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Faltantes por casi 4 mil mdp en Gobierno de Cuauhtémoc Blanco menciona ASF

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En lo que va de la gestión de Cuauhtémoc Blanco al frente de Morelos, la entidad reporta distintas insolvencias o faltantes en el suministro de recursos federales por alrededor de 3 mil 900 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De 2019 a 2023, dictámenes de la ASF registran daños a la Hacienda Pública federal incluidas pendientes de aclaración y hasta cargas financieras, por 3 mil 901 millones 463 mil pesos.
Durante su primer año de Administración, la mayoría de estas irregularidades se reportan principalmente en el rubro de apoyos y participaciones a entidades federativas y municipios, sin embargo, también destacan en las áreas de la salud, obra e infraestructura.

Para 2020, además de los anteriores, otros recursos pendientes por aclarar recayeron en la atención de emergencias y desastres naturales. Lo mismo ocurrió en los tres siguientes años, no obstante en 2022 y 2023 a éstos se sumó el ámbito de la educación.

Solo en 2019, la auditoría 2019-A-17000-19-0921-2020 921-DE-GF el órgano fiscalizador detectó faltantes por mil 851 millones 363 mil 369 pesos por concepto de Participaciones Federales a Estados.
De acuerdo con el dictamen, la ASF revisó una muestra de 8 mil 048 millones de pesos, que representó el 91.2 por ciento de los 8 mil 823 millones transferidos a Morelos.

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones locales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 859,765.1 miles de pesos, que representa el 10.6% de la muestra auditada”, estableció la auditoría.

Asimismo, existen 991,598.3 miles de pesos pendientes por aclarar; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019”, añadió la revisión.

La misma situación se presentó en el año 2021, cuando en la auditoría 2021-A-17000-19-1194-2022 se precisó que el Gobierno de Blanco dejó sin aclarar en qué bienes y servicios empleó un total de 302 millones 269 mil pesos que le fueron transferidos por la Federación.

Con base en la revisión, en el ejercicio de los recursos la Administración estatal infringió diversas normativas federales que van desde la Carta Magna hasta la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Y estatales como la Constitución Política, el Presupuesto de Egresos, las Leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Servicio Civil, sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo y de Obras Públicas.

Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 302,269.4 miles de pesos, que representa el 3.9% de la muestra auditada”, especificó el dictamen.

En 2022, destaca la auditoría 2022-A-17000-19-1248-2023 correspondiente también a las Participaciones que la Federación otorga a las entidades y cuyo monto no quedó aclarado, asciende a los 888 millones 018 mil pesos.

En donde el organismo auditor revisó una muestra de 8 mil 612 millones de pesos que representaron el 79.7 por ciento de los recursos que le fueron asignados al Gobierno estatal.

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 736,946.8 miles de pesos”, indicó el dictamen.

Y (asimismo) solicitudes de aclaración por 151,071.8 miles de pesos, que representaron el 10.3% de la muestra auditada”.

En cuanto a los Servicios de Salud, entre 2019 y 2022 según los datos de la ASF el probable daño a la Hacienda Pública es superior a los 328 millones 252 mil pesos. Mientras que en Educación tecnológica y de adultos el perjuicio fue por un importe de 51 millones 394 mil.

Las observaciones tienen en común que los recursos federales hayan sido transferidos a cuentas bancarias no identificadas y por tanto el destino de diversos montos es desconocido.

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SMN monitorea la evolución y trayectoria de las tormentas tropicales Karina y Lowell

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la presencia y evolución simultánea de las tormentas tropicales Karina y Lowell en aguas del Océano Pacífico. Ambos fenómenos climáticos están siendo monitoreados de cerca por las autoridades federales para determinar su posible impacto en las costas del territorio nacional.

De acuerdo con los reportes técnicos emitidos por la dependencia, las formaciones ciclónicas se desplazan mar adentro, generando nubosidad importante y desprendimientos nubosos que podrían ocasionar lluvias de moderadas a fuertes en los estados del occidente y sur del país. El organismo exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales.

Las capitanías de puerto de las entidades costeras fueron alertadas sobre el incremento en el oleaje y las rachas de viento provocadas por la cercación relativa de estos sistemas. Se recomendó extremar precauciones a la navegación menor y a las embarcaciones turísticas que operan en la franja costera del Pacífico.

Pese a que hasta el momento ninguna de las dos tormentas representa un peligro inminente de impacto directo en tierra firme, el SMN advirtió que la interacción de estos sistemas con canales de baja presión podría propiciar precipitaciones pluviales intensas en diversas regiones del país, con riesgo de encharcamientos e incremento en niveles de ríos.

Las autoridades de protección civil federales y estatales se mantienen en situación de vigilancia permanente para activar los protocolos preventivos en caso de que alguno de los fenómenos modifique drásticamente su trayectoria o adquiera mayor fuerza en los próximos días.

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Encabeza consorcio de Carlos Slim millonaria licitación para construir tramo clave del tren de pasajeros y vialidades

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El conglomerado empresarial liderado por el magnate mexicano Carlos Slim, a través de las firmas Operadora Cicsa y FCC Construcción, resultó ganador de una de las licitaciones de infraestructura más importantes del país. El proyecto contempla una inversión superior a los 31 mil millones de pesos destinados a la conectividad, caminos y modernización ferroviaria.

El ambicioso plan de desarrollo incluye la construcción y gestión de más de 100 kilómetros de caminos, 40 puentes y 9 viaductos dentro de una ruta estratégica nacional, formando parte fundamental del programa federal para la reactivación de los trenes de pasajeros —específicamente en el tramo que comprende la ruta Saltillo-Nuevo Laredo—. Las empresas de Slim obtuvieron la puntuación más alta tras competir con otros gigantes de la construcción.

De acuerdo con el calendario oficial proporcionado por las autoridades de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), los trabajos físicos en campo darán inicio a finales del mes de septiembre. La ejecución de esta compleja obra tendrá un plazo estimado de 960 días naturales, movilizando una vasta cadena de suministro y generando miles de empleos directos e indirectos en la región norte de México.

El proceso de adjudicación cumplió con los lineamientos de revisión y transparencia exigidos para obras de gran envergadura, superando los filtros en los que participaron otras compañías de amplia trayectoria en infraestructura urbana y federal. Con este contrato, el corporativo reafirma su papel protagónico en la ejecución de los proyectos prioritarios de conectividad del país.

La obra promete transformar radicalmente el comercio, el tránsito vehicular y el transporte de pasajeros, consolidando corredores logísticos más eficientes y seguros. Las autoridades federales vigilarán el cumplimiento estricto de los tiempos de entrega y los estándares de calidad establecidos en el contrato multimillonario.

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Sheinbaum envía iniciativa sobre renuncia a la doble nacionalidad para aspirantes a la presidencia

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Propone la presidenta Sheinbaum iniciativa para exigir nacionalidad única a aspirantes presidenciales

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió formalmente al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional orientada a regular los requisitos para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. El proyecto establece de manera explícita la obligatoriedad de renunciar a cualquier otra nacionalidad en caso de contar con doble ciudadanía.

De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta presidencial, la medida busca garantizar absoluta lealtad a la nación y evitar posibles conflictos de interés o lealtades divididas en el ejercicio del más alto cargo público del país. La iniciativa plantea modificar diversos artículos constitucionales para blindar los puestos clave de toma de decisiones soberanas.

El documento detalla que las personas que posean doble nacionalidad desde su nacimiento o por naturalización deberán realizar los trámites legales correspondientes de renuncia previa antes de registrarse formalmente como candidatos a la presidencia de la república. Con ello se pretende homologar criterios de elegibilidad bajo un principio estricto de soberanía nacional.

La propuesta generó inmediatas reacciones y debates al interior de las distintas bancadas parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión. Mientras algunos sectores respaldan la medida como un acto de congruencia patriótica, legisladores de oposición han anunciado que analizarán a detalle el impacto de la reforma en los derechos políticos de los ciudadanos.

Se espera que en los próximos días comiencen las discusiones formales en comisiones unidas para dictaminar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal. El proceso legislativo requerirá de consensos calificados debido a su naturaleza de carácter constitucional.

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