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Eduardo Rivera pedirá a Pemex desviar ductos de San Pablo Xochimehuacan

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El gobierno federal debe «hacer su chamba» en el combate del robo de huachicol y huachigas para evitar hechos como la explosión en San Pablo Xochimehuacan, aseveró el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, quien pedirá desviar los ductos de zonas habitadas.

Así se pronunció el presidente municipal ante el señalamiento de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por omisión en la atención de la toma clandestina de gas LP que provocó la muerte de cinco personas, una en el incidente y el resto durante su atención en hospitales locales.

La CNDH también indicó que el ayuntamiento de Puebla es responsable por permitir el crecimiento irregular de 23 colonias que en están instaladas sobre ductos de hidrocarburo, principalmente al norte de la capital poblana.

Es por esto que el edil poblano propondrá a Pemex la posibilidad de desviar los ductos de hidrocarburo de las zonas que estén habitadas, a pesar que muchas de las viviendas de esta junta auxiliar están sobre predios irregulares.

Sin embargo, consideró que es un tema complejo al no poder retirar a las personas de esta zona, a pesar de que no deben construir ningún tipo de infraestructura en zonas de alto riesgo que incluso están señalizadas con los postes de advertencia.

El alcalde aseguró que, a pesar de ser un problema que heredó la administración pasada encabezada por la morenista Claudia Rivera Vivanco, y que por décadas persiste en la zona norte de la capital poblana, fue atendido a los 15 días de estar al frente del Ayuntamiento de Puebla.

«Pudimos no aceptar esta recomendación, pero tenemos que ser un gobierno sensible en donde se trabaje con Pemex en un plan de verificación de manera puntual en la zona de riesgo que representa la zona norte de la ciudad y hacer el censo de personas afectadas», comentó.

Rivera Pérez insistió que atenderá la recomendación de la CNDH y actuará dentro de sus capacidades y competencias para salvaguardar a las personas, mientras que el gobierno federal debe atender el robo de hidrocarburos.

La CNDH emitió la recomendación 169/2023 tanto a Petroleros Mexicanos como al Ayuntamiento de Puebla por omitir acciones coordinadas para garantizar la vida de los habitantes de la junta auxiliar San Pablo Xochinehuacan por la explosión de una toma clandestina que afectó a más de 265 personas.

En la misma recomendación apuntó a ambas autoridades como responsables de las consecuencias de la explosión por la extracción ilegal de gas, y por no poner en marcha acciones preventivas para evitar riesgos futuros, como la regulación de predios. (JC)

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Puebla invierte 42 millones de pesos en hospitales itinerantes para descentralizar la atención médica

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Con el firme propósito de democratizar los servicios de salud especializados, el Gobierno del Estado de Puebla anunció la puesta en marcha de hospitales itinerantes mediante una inversión pública de 42 millones de pesos. El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que el equipamiento de estas unidades médicas se concretó gracias a ejercicios de disciplina financiera, esquemas de ahorro presupuestal y la erradicación de malas prácticas en el uso de los recursos públicos.

Estas unidades médicas móviles operarán como una estrategia complementaria al esquema prestado por el IMSS-Bienestar, facilitando intervenciones de especialidad en zonas alejadas. Cada módulo de hospital itinerante cuenta con dos quirófanos habilitados para ejecutar cirugías de bajo riesgo directamente en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Negra, Sierra Nororiental, la Mixteca y la zona conurbada, lo que evitará que los pacientes deban desplazarse hacia la capital para recibir atención.

El programa priorizará la prevención y el tratamiento de padecimientos de alto impacto entre la población vulnerable. Entre las líneas de atención destacan las revisiones especializadas para mujeres enfocadas en la detección y combate del cáncer de mama y cervicouterino, además del tratamiento integral de afecciones gastrointestinales. La operatividad se articulará entre la Secretaría de Salud estatal, el Sistema Estatal DIF y la federación.

El mandatario enfatizó que el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria responde a la reestructuración de las finanzas estatales. En ese sentido, ejemplificó que la cancelación y renegociación de esquemas de deuda heredados —como el del Museo Internacional del Barroco— generó un ahorro estimado de 8 mil millones de pesos proyectado al año 2039, liquidez que ahora permite fondear proyectos prioritarios para la salud pública de las familias poblanas.

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Pronostican parcialmente nublado y riesgo mínimo de contingencia pluvial en Puebla capital para este Miércoles

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Las autoridades del municipio de Puebla informaron que la capital registrará un ambiente parcialmente nublado durante este miércoles 23 de septiembre, acompañado por un margen sumamente bajo de precipitaciones. De acuerdo con los reportes del pronóstico meteorológico oficial, la probabilidad de lluvia se mantiene en un reducido 15 por ciento, previendo acumulados pluviales que no superarán los 5 milímetros.

En cuanto a las condiciones térmicas y eólicas, se prevé una jornada cálida con una temperatura máxima que alcanzará los 27 grados Celsius, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 14 grados. Los vientos marcharán a velocidades moderadas, oscilando entre los 10 y los 23 kilómetros por hora, sin que al arranque de la mañana se detectaran celdas de tormenta de consideración sobre el área metropolitana.

Paralelamente, la red de monitoreo de los cursos de agua locales reporta una condición de estabilidad absoluta. Los principales afluentes de la Angelópolis, tales como los ríos Alseseca, Atoyac y San Francisco (a la altura de Mayorazgo), se ubican al 10 por ciento de su capacidad. En tanto, las infraestructuras de contención como los vasos reguladores Puente Negro y Santuario se mantienen a un 5 por ciento de su nivel de almacenamiento, colocándose en Alerta Verde o riesgo mínimo.

A pesar del escenario favorable y la ausencia de amenaza inmediata de desbordamientos, las dependencias municipales exhortaron a la ciudadanía a no tirar basura en las vialidades. Mantener despejados los sistemas de alcantarillado y drenaje continúa siendo la medida preventiva fundamental para evitar eventuales encharcamientos en caso de variaciones del clima.

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¿Por qué el asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos encuadra como feminicidio?

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El privar de la vida a la estudiante de intercambio académica Claudia Tacoronte Aguilera en el estado de Morelos ha reabierto un profundo debate institucional sobre la correcta tipificación del delito. A pesar de que las primeras hipótesis apuntaban a un intento de robo de sus pertenencias en Cuautla, analistas jurídicos y activistas remarcan que la investigación bajo la perspectiva de género resulta indispensable, en apego a los marcos normativos vigentes y los protocolos obligatorios para muertes violentas de mujeres.

En el plano legal mexicano, la jurisprudencia establece que todo asesinato de una mujer debe investigarse de origen como un probable feminicidio para determinar la presencia de razones de género. Entre los criterios contemplados en el Código Penal se destacan la exposición del cuerpo en la vía pública, la inflictación de lesiones infamantes o degradantes y las condiciones de indefensión de la víctima. En el caso de Claudia, la saña del ataque y la presencia de heridas clasificadas como infamantes por peritos justifican que la Fiscalía de Morelos sustente la imputación bajo la vertiente más severa del tipo penal.

El caso cobra mayor relevancia al enmarcarse dentro de una severa crisis de seguridad en el ámbito universitario de Morelos. La joven de 21 años representa la cuarta estudiante vinculada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en un periodo de solo siete meses, un antecedente alarmante que refleja un entorno de vulnerabilidad sistemática e inseguridad estructural para las mujeres en la región.

Por ello, analistas afirman que catalogar el hecho como un simple homicidio derivado de un delito patrimonial invisibilizaría la violencia sistémica ejercida contra las mujeres. La clasificación como feminicidio —por la cual las autoridades buscan aplicar la pena máxima de hasta 70 años de prisión contra el imputado— imputa responsabilidad no solo al agresor, sino que exige rendición de cuentas a las instituciones responsables de garantizar la prevención y la seguridad de la ciudadanía.

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