en la región.

De acuerdo con información revelada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Francisco Sánchez González, la defensa legal de Rafael «N» —identificado como el presunto responsable de los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl— intentó sobornar a una de las personas agredidas.

Puntos clave del intento de soborno y situación legal
La oferta económica: Los abogados del imputado ofrecieron un millón de pesos a una de las personas que resultó lesionada durante los ataques, con la condición de que desistiera del proceso legal y de las acusaciones en su contra.

Detección de la maniobra: Las autoridades estatales tuvieron conocimiento de esta propuesta de soborno a través de labores de inteligencia y seguimiento, incorporando la información para evitar que se entorpeciera el proceso de justicia.

Vínculos y delitos: Rafael «N», señalado como un empresario farmacéutico de origen español, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Situación jurídica actual: A pesar del intento de acuerdo económico por parte de su defensa, el imputado fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un clima de inseguridad y zozobra se vivió en el municipio poblano de San José Acatenango, luego de que se perpetrara un ataque armado directo en contra de un hombre. Los hechos ocurrieron en pleno día y en una zona altamente concorrida, justo frente a las instalaciones del Centro de Salud de la localidad, lo que desató momentos de pánico entre transeúntes, pacientes y personal médico.

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar, sujetos armados interceptaron a la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones con la intención de privarla de la vida. Tras las detonaciones, el hombre quedó tendido sobre la vía pública con múltiples lesiones de bala, mientras los agresores lograron darse a la fuga con rumbo desconocido aprovechando la confusión del momento.

Vecinos y testigos de la agresión solicitaron de inmediato el apoyo de los números de emergencia, por lo que paramédicos y elementos