El próximo jueves 24 de febrero, un juez federal llevará a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo que solicitaron las organizaciones sociales Puebla Vigila A.C. y el Barzón Poblano para evitar que el ayuntamiento de Puebla retire más bolardos, debido a que son un instrumento que ayuda a minimizar los siniestros viales.

Así lo informó Gerardo López Ramírez, presidente del Barzón Poblano, quien explicó que gracias a las modificaciones constitucionales al artículo 4 de la Carta Magna, el derecho a la movilidad segura es un derecho que las autoridades de todos los niveles deben garantizar y bajo ese criterio es que interpusieron el amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito mismo que ya fue aceptado el pasado 4 de diciembre del 2021.
Comentó que después de que ingresara el amparo, el juez pidió al gobierno municipal de Puebla un informe justificado sobre el retiro de bolardos en el municipio de Puebla, que respondió el 11 de enero del presente año e hizo llegar al juez y a las organizaciones. El Ayuntamiento de Puebla señaló que la colocación de los bolardos “no fue la adecuada y que no cumplían con la norma técnica”.

“El amparo ya está siendo analizado por el juez federal. Como todo juicio, tiene una etapa inicial que es que sea admitido; le sigue el informe justificado, es decir, el juez federal le pregunta a la autoridad responsable -en este caso a la presidencia municipal- qué es lo que está pasando. Cuando el ayuntamiento presenta su informe justificado nosotros respondemos a ese informe, porque no acredita ningún proyecto que garantice la movilidad en nuestra ciudad”, apuntó.

López Ramírez señaló que en ningún momento les fue negado el amparo a las organizaciones , como lo dijo el alcalde Eduardo Rivera Pérez, pues al tratarse de un acto consumado ya existía un precedente de que se estaban violando los derechos a la movilidad segura, por lo que, como etapa final se celebrará la audiencia para determinar si hubo o no alguna violación.
Apuntó que espera que la sentencia pueda venir en dos sentidos: primero, que le ordene al gobierno municipal que deje de quitar bolardos y que deje de hacer algún tipo de modificación a la infraestructura hasta que tenga un plan estratégico. Y que el juez pueda revisar con los equipos técnicos que tiene el Consejo de la Judicatura Federal si es viable y si su plan de infraestructura municipal está acorde al derecho a la movilidad.

“Estamos firmes como organizaciones defensoras de derechos humanos, que se debe combatir cualquier injusticia, cualquier violación a la Constitución; debe combatirse en todas las trincheras y tenemos la certeza jurídica que tenemos la razón. Al ser el primer amparo en materia de movilidad en todo el país no hay criterios, no hay precedentes. Creemos que los juzgados están analizando, viendo cómo construir un fallo en favor de los derechos humanos y estamos seguros que los jueces en un sentido progresivo van a fallar a nuestro a favor”, expuso.

El pasado 20 de enero, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez señaló que era respetuoso de que grupos y activistas se ampararan ante el Juzgado Cuarto para impedir que el Ayuntamiento de Puebla quitará más bolardos, además de que no había inconveniente en que la autoridad revisará e investigará el tema.
«Si presentaron otro amparo sobre el tema de los bolardos o por el cualquier otro tema de movilidad, están en su derecho. No tengo ningún problema con los ciudadanos y los colectivos y cualquiera tiene el derecho de quejarse ante los actos de autoridad. Nosotros estaremos cuidando que nuestros actos de gobierno estén siempre pensando en el interés social ciudadano y apegados a derecho», recalcó aquel día.