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Conacyt y apoyo para el campo desaparecen; diputados legislan en fast track

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En una jornada de 24 horas, la 4T en la Cámara de Diputados desapareció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y lo sustituyó por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

La nueva ley prioriza a los investigadores de universidades públicas para otorgar becas. Fue avalada con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones pese al llamado de científicos para no apresurarla. Se envió al Senado.

Diputados de oposición criticaron que la reforma contempla la centralización y control de los proyectos de investigación y promociona un adoctrinamiento de la ciencia.

Aunque el nuevo organismo tendrá autonomía técnica y de gestión, la reforma no obliga al gobierno a asignarle una inversión progresiva anual.

En otro albazo, Morena y sus aliados extinguieron a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

El argumento fue que este organismo descentralizado no contribuía más al desarrollo del campo y se había convertido en un espacio de deuda y de “reciclaje del dinero público hacia el privado”. El petista Benjamín Robles aseguró que los beneficiarios de los créditos devolvían “nada o muy poco” al Estado.

La oposición criticó que la propuesta haya salido adelante violentando el proceso legislativo.

Aprobadas ayer:

Que la SFP sea juez y parte en compras.
Destinar dinero del turismo a obras prioritarias.
Penas más severas contra los montadeudas vía app.
Congeladas:

Bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Reforma al 33 constitucional para que extranjeros puedan hablar de política.

Concretan la desaparición del Conacyt

Lo sustituirá el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; dará prioridad a becas para los investigadores de universidades públicas.

Por Ximena Mejía

El bloque oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y crear en su lugar el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).

Con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, la mayoría parlamentaria en la Cámara baja se impuso, pese al llamado de miembros de la comunidad científica y de la oposición por no apresurar su discusión de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que desaparece al Conacyt.

La ley aprobada, y que aún debe pasar por la ratificación en el Senado, prevé que en la asignación de becas se priorizará a investigadores de universidades públicas.

Durante el debate de la jornada maratónica de 24 horas, diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano criticaron que la reforma contempla la centralización y control de los proyectos de investigación.

La oposición en San Lázaro manifestó que se atenta contra la libertad de investigación y se promociona un adoctrinamiento de la ciencia por parte de Morena.

El diputado del PAN, y exdirector del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, acusó a Morena y sus aliados de desperdiciar una oportunidad de consenso con la comunidad científica para generar una Ley de Ciencia que realmente impulsara la innovación. Visualizó una serie de futuros litigios en la materia.

“Una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual, los centros públicos, no puede ser el proyecto al que estamos esperando”, expresó.

La diputada por el PRI, Cynthia López Castro, acusó al bloque mayoritario de aprobar una Ley que viola la libertad de investigación.

“Es vergonzoso que lo único que pedía la comunidad científica es que se le dieran el 1% del presupuesto y ni eso pudieron darle”, señaló la legisladora a tribuna.

Su compañero de bancada, Brasil Acosta Peña hizo un llamado a la comunidad científica a hacer un frente a favor de la ciencia, luego de que se acusara por parte de la oposición de que el proyecto no pasó por el debido proceso.

La diputada del PRD, Olga Luz Espinosa, señaló a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, promotora de la ley, de impulsar el conflicto de intereses al integrar al sistema nacional de investigadores a su mamá y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

En favor del dictamen, la diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel, aseguró que el dictamen destaca que el dictamen reivindica el carácter humanista y el quehacer científico y tecnológico.

Contrario a la queja de la comunidad científica, la petista dijo que se escuchó a las minorías argumentando que hubo 276 modificaciones, incluso, aseguró que tuvo el consenso de la comunidad. Minimizó la postura en contra de la oposición y advirtió que, como grupo mayoritario harán uso de sus votos.

El director del nuevo organismo sería designado por el titular del Ejecutivo y los recursos destinados al fomento de actividades en la materia se entregarán sin intermediarios.

Diputados ponen fin a la Financiera Rural

Argumentan Morena y aliados que el organismo ya no contribuía más al desarrollo del campo y además tiene una elevada cartera vencida de créditos.

Por Ivonne Melgar

La mayoría de Morena y sus aliados concretaron la mañana de este miércoles la iniciativa presidencial que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, abrogando su Ley Orgánica.

El dictamen, enviado a los senadores para continuar con el proceso legislativo, fue aprobado con 254 votos de representantes de Morena, PT y PVEM, mientras la oposición sumó 209 en contra.

El argumento de la mayoría es que el este organismo descentralizado no contribuía más al desarrollo del campo y se había convertido en un espacio de deuda y de “reciclaje del dinero público hacia el privado”, de acuerdo con las palabras del diputado Benjamín Robles Montoya (PT).

Según el legislador petista, los beneficiarios de los créditos devolvían “nada o muy poco” al Estado.

Ejemplificó Robles Montoya que “10 de sus clientes concentran el 50 por ciento del total de la cartera vencida”. Y que, en el 2021, “colocaron un total de 48 mil millones de pesos, de los cuales 21 mil 500 se los pasaron a los intermediarios ¡Vaya negocio!”.

Por Morena, la diputada Paola Tenorio Adame sostuvo que la Financiera presenta un grave desequilibrio financiero y una cartera vencida de 8 mil 454 millones de pesos, porque en su administración faltó eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, por lo que su extinción resultaba necesaria. “Los créditos no eran para impulsar el desarrollo agrario, sino para el compadre, el amigo y el aliado, a cambio de una cuota”, resumió.

Elaborado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo y Conservación Rural, y de Ganadería, el dictamen experimentó sólo un cambio, a propuesta del jefe de la mayoría de Morena, Ignacio Mier Velazco, para que se aclarara que las personas trabajadoras jubiladas y pensionadas del Sistema Rural continuarán a cargo del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, operado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y no afectarán los derechos adquiridos por la entrada en vigor del presente decreto.

La extinción y liquidación quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y habrá de realizarse en un plazo de 180 días, una vez que entre en vigor el decreto.

Se precisa que ese proceso estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual tendrá amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; además, suscribir u otorgar títulos de crédito, y realizar cualquier acción que coadyuve a una eficiente liquidación.

En representación del PAN, el diputado Salvador Alcántar Ortega criticó la falta de cobranza anual que se dio en el actual sexenio, porque mientras en 2017 era del 95.9% 2021 fue de 89.3%.

Por su parte, el diputado del PRI y ex dirigente del sector campesino de ese partido, Augusto Gómez Villanueva, preguntó: “¿Quién es el responsable de que la Financiera se encuentre en la situación actual?”. Y reiteró su advertencia de que esta desaparición pondrá “a los campesinos en manos de los traficantes de drogas”.

Nacional

EU acusa a gobernador Rocha Moya de narcotráfico; lo señalan de proteger a «Los Chapitos»

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El ⁠Departamento de ⁠Justicia (DOJ, ⁠por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el gobernador ⁠del estado ​mexicano Sinaloa, Rubén ⁠Rocha, y otros funcionarios y ex funcionarios, ‌por su ‌presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

El ​DOJ afirmó que ​Rocha ​y los demás ‌señalados presuntamente conspiraron con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de ‌apoyo político y sobornos.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, señala el comunicado.

Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia EU.

El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Los otros nueve acusados

Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.

Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.

Esta acusación se suma a una serie presentada desde 2023 en el mismo distrito, que suman en total más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.

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Líneas telefónicas serán suspendidas en México si no son registradas

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El uso del teléfono celular en México ya no será completamente anónimo. Desde inicios de 2026, entró en vigor una disposición que obliga a los usuarios a relacionar su número móvil con datos oficiales de identidad, una medida que ha generado dudas entre la población sobre su funcionamiento y posibles implicaciones.

La nueva regla, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, establece que todas las líneas —ya sean de prepago o pospago— deben estar vinculadas a una persona física o moral. El registro se realiza mediante información como nombre completo, identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP), un documento básico en trámites gubernamentales.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el objetivo es reducir delitos como extorsión y fraudes telefónicos, los cuales suelen aprovechar el anonimato de las líneas no registradas. Al asociar cada número con una identidad verificable, se busca facilitar el rastreo de llamadas y reforzar las investigaciones en caso de denuncias.

Para que los usuarios puedan tener control sobre esta información, la propia comisión habilitó un sistema de consulta. A través de su portal, cualquier persona puede revisar cuántas líneas están registradas con su CURP. El proceso incluye ingresar a la plataforma oficial, seleccionar la compañía telefónica correspondiente y proporcionar la clave personal. Una vez completados los pasos, el sistema muestra un listado con los números asociados.

Este mecanismo también permite detectar posibles irregularidades. En caso de encontrar líneas desconocidas, los usuarios tienen la opción de reportarlas o solicitar su cancelación directamente con su operador, lo que añade una capa de protección frente a usos indebidos de identidad.

El cumplimiento de este trámite tiene una fecha límite: 30 de junio de 2026. Quienes no realicen el registro dentro del plazo establecido enfrentarán la suspensión de su línea, quedando habilitadas únicamente las llamadas de emergencia. Para recuperar el servicio completo, será necesario completar el proceso de vinculación.

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Pactan precio del diésel a 27 pesos litro en México

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El precio del diésel en México disminuirá a 27 pesos el litro a partir de la próxima semana, luego que dueños de dueños de gasolineras de todo el país lo acordaron con el gobierno de México.

Esto lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales con un video: “a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”.

La medida ocurrió el mimo día en que se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para reducir las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales.

Topes a precios de combustibles en México
Dese el 1 de abril de este año el gobierno federal y empresarios gasolineros pusieron un tope a los precios de combustibles en el país, principalmente a la gasolina magna y al diésel, que quedaron en 24 pesos litro y 28.5 pesos litro, respectivamente.

Ahora el diésel en todo México pasará a costar solamente 27 pesos por litro y será a partir de la siguiente semana cuando se comiencen a ajustar las gasolineras de todo el país a esta nueva medida.

La decisión de topar los precios de los combustibles en México se dio por la subida global e el precio del petróleo, derivado del cierre del estrecho de Ormuz, primero por el gobierno de Irán, como respuesta a los ataques infundados de la administración de Donald Trump, por presiones del Estado ilegítimo de Israel.

“En la medida en que escasea algo, su precio sube”, advirtió Manuel José Molano Ruiz, académico del Departamento de Economía de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien señaló las presiones sobre el estrecho de Ormuz provocaron que las fuentes de petróleo más barato salgan del mercado, obligando a compradores a recurrir a opciones más costosas.

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