El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que durante los recientes bloqueos carreteros protagonizados por presuntos familiares de personas privadas de la libertad del penal de San Miguel, se detectó la presencia de individuos que portaban armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El mandatario estatal realizó este señalamiento tras los operativos desplegados por las autoridades de seguridad pública para liberar las vialidades afectadas en la capital poblana.

De acuerdo con las declaraciones del titular del Ejecutivo estatal, las labores de inteligencia y monitoreo permitieron identificar que la movilización no respondió únicamente a una demanda legítima de los familiares de los internos, sino que estuvo infiltrada y promovida por grupos con intereses ajenos al sistema penitenciario. Armenta subrayó que el uso de armamento reservado para el Ejército Mexicano evidencia la intención de generar desestabilización y confrontación con los cuerpos policiales.

Las protestas se originaron a raíz de los traslados y revisiones efectuadas al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, medidas implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el objetivo de recuperar el control institucional y combatir el autogobierno dentro del reclusorio. Ante estas acciones, grupos de manifestantes cerraron puntos estratégicos de circulación, provocando severas afectaciones viales durante varias horas.

El gobernador enfatizó que su administración mantendrá una postura firme contra cualquier intento de extorsión o presión violenta que busque frenar el saneamiento de los centros penitenciarios en la entidad. Asimismo, aseguró que se respetará en todo momento el derecho a la libre manifestación pacífica, pero advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes incurran en delitos federales como la portación ilegal de armas de fuego.

Finalmente, las autoridades estatales señalaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) y las instancias federales correspondientes ya cuentan con los elementos probatorios recopilados durante los bloqueos para integrar las carpetas de investigación. Con ello, se busca deslindar responsabilidades y proceder legalmente contra los autores materiales e intelectuales detrás de las agresiones y el cierre de las vías de comunicación.

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, denunció públicamente que la jornada de bloqueos que paralizó ocho puntos estratégicos de la Zona Metropolitana fue una acción coordinada y orquestada por un grupo de personas armadas y encapuchadas que presuntamente fueron contratadas por hora para hacerse pasar por familiares de internos.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que los manifestantes se negaron sistemáticamente a entablar mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y que su retiro se dio de manera sincronizada al concluir el tiempo por el cual habrían sido financiados, advirtiendo que las áreas de inteligencia ya tienen identificados a los autores intelectuales detrás de estas movilizaciones.

Ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades, cobros de piso y extorsiones al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, Armenta Mier anunció que se llevará a cabo una revisión profunda y exhaustiva en los centros penitenciarios del estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y corporaciones federales de inteligencia.

Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal confirmó que se solicitará el análisis de perfiles para concretar el traslado inmediato de internos de alta peligrosidad identificados por los inconformes, reiterando el compromiso de su administración para aplicar la ley y garantizar el orden público sin ceder ante presiones de grupos externos.

Habitantes de San Buenaventura Nealtican marcharon de forma pacífica portando veladoras y pancartas para exigir a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva y con perspectiva de género que permita esclarecer el feminicidio de Jaqueline, una adolescente de 13 años cuyo cuerpo fue localizado sin vida en una parcela de la región.

Miércoles, 11 de Noviembre de 2026

La indignación ciudadana se transformó en una movilización masiva este miércoles en el municipio de Nealtican. Con el parpadeo de cientos de veladoras en las manos y bajo una sola voz que coreaba consignas como “¡Justicia para Jaki!” y “¡Ni una menos!”, los pobladores salieron a las calles para manifestar su absoluto rechazo ante la creciente violencia que vulnera la integridad de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad poblana.

El hallazgo que conmocionó a la comunidad

Los hechos que detonaron la protesta ocurrieron el martes 10 de noviembre, alrededor de las 8:30 horas. El cuerpo de la menor, identificada con cariño por sus allegados como “Jaki”, fue localizado sin vida en el paraje conocido como La Frontera, ubicado dentro de la colonia Guadalupe Hidalgo.

De acuerdo con los reportes preliminares, fueron vecinos de la zona quienes descubrieron los restos de la adolescente de 13 años entre terrenos de cultivo. Ante la evidencia de aparentes huellas de violencia, se solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia y de las autoridades ministeriales competentes para asegurar el perímetro y dar inicio con los protocolos correspondientes.

Una marcha por la memoria y el acompañamiento

La movilización nocturna recorrió diversas calles del municipio con el propósito central de exigir respuestas claras a las instituciones de procuración de justicia, además de brindar un respaldo solidario y un acompañamiento entrañable a la familia de la víctima en este momento de profundo dolor.

Durante la manifestación, los habitantes leyeron un pronunciamiento ciudadano en el que hicieron un llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. Exigieron que la indagatoria se conduzca con rigor, absoluta transparencia y bajo una estricta perspectiva de género que agote todas las líneas de investigación posibles. Asimismo, exhortaron a cualquier persona que posea información relevante a colaborar de manera directa con las autoridades, garantizando la protección total de su identidad y seguridad.

La respuesta institucional y el reclamo de resultados

Si bien personal de la FGE se apersonó en el sitio del hallazgo para realizar las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo, hasta el momento las autoridades ministeriales no han reportado personas detenidas ni se han determinado públicamente las causas oficiales de la muerte de la menor.

La falta de información transparente sobre los avances de las indagatorias ha incrementado el malestar social. Por su parte, el Ayuntamiento de Nealtican emitió un comunicado oficial en el que expresó su solidaridad con los familiares y con la población en general, comprometiéndose a brindar acompañamiento psicológico y legal, además de colaborar estrechamente con las instancias estatales. No obstante, el pronunciamiento institucional se limitó a expresiones de respaldo moral, sin detallar acciones preventivas o de seguridad concretas que respondan al reclamo ciudadano.

La comunidad de Nealtican ha dejado en claro que el caso de Jaqueline no puede quedar en el olvido ni sumarse a las estadísticas de impunidad. Mientras las autoridades no ofrezcan respuestas firmes y resultados tangibles, los habitantes mantienen firme su exigencia de justicia para la adolescente y de garantías reales de seguridad para todas las niñas y mujeres del municipio.