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Gobierno de Puebla sanciona actos de corrupción

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Con el objetivo de prevenir, detectar, investigar e inhibir prácticas contrarias a la legalidad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, inició 312 expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa, y mantiene en observación 173 procedimientos de esta índole.

El gobernador Alejandro Armenta refirió que se combinan acciones preventivas con la aplicación firme de la normatividad, cuando existen elementos que acrediten responsabilidades administrativas. Por ello, como resultado de estos procesos, se impusieron las primeras 27 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, mientras que los asuntos relacionados con faltas graves se remitieron a las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a la ley.

Estas acciones reflejan la convicción institucional de que todas las áreas de la administración pública se encuentran sujetas a revisión y de que toda persona debe asumir las consecuencias de sus actos, en congruencia con los principios de transparencia y de buen gobierno, que a nivel nacional lidera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sumado a la cultura de la denuncia y del vínculo con la ciudadanía, actualmente operan 523 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias en dependencias y entidades estatales donde se brindan trámites y servicios. A estos mecanismos se suma la plataforma PROintegridad, prointegridad.puebla.gob.mx, la atención presencial y la línea telefónica 22 23 03 46 00 a las extensiones 3466, 3493, 3497, 3467 y 3464, con el propósito de facilitar a la población el acceso a canales confiables para reportar irregularidades.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno atendió 5 mil 184 señalamientos ciudadanos relacionados con posibles hechos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas, 810 quejas se remitieron a las autoridades competentes, con 540 asuntos concluidos y 270 en etapa de seguimiento. Asimismo, se recibieron 214 denuncias formales, de las cuales 168 concluyeron y 46 se turnaron a las autoridades investigadoras correspondientes. Además, mil 398 personas recibieron orientación para acudir a otros entes públicos competentes. A estas acciones se suman 2 mil 006 orientaciones ciudadanas brindadas a través de la línea PROintegridad.

En materia de investigación administrativa, los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, por oficio o como resultado de auditorías y revisiones permanentes. En cada caso se ordenaron diligencias para la obtención y análisis de información, la revisión documental y la toma de declaraciones, con apego a criterios técnicos y jurídicos.
Durante el ejercicio, 77 investigaciones iniciadas en este periodo concluyeron, además del cierre de 306 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, lo que permitió evitar rezagos en la atención de los asuntos.

Entre los casos relevantes se encuentra el expediente relacionado con el Museo Internacional del Barroco, en el cual continúan las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan conforme al marco legal aplicable.

Cabe resaltar que para las faltas graves, los procedimientos se remitieron a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, instancia encargada de su substanciación y resolución.

Asimismo, cuando la autoridad identificó posibles conductas constitutivas de delito, la dependencia dio vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de que las investigaciones continuarán por la vía penal, sin excepciones ni privilegios.

La administración estatal reitera que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley así lo determina. El combate institucional a la corrupción permite proteger los recursos públicos, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia un buen gobierno donde la honestidad constituye la regla y no la excepción.

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Puebla celebra a los adultos mayores con una amplia y colorida cartelera cultural

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En el marco de las celebraciones dedicadas a las personas de la tercera edad, el estado de Puebla preparó una nutrida y diversa oferta cultural diseñada específicamente para reconocer la trayectoria, sabiduría y aportación de los abuelitos a la sociedad. Las actividades buscan integrar a los sectores de la tercera edad en espacios dinámicos de recreación y convivencia comunitaria.

La programación artística incluye presentaciones musicales, muestras artesanales, obras de teatro y exposiciones pictóricas distribuidas en diferentes recintos culturales del centro histórico y zonas conurbadas. El propósito fundamental de estas acciones institucionales es fomentar la inclusión social y garantizar el derecho al esparcimiento de los sectores longevos de la población.

Las autoridades encargadas del sector cultural destacaron que los eventos se han diseñado pensando en la accesibilidad y comodidad de los adultos mayores y sus familias. Asimismo, se han habilitado espacios de expresión donde los abuelitos pueden compartir sus saberes tradicionales, fortaleciendo el tejido comunitario y la transmisión intergeneracional de la memoria histórica local.

La respuesta de la ciudadanía ha sido sumamente favorable, registrando una gran afluencia de asistencia en cada una de las sedes habilitadas para los festejos. Los asistentes han celebrado la iniciativa gubernamental, calificándola como un acierto para valorar la dignidad de quienes han construido las bases de la comunidad poblana a lo largo de décadas.

Con estas jornadas culturales, Puebla refrenda su compromiso institucional con el bienestar integral de la vejez, demostrando que la cultura es una herramienta poderosa de integración social. Las actividades continuarán durante los próximos días para permitir que más familias se sumen al reconocimiento de los adultos mayores.

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Denuncian fracturas y confrontación entre facciones por el control del comité local de Atlixco

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El escenario político en el municipio de Atlixco registra momentos de alta tensión interna tras destaparse una serie de fricciones y confrontaciones abiertas entre distintos grupos que se disputan el control del comité local de la organización política Somos México. Los desacuerdos evidencian una lucha encarnizada por el posicionamiento territorial de cara a los futuros reacomodos partidistas.

De acuerdo con diversos reportes locales, las diferencias entre los liderazgos se intensificaron a raíz de la definición de prioridades y nombramientos al interior de la demarcación. Los distintos bloques en pugna acusan exclusión y falta de consensos mínimos, lo que ha provocado un ambiente polarizado que debotea la estructura operativa de la agrupación en la región.

La disputa en Atlixco refleja a su vez el complicado momento jurídico y político que enfrenta la marca a nivel nacional, la cual ha tenido que librar batallas legales ante los tribunales electorales para defender su denominación oficial y su registro frente a las restricciones impuestas por las autoridades electorales.

Los militantes inconformes de la región han exigido a las dirigencias estatales y nacionales la apertura de canales de diálogo transparentes para evitar que la confrontación local derive en una ruptura definitiva. Advierten que la imposición de intereses cupulares únicamente aleja a la ciudadanía y debilita las posibilidades reales de consolidación política en el municipio.

Mientras los grupos locales continúan midiendo fuerzas, el futuro del comité de Atlixco permanece en la incertidumbre. La capacidad de conciliación de los mandos superiores será determinante para calmar los ánimos y lograr una tregua que permita reorganizar los trabajos territoriales sin fracturas irreparables.

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Destituyen a 13 trabajadores de Cecofam tras denuncias de corrupción y cobros indebidos

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El Poder Judicial del Estado de Puebla ejecutó una importante depuración al interior del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), confirmando la remoción de 13 servidores públicos. Esta medida correctiva se implementó tras documentar diversas irregularidades graves, entre las que destacan presuntos actos de extorsión y cobros ilegicientes —conocidos comúnmente como «moches»— a los padres de familia que acuden a las instalaciones para ver a sus hijos.

La decisión fue anunciada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, durante una postura oficial en la que detalló que las investigaciones internas alcanzaron a personal de distintas áreas. La red de irregularidades involucraba tanto a psicólogos y trabajadores sociales como a médicos, directivos y jefes de departamento que operaban al margen de la ley dentro del organismo.

De acuerdo con las indagatorias del órgano judicial, los implicados exigían depósitos de dinero utilizando cuentas de índole personal e incluso recurrían a las mismas plataformas bancarias institucionales donde recibían sus nóminas oficiales. Estas acciones no solo violentaban los reglamentos internos, sino que vulneraban la economía de familias en procesos legales sumamente vulnerables y sensibles.

Esta intervención administrativa se originó un día después de una protesta generalizada encabezada por aproximadamente 35 trabajadores del Cecofam. Dicha manifestación paralizó temporalmente las actividades cotidianas del inmueble como forma de reclamo ante una supuesta sobrecarga laboral, falta de personal operativo, cancelación de periodos vacacionales y presunto acoso institucional para forzar renuncias.

No obstante, las autoridades judiciales aclararon que las demandas laborales no frenarán las sanciones contra quienes descuidaron sus responsabilidades. El Consejo de la Judicatura enfatizó que la prioridad absoluta es salvaguardar el bienestar y la seguridad emocional de las niñas, niños y adolescentes poblanos, garantizando que las convivencias familiares se desarrollen bajo un entorno transparente, seguro y completamente libre de corrupción.

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