Las  cárceles de Puebla no disponen de infraestructura para que las mujeres ejerzan la maternidad, cuidado de las infancias, áreas íntimas para visitas conyugales, aulas educativas, además de que no existen programas para el aprendizaje que mejoren su nivel académico y capacitación laboral.

De acuerdo con el informe “Diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad desde un enfoque interseccional 2021”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indica que las mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios de Puebla se encuentran en condiciones de desigualdad, pues las áreas donde son recluidas carecen de servicios y espacios para que puedan desarrollarse.

En el documento se destaca que, además de Puebla, en los centros penitenciarios de Baja California, Campeche, Sonora y Tamaulipas, no disponen de infraestructura relacionada con la maternidad, espacios para el cuidado de los hijos e hijas, la lactancia, la salud, la alimentación, la educación, la estancia digna y la situación de derechos de las infancias.

Hay que recordar que la ley permite a las mujeres en la cárcel tener a su infante hasta que cumpla 3 años.

En cuanto a las áreas íntimas para visitas conyugales, el órgano autónomo, precisa que en las cárceles en territorio poblano no existen los espacios para que las féminas reciban visitas privadas, por lo que se ven obligadas a usar los espacios en las conyugales del área varonil.

También resalta las deficiencias en materia de educación, pues no cuentan con aulas educativas ni zonas para realizar estudios, por lo que, quienes desean realizarlo, recurren a los espacios en los centros varoniles, por ello se urge que la educación sea una prioridad dentro del plan de actividades que se diseña en las instituciones para las mujeres.

Además, se detalla que en el centro de Teziutlán existen deficiencias en la infraestructura, lo cual constituye un riesgo especial para las mujeres que se encuentran en el grupo de personas adultas mayores, pues hay riesgo de caídas y lesiones.

Por último, el informe de la CNDH señala que durante 2019 y 2020 se emitieron 14 recomendaciones, en las que se identificaron importantes deficiencias que vulneraban los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales de Puebla, Sinaloa, Veracruz, Colima, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Guerrero, Campeche, San Luis Potosí, Baja California, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.

 este panorama se suma que el año pasado, un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que las mujeres en centros penitenciaria se enfrentaron a carencias en servicios de salud.

Según el informe, la población tuvo una atención médica limitada, ya que no lograron realizarse exámenes para detección de enfermedades o de tener una menstruación digna.

En dicho año, el 83 por ciento de las féminas no pudo realizarse un examen para detectar cáncer de mama, mientras que el 53 por ciento para hacerse una prueba de Papanicolau, para diagnosticar cáncer cervicouterino.

También se enfrentaron a la falta de atención para brindarles de manera gratuita productos de higiene menstrual, pues el 92.7 por ciento de las personas gestantes no recibieron artículos básicos de cuidado personal por los centros penitenciarios, es decir, tuvieron que comprarlos, lo obtuvieron por donación, algún otro medio u optaron por otra medida para solucionar esta necesidad.

La encuesta también señala que, en dicho periodo, en la entidad había 23 mujeres con sus hijos viviendo con ellas en la prisión, 19 de ellas en el Cereso de la capital. En el resto de los casos, no se indica cuál es el penal en el que se encuentran las mujeres con hijos.

El 23 de febrero de este año El Sol de Puebla evidenció la situación por la que tienen que pasar las mujeres en el Cereso de San Miguel, donde las toallas femeninas son caras y no hay agua para tener una buena higiene durante estos días.

Comentaron que gastan alrededor de 80 pesos durante su periodo, cuando por semana ganan 300 pesos, pero ese dinero tienen que distribuirlo en sus demás gastos.

Si no hay toallas femeninas, las mujeres optan por ocupar calcetines, ropa vieja o papel higiénico para cuidarse, aunque esté ultimo también es caro y cada rollo les cuesta 35 pesos.

Ante este panorama, el 24 de ese mes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció que repartiría de manera periódica 8 mil toallas femeninas a las personas de los penales de Puebla, esto con el objetivo de que vivan su menstruación de manera digna.

Precisó que en ese periodo estaba en marcha un programa de entrega directa de todo el material sanitario para mujeres, en donde se repartirían 8 mil piezas.

El reparto sería de forma periódica con el mismo número de piezas de manera directa con las personas privadas de la libertad.

Se informó que dicho sistema se replicaría cada mes con dos tandas de entrega.

Hasta este momento dicha dependencia estatal no ha informado sobre la continuidad del programa, por lo que se desconoce si se cumple con ello o no.