En el marco de las políticas públicas orientadas a la pacificación del país, autoridades de la región centro-oriente destacaron la importancia de mantener una estrecha colaboración interinstitucional entre los gobiernos de Veracruz y Puebla.

Durante encuentros recientes de análisis político y social, se enfatizó que la suma de voluntades y recursos operativos resulta fundamental para blindar las fronteras estatales y combatir de manera frontal a los grupos generadores de violencia.

La estrategia conjunta responde directamente a los lineamientos federales impulsados desde la administración nacional, priorizando un enfoque de proximidad social, inteligencia financiera y respeto absoluto a los derechos humanos de la población.

Los representantes gubernamentales subrayaron que el intercambio de información en materia de seguridad ha permitido articular operativos coordinados en zonas limítrofes, reduciendo notablemente la incidencia delictiva de alto impacto en las carreteras compartidas.

Asimismo, se hizo hincapié en que la construcción de la paz no depende exclusivamente del uso de la fuerza pública, sino de atender las causas sociales mediante programas de desarrollo económico y bienestar comunitario en ambos estados.

Con estas acciones de cooperación bilateral, los gobiernos estatales reafirman su respaldo absoluto al proyecto de nación federal, consolidando una franja territorial con mayores niveles de gobernabilidad, estabilidad y certidumbre social.

• El Gobierno del Estado de Puebla manifestó su abierta inconformidad y presentó denuncias formales en contra de la empresa concesionaria de los servicios hídricos, tras registrarse daños severos en arterias viales que acababan de ser rehabilitadas con recursos públicos.

Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura señalaron que la compañía incurrió en una evidente falta de planeación y coordinación operativa al realizar cortes y excavaciones imprevistas sobre pavimentos de reciente colocación en puntos estratégicos de la capital.

Este tipo de acciones arbitrarias, señalaron los funcionarios estatales, representan un atentado directo contra el patrimonio de los contribuyentes y la inversión pública destinada a mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los habitantes.

El gobierno estatal enfatizó que es completamente inaceptable que la empresa repita este tipo de prácticas destructivas sin previo aviso, afectando vialidades importantes y generando molestias generalizadas entre automovilistas, transporte público y peatones.

Como respuesta a estas anomalías, la administración estatal ha exigido la entrega de un calendario estricto de intervenciones técnicas y reiteró que no se tolerarán abusos que deterioren la infraestructura urbana recién entregada a la ciudadanía.

Finalmente, la dependencia ratificó su postura de firmeza jurídica para proteger las obras viales, advirtiendo que se aplicarán las sanciones correspondientes para obligar a la concesionaria a reparar de manera integral los daños ocasionados.

Derivado de una serie de inspecciones orientadas a la fiscalización de cuerpos de agua y el cumplimiento de normativas ecológicas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ordenó la clausura temporal parcial de un sistema de descarga clandestina de aguas residuales.

La medida punitiva recayó directamente sobre la infraestructura administrada por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, cuyas operaciones de vertido se encontraban afectando directamente al afluente del río Atoyac.

Durante el desarrollo de la diligencia oficial, el personal de la dependencia federal constató que el organismo operador no pudo comprobar de manera fehaciente que los volúmenes de agua vertidos contaran con un tratamiento previo conforme a los parámetros de ley.

Asimismo, los inspectores detectaron la omisión en la presentación de comprobantes fiscales correspondientes al pago de derechos federales por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales considerados como cuerpos receptores de aguas residuales.

Ante la gravedad de estas irregularidades ambientales, se procedió a la colocación de sellos de clausura en la zona de descarga ubicada en las inmediaciones de la junta auxiliar de Sanctorum, estableciendo restricciones severas a la operación del ducto.

La autoridad ambiental federal advirtió que los procedimientos administrativos continuarán su curso legal, reiterando que se mantendrá una vigilancia estrecha y permanente para frenar la contaminación sistemática de la cuenca del Atoyac.