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Analizará LXI Legislatura establecer mecanismos y acciones ante muerte fetal

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En sesión de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado se dio lectura y trámite a la iniciativa de decreto para reformar los artículos 56, 57, 59 y 60; adicionar el artículo 56 Bis a la Ley Estatal de Salud; y reformar el artículo 265 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para establecer acciones ante la muerte fetal.

La iniciativa fue presentada por la diputada Aurora Sierra Rodríguez quien dijo que la propuesta tiene la intención de establecer mecanismos de acción integral y multidisciplinaria cuando se suscite la muerte fetal o perinatal, para que se implementen salas de lactancia para las madres que han perdido a sus hijos y se brinden días de luto a los padres.

Parte de la iniciativa quedará de la siguiente manera: “En casos de muerte fetal o perinatal, las mujeres tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación necesaria tanto de los procesos de inhibición fisio o farmacológica de la lactancia como de los correspondientes a la donación de leche humana”

La iniciativa fue turnada a la Comisiones Unidas de Salud y Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su análisis y resolución procedente.

En otro momento de la sesión la diputada Patricia Valencia Ávila propuso reformas a la fracción XVII; y se adicionan la fracción XVIII al artículo 3 y las fracciones XX y XXI al artículo 5 de la la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para definir e incorporar los principios de mínima intervención y no revictimización en los procedimientos judiciales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su análisis y resolución procedente.

La Mesa Directiva también dio cuenta de los siguientes asuntos:
Iniciativa de la diputada Guadalupe Yamak Taja quien propuso reformas para establecer que aquellos que abandonen a una persona y se encuentren trabajando en un establecimiento público o privado que preste servicios a grupos vulnerables se les deberá suspender en el ejercicio de su empleo hasta por dos años.

Fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Iniciativa del diputado Jorge Estefan Chidiac quien propuso reformas a la Ley de Educación Inicial del Estado para garantizar el óptimo desarrollo de las niñas y niños, mediante la atención debida a los primeros años de formación de la niñez poblana, fue turnada a la Comisión de Educación.

Iniciativa del diputado Néstor Camarillo Medina quién propuso reformas la Ley de Seguridad Integral Escolar para dar prioridad al respeto y tolerancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y que cualquier tipo de violencia escolar se reporte a personal escolar y en caso de omisiones se apliquen las sanciones correspondientes, fue turnada a la Comisión de Educación.

En Asuntos Generales, la diputada Nora Merino Escamilla, presentó un punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Puebla para que dé a conocer los avances de las investigaciones en contra de dos elementos de la Policía Municipal por la comisión de un delito, el dictamen fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales.

También dio cuenta de un exhorto propuesto por la diputada Daniela Mier Bañuelos para establecer participaciones financieras para garantizar de los insumos necesarios a las mujeres en durante la menstruación, mismo que fue tinado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público y a la de Educación.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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