En el marco de la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la ministra presidenta de la Suprema Corte Justicia de la Nación, (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández afirmó que nunca se debe perder de vista la independencia de los jueces.
“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad”, expresó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Teatro de la República, en Querétaro.
Subrayó que, como Ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos y obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“Hoy, les invito a que trabajemos, hombro con hombro, por el bien de nuestro país, para dar ejemplo de que, en la unidad nacional, somos dignos herederos de nuestra historia. La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental, como lo expresara Mariano Otero.
“Es el centro de gravedad donde convergen los fines y los entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser. De la Constitución emanan todas las leyes, en ella están plasmados nuestros derechos y libertades. En la Constitución ésta la organización y el funcionamiento de nuestra República. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento. Hagámoslo posible. Les aseguro a todos que cuentan con el Poder Judicial Federal”, remarcó.
Abundó que se deben evitar encuentros estériles, reuniones con bellos ejercicios de oratoria, para tras ello volver al escritorio con la falsa sensación de un deber cumplido. Tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución.
La ministra señaló que la Ley Suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona, en aras, precisamente, de la consecución de los fines del proyecto nacional y remarcó que la dignidad se construye día a día, con respeto entre los individuos, entre los poderes, e, incluso, entre las naciones.
La ministra presidenta detalló que, para hacer frente a esta enorme deuda histórica, el rol de quienes imparten justicia resulta crucial.
“Así lo asumo, así lo asumimos… nuestra principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia, viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.
“Conforme al paradigma de la centralidad de los derechos humanos, el Poder Judicial —guiado por la Constitución— no sólo resuelve las controversias, no solo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social”, expuso.
Piña Hernández destacó que no es accidental que en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté grabado el apotegma: somos siervos de la ley suprema para poder ser libres.
“Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley, pero nuestra función no se limita a una aplicación formal.
“Por mandato constitucional, la impartición de justicia exige también interpretar atendiendo a los valores y principios inmersos en las normas. Esta importantísima labor, la realizamos como seres sociales, insertos en una cultura política, con diversos perfiles éticos, que se proyectan inevitablemente en nuestra labor. La diversidad entre quienes impartimos justicia, no sólo es inevitable, es deseable”, sostuvo.
La ministra presidenta calificó como sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca perder de vista la independencia judicial de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República.
“Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla, de lo contrario, corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia”, puntualizó.
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