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Más de 3 millones de mexicanos trataron de cruzar hacia EU

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Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, 3 millones 343 mil 825 mexicanos fueron detenidos en la frontera norte al querer cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, lo que representa 196.06% más, con respecto al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando fueron capturados 1 millón 129 mil 434, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

En una entrevista que el Ejecutivo federal le concedió al periodista John Micklethwait al inicio de su gestión, aseguró que durante su mandato, los mexicanos ya no tendrían que migrar hacia Estados Unidos,

“La gente no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Yo tengo un sueño que quiero convertir en realidad. Va a llegar un día durante mi gobierno que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos, porque el mexicano va a tener trabajo y va a ser feliz en donde nació”, afirmó el exmandatario.

Sin embargo, este sueño no se cumplió. Pues la CBP revela que con 808 mil 339, 2022 fue el año con el mayor número de arrestos de connacionales, mientras que en la administración pasada, la cifra más alta se alcanzó en 2013, las aprehensiones alcanzaron las 267 mil 734.

Tan sólo en lo que va del año fiscal estadounidense 2024, las detenciones por parte de elementos policiacos del vecino país, suman 617 mil 70. Las cifras del CBP muestran que en lo que va de este año, 270 mil 78 familias intentaron cruzar hacia la Unión Americana, en tanto que en 2019, cuando arrancó el gobierno obradorista, se contabilizaron 6 mil 4, lo que representa un incremento de 4,398%.

Al inicio del sexenio lópezobradorista, los arrestos de personas que trataron de ingresar solos al vecino país, sumaron 149 mil 967, pero en lo que va del año fiscal estadounidense de este año que comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, alcanzaron las 315 mil 827.

Dice el extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, que “los datos del CBP lo que están retratando son dinámicas de desplazamiento interno muy graves en los estados del país. Lo que se requiere en este momento, es recuperar el Estado de derecho en las regiones con gran violencia e inseguridad y recuperar a las instituciones del control de las organizaciones criminales”, precisa.

Y detalla: “Este desplazamiento interno es una especie de sismógrafo, mide la gravedad de una crisis social en las regiones, especialmente de estados como Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, donde las personas son obligadas a salir no porque no tuvieran un ingreso, no porque no tuvieran una economía, no porque no tuvieran una familia, no porque no tuvieran una comunidad, sino por factores especialmente de violencia.

“En muchas regiones de Chiapas, de Guerrero y de Michoacán, quienes dominan son estas organizaciones criminales. La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ es una irresponsabilidad. Lo que ha generado es que las organizaciones criminales ganen espacio, ganen poder y control de territorios. Y entre las consecuencias más graves es lo que estamos viendo de desplazamientos de hasta comunidades enteras”.

Para el exfuncionario federal, el desplazamiento interno que busca cruzar a Estados Unidos, “no se resuelve sembrando arbolitos, ni se resuelve con becas. Este es un problema que tiene que ver con la recuperación de territorios y, por supuesto, el Estado de derecho”.

Sostiene que “en este gobierno se echó a perder una curva de estabilidad muy grande que traíamos desde 2008. Pero se echó a perder por los efectos económicos provocados por el desempleo, el cierre de empresas y la pérdida de los ingresos familiares. Es un problema económico muy grande el que estamos viviendo. Por esa causa, otra vez las personas están intentando buscar alternativas en Estados Unidos”.

Menciona que “como muchas otras cosas en el país, teníamos una economía no muy buena, pero funcionaba y ahora tienes una muy deteriorada. Tenías un sistema de salud, que no era muy bueno, pero que ahora está destrozado y así le podemos seguir con el sistema educativo, que ahora está de la fregada y así le puedes seguir sumando. La migración mexicana está retratando el tamaño de nuestro problema económico y social”.

Desde la perspectiva de Guillén López, “la migración mexicana seguirá. Como están las cosas, eso no tiene freno ahorita. Así que vamos a seguir viendo números muy importantes del flujo de mexicanos hacia Estados Unidos”, comenta.

Cristina Hernández Engrandes, académica del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la Universidad Nacional Autónoma de México, resalta a la violencia que se registra en la mayor parte del territorio nacional, como uno de los principales factores por los que cada vez más mexicanos intentan cruzar la frontera norte.

“Hoy por hoy, la mayor parte del territorio mexicano está tomado por grupos de crimen organizado. Ya vemos territorios que hasta hace un par de años, no existía esta lógica de disputa tan fuerte como lo hay en Chiapas. No hubo un reconocimiento en este gobierno o una previsión de que uno de los efectos colaterales, por decirlo de alguna manera, de la expansión del crimen organizado iba a ser precisamente el desplazamiento de poblaciones enteras como lo estamos viendo en el sur del país”, agrega.

La académica de la UNAM resalta que en no pocas ocasiones López Obrador se vanagloriaba de que las remesas habían repuntado en su sexenio, pero dice que ese señalamiento no es una buena noticia.

“Eso lo que nos revela es que sigue habiendo una proporción importante de la población económicamente activa que aquí no se emplea y lo hace en Estados Unidos y enviar remesas, eso del crecimiento de remesas, insisto, no es una buena noticia en ninguna parte”, expresa.

Precisa que la población mexicana que está siendo desplazada por la violencia, es una de las más desprotegidas y más invisibilizadas en la actualidad.

“Son connacionales que lo que quieren es tranquilidad y protección en Estados Unidos. Si logran cruzar al vecino país no tienen acceso a ninguna ayuda, por ejemplo, de organismos como la ACNUR, que salvaguarda los derechos y bienestar de las personas forzadas a huir, que protege a migrantes de otro país, pero no a una persona mexicana. Entonces, sí, sin duda enfrentan una vulnerabilidad incluso más alta”, resalta.

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Por Operación Espejo, despliega Estados Unidos soldados en la frontera con México

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El gobierno de los Estados Unidos dio inicio al despliegue de elementos militares fuertemente equipados a lo largo de diversos puntos de la franja fronteriza con México, como parte del fortalecimiento de las acciones tácticas encuadradas en la denominada «Operación Espejo». El movimiento busca intensificar la vigilancia e inhibir el flujo de actividades ilícitas en la zona limítrofe.

De acuerdo con los datos brindados por fuentes de seguridad internacionales, cerca de 500 efectivos del ejército norteamericano fueron asignados a labores operativas de patrullaje, observación estratégica e instalación de puestos de control. Las unidades militares trabajarán en coordinación con los agentes de la Patrulla Fronteriza para resguardar tramos de alto tránsito y zonas de difícil acceso geográfico.

La «Operación Espejo» comprende una estrategia binacional orientada a disuadir el tráfico ilegal de drogas, el contrabando de armas de fuego y el cruce irregular de migrantes mediante la presencia disuasiva de fuerzas de seguridad en ambos lados de la frontera. La presencia de las tropas estadounidenses busca reforzar los perímetros de seguridad e incrementar la capacidad de respuesta operativa.

Del lado mexicano, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional mantienen desplegados contingentes de vigilancia en sus respectivos sectores fronterizos, trabajando de forma coordinada bajo los esquemas de comunicación y cooperación pactados entre las administraciones de ambos países para asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias y aduanales.

El despliegue de tropas generó diversas opiniones entre organismos defensores de los derechos humanos y autoridades locales de las ciudades fronterizas, quienes se mantienen al pendiente del desarrollo de los operativos. Las autoridades gubernamentales afirmaron que el personal desplegado respetará los protocolos establecidos para el uso de la fuerza y el manejo de contingentes en la franja limítrofe.

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Adolescentes de EU venden armas a grupos ligados a cárteles mexicanos

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Una profunda investigación periodística sacó a la luz una alarmante dinámica transfronteriza en la que adolescentes y jóvenes residentes en Estados Unidos están siendo reclutados activamente para adquirir armas de fuego y posteriormente venderlas a grupos criminales vinculados con cárteles del narcotráfico en México. El hallazgo evidencia una transformación en las rutas y métodos de tráfico de armamento pesado.

El informe detalla que los involucrados aprovechan vacíos legales y la laxitud en los controles de venta de armas en estados fronterizos como Texas y Arizona para realizar compras en ferias o establecimientos autorizados. Mediante esquemas de compradores prestanombres o prestamujeres, los jóvenes consiguen pistolas de alto calibre y fusiles de asalto sin levantar sospechas inmediatas de las autoridades locales.

Una vez obtenido el material bélico, la coordinación logística para concretar la venta y coordinar el cruce del armamento hacia territorio mexicano se realiza por medio de plataformas de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram. La utilización de menores de edad y jóvenes sin antecedentes penales responde a un cálculo operativo de las organizaciones criminales para eludir los radares de las agencias de inteligencia.

El flujo constante de estas armas hacia México alimenta de forma directa la capacidad operativa de los grupos delictivos locales, incrementando los índices de violencia e inseguridad en diversas regiones del país. Este fenómeno ha generado una fuerte preocupación entre analistas de seguridad, quienes advierten sobre la facilidad con la que el crimen organizado penetra las comunidades juveniles norteamericanas.

Las revelaciones generaron un nuevo llamado de atención diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la urgencia de endurecer la fiscalización en la venta de armamento. Diversas organizaciones civiles exigen una investigación a fondo que contemple el monitoreo de redes sociales y sanciones más severas para frenar el reclutamiento de menores en este tipo de delitos federales.

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Gobierno Federal Crea Grupo de Trabajo para Prevenir Hechos de Violencia en Escuelas

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El Gobierno de México formalizó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional enfocado en el diseño e implementación de estrategias para la prevención, detección temprana y atención de conductas violentas en planteles educativos del país. El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, atendiendo las instrucciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras los hechos registrados en un plantel de educación secundaria en el estado de Coahuila.

Durante la presentación del proyecto en Palacio Nacional, el funcionario se refirió a la agresión ocurrida en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, donde dos hombres mayores de edad ingresaron con armas punzocortantes al inmueble, provocando el fallecimiento de una integrante del equipo directivo y lesiones a cuatro personas más. García Harfuch expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y reiteró que las autoridades emplearán las capacidades del Estado para resguardar la integridad de la comunidad escolar.

El equipo multidisciplinario estará integrado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la propia SSPC e instituciones del sector académico. La mesa de trabajo coordinada articulará medidas legislativas, operativas y asistenciales para contener factores de riesgo en entornos reales y virtuales.

Entre las líneas de acción prioritarias destaca la elaboración de un decreto presidencial que fije obligaciones a las plataformas digitales para detectar, reportar y retirar de forma expedita contenidos que hagan apología de la violencia o inciten a la comisión de delitos. Adicionalmente, el plan contempla reformas legales relativas a la regulación de contenidos nocivos en redes sociales, el fortalecimiento del programa educativo «ABC de las emociones» y el incremento del acompañamiento entre madres, padres y estudiantes.

Como parte de los esquemas operacionales, la SSPC y el CNI reforzarán los labores de monitoreo en plataformas digitales, foros de discusión y servicios de mensajería instantánea. Estas acciones buscan identificar de manera oportuna perfiles, comunidades virtuales o patrones de conducta vinculados con expresiones de extremismo violento que puedan representar un riesgo directo para la seguridad de los alumnos y docentes en los centros escolares del país.

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