Con el propósito de estrechar lazos entre la academia y las instituciones financieras del país, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue sede de una destacada conferencia magistral impartida por autoridades del Banco de México.

La ponencia titulada “Política monetaria, decisiones, herramientas e impacto en la economía mexicana” estuvo a cargo de la subgobernadora de Banxico, Galia Borja Gómez, ante un auditorio abarrotado por estudiantes de economía, catedráticos e investigadores.

Durante su exposición ante la comunidad universitaria, la funcionaria federal explicó de manera detallada los conceptos fundamentales que rigen el comportamiento de la inflación y su repercusión directa en el poder adquisitivo de las familias.

Asimismo, se abordaron los principales rubros que componen el gasto cotidiano de los mexicanos, tales como productos agropecuarios, energéticos, servicios y mercancías, analizando los factores macroeconómicos que determinan sus variaciones de precios.

Las autoridades universitarias destacaron que este tipo de ejercicios académicos permiten a los alumnos comprender de primera mano los retos complejos a los que se enfrenta la economía nacional y el papel estratégico de la banca central.

El evento concluyó con una sesión de preguntas y respuestas, donde los estudiantes intercambiaron puntos de vista con la ponente sobre las políticas fiscales y financieras que mantienen al país en condiciones de atracción para la inversión privada.

• El Gobierno del Estado de Puebla manifestó su abierta inconformidad y presentó denuncias formales en contra de la empresa concesionaria de los servicios hídricos, tras registrarse daños severos en arterias viales que acababan de ser rehabilitadas con recursos públicos.

Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura señalaron que la compañía incurrió en una evidente falta de planeación y coordinación operativa al realizar cortes y excavaciones imprevistas sobre pavimentos de reciente colocación en puntos estratégicos de la capital.

Este tipo de acciones arbitrarias, señalaron los funcionarios estatales, representan un atentado directo contra el patrimonio de los contribuyentes y la inversión pública destinada a mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los habitantes.

El gobierno estatal enfatizó que es completamente inaceptable que la empresa repita este tipo de prácticas destructivas sin previo aviso, afectando vialidades importantes y generando molestias generalizadas entre automovilistas, transporte público y peatones.

Como respuesta a estas anomalías, la administración estatal ha exigido la entrega de un calendario estricto de intervenciones técnicas y reiteró que no se tolerarán abusos que deterioren la infraestructura urbana recién entregada a la ciudadanía.

Finalmente, la dependencia ratificó su postura de firmeza jurídica para proteger las obras viales, advirtiendo que se aplicarán las sanciones correspondientes para obligar a la concesionaria a reparar de manera integral los daños ocasionados.

Derivado de una serie de inspecciones orientadas a la fiscalización de cuerpos de agua y el cumplimiento de normativas ecológicas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ordenó la clausura temporal parcial de un sistema de descarga clandestina de aguas residuales.

La medida punitiva recayó directamente sobre la infraestructura administrada por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, cuyas operaciones de vertido se encontraban afectando directamente al afluente del río Atoyac.

Durante el desarrollo de la diligencia oficial, el personal de la dependencia federal constató que el organismo operador no pudo comprobar de manera fehaciente que los volúmenes de agua vertidos contaran con un tratamiento previo conforme a los parámetros de ley.

Asimismo, los inspectores detectaron la omisión en la presentación de comprobantes fiscales correspondientes al pago de derechos federales por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales considerados como cuerpos receptores de aguas residuales.

Ante la gravedad de estas irregularidades ambientales, se procedió a la colocación de sellos de clausura en la zona de descarga ubicada en las inmediaciones de la junta auxiliar de Sanctorum, estableciendo restricciones severas a la operación del ducto.

La autoridad ambiental federal advirtió que los procedimientos administrativos continuarán su curso legal, reiterando que se mantendrá una vigilancia estrecha y permanente para frenar la contaminación sistemática de la cuenca del Atoyac.