El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, dio inicio formal a la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Puebla (FILIP) 2026. Este evento cultural, que se llevará a cabo del 14 al 23 de agosto, busca consolidar a la capital poblana como un referente literario tanto a nivel nacional como internacional.

Durante el acto inaugural, el alcalde Chedraui y la titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP), Anel Nochebuena, recorrieron las instalaciones habilitadas en el Zócalo de la ciudad. Se anunció que la feria contará con tres sedes principales: el Zócalo, el Teatro de la Ciudad y la Capilla del Arte UDLAP, garantizando el acceso a actividades para toda la familia.

La oferta cultural de este año incluye más de 300 actividades, entre las que destacan presentaciones editoriales, talleres musicales, funciones de teatro y sesiones de cuentacuentos. La participación de más de 100 casas editoriales, provenientes tanto de México como del extranjero, reafirma el éxito y crecimiento de esta fiesta de las letras en comparación con años anteriores.

Un aspecto relevante de esta edición es la invitación especial a España, país que contará con un «Pabellón Iberoamericano» en conjunto con Cuba, Perú y Guatemala. Esta colaboración resalta la designación de Puebla como Capital Americana de la Cultura 2026, fortaleciendo la vinculación internacional a través del arte y el pensamiento.

La FILIP 2026 no solo se enfoca en el centro de la ciudad, sino que, a través de la organización Cultura Lectora A.C., busca llevar la programación a juntas auxiliares y nodos culturales. Con ello, se pretende fomentar el hábito de la lectura y estrechar la relación con nuevos públicos, asegurando que el impacto de la feria trascienda los límites del primer cuadro.

Por Redacción

Como parte central de las estrategias de infraestructura y movilidad para este año, el Gobierno del Estado dio inicio formal a las obras de modernización y pavimentación del Bulevar Clavijero, un tramo estratégico que conecta la carretera federal Puebla-Tehuacán con la lateral del Periférico Ecológico. La intervención contempla una superficie equivalente a más de 80 calles, con el propósito de mejorar los tiempos de traslado y dignificar la conectividad en la zona oriental de la capital poblana.

Durante el arranque de los trabajos ante vecinos y habitantes de la región, autoridades estatales destacaron que este proyecto forma parte de un paquete prioritario de pavimentación que busca intervenir decenas de vialidades principales en beneficio directo de más de 90 mil personas. Además de la obra asfáltica, la administración estatal ha implementado acciones complementarias de apoyo social y abastecimiento de servicios básicos en las colonias aledañas para atender demandas históricas de la comunidad.

La ejecución de esta obra se suma a una intensa agenda de desarrollo metropolitano y participación ciudadana que busca equilibrar el crecimiento de la infraestructura vial con el bienestar social. Con ello, el gobierno estatal refrenda su compromiso de atender las zonas con mayor densidad poblacional, dotando a los municipios de vías más seguras, eficientes y duraderas que respondan al dinamismo diario de la zona metropolitana de Puebla.

Con el objetivo de transformar el abordaje jurídico frente a uno de los delitos más lacerantes de la actualidad, la diputada Leonela Martínez Ayala, representante del partido Nueva Alianza, presentó formalmente ante el Congreso del Estado de Puebla una iniciativa de reforma clave. La propuesta busca establecer medidas contundentes para evitar la criminalización de personas que, siendo víctimas de trata, son obligadas a cometer delitos bajo un esquema de sometimiento, violencia o coacción por parte de sus explotadores.

La legisladora enfatizó que, en la dinámica de la trata de personas, los tratantes utilizan frecuentemente el miedo, la amenaza y el control absoluto para obligar a sus víctimas a participar en actividades ilícitas. Ante esta realidad, la iniciativa plantea que las autoridades judiciales y ministeriales tengan la obligación de realizar una valoración profunda sobre las condiciones en las que ocurrieron los hechos, diferenciando claramente entre quienes actúan por voluntad propia y aquellas personas que son utilizadas como instrumentos del crimen debido a su situación de vulnerabilidad extrema.

Este proyecto legislativo llega en un momento crítico para la entidad, donde las instituciones han intensificado los esfuerzos contra este fenómeno. Apenas el mes pasado, se destacó la articulación de una Alianza Estatal para la Prevención de la Trata de Personas, así como convenios de colaboración con organizaciones civiles como ANTHUS A.C. para fortalecer los mecanismos de protección y atención especializada. La propuesta de Martínez Ayala se alinea con estos esfuerzos, buscando que el marco jurídico sea capaz de reconocer la perspectiva de género y el contexto estructural de la explotación humana en los procesos penales.

Al justificar su propuesta, la diputada Martínez Ayala subrayó que el Estado no puede tratar automáticamente como responsables a quienes ya han sido víctimas de una violación grave a sus derechos fundamentales. Según la iniciativa, reconocer este contexto de control permitiría que el sistema de justicia actúe como una red de protección, priorizando la atención a la víctima sobre la sanción penal en aquellos casos donde quede acreditado el uso de la coacción. Con este paso, el Congreso de Puebla abre el debate sobre la necesidad de actualizar el Código Penal para garantizar una justicia que no re victimice a quienes han sido sometidas bajo redes de explotación.