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Sin control de confianza vigente así opera el 52% de la Guardia Nacional

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Uno de cada dos elementos de la Guardia Nacional no contaba con un esquema de evaluación de control de confianza aprobado vigente, lo anterior de acuerdo datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 31 de julio pasado.

El informe titulado “Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública”, publicado por el SESNSP, detalló que de un universo evaluable de 102,315 elementos, 48%, es decir, unos 49,112 miembros de la Guardia Nacional tenían el certificado aprobado vigente.

Cabe señalar que las pruebas de control de confianza se aplican tanto al personal activo como al de nuevo ingreso.

El mismo informe explicó que 100% de estos elementos de dicha corporación de seguridad ya fueron evaluados.

De manera general 63,435, dicho en otras palabras 62% aprobado, 3% aproximadamente unos 3,070 no fueron aprobados y 35% (35,810) se encuentra pendiente de resultados.

En comparación con otras instituciones de carácter federal, la Guardia Nacional se encuentra sólo por debajo, en cuanto a personal con control de confianza vigente, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

De las 6,703 personas evaluadas por el Centro Nacional de Certificación, y que forman parte del OADPRS, 32% se catalogó como aprobado vigente.

Unos 1,023 (1%) reprobó los exámenes y 2,046 seencuentran a la espera de su resultado.

En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), otra de las instituciones evaluadas, 11,842 elementos fueron examinados y se determinó que 82% (9,710) de los miembros es catalogado como personal aprobado vigente.

Mientras que en el Instituto Nacional de Migración (INM) se determinó que 85% de los 4,378 integrantes, que fueron el universo evaluable, se encuentra bajo la condición de aprobados vigentes.

En total, de las 124,505 personas adscritas a la GN, INM, FGR y el OADPRS que habían sido evaluadas al 31 de julio pasado, 52% (65,124) cuentan con un certificado vigente de aprobación.

De la cifra total de elementos evaluados de estas cuatro instituciones, 21,236 son considerados como altos mandos, de los cuales 59% (12,570) cuenta con su certificado vigente.

A su vez, de los 103,269 elementos considerados como operativos, 52,430 cuentan con su evaluación aprobada vigente, es decir, 51 por ciento.

Qué se evalúa
A través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación se evalúa a los elementos que participan en tareas de seguridad, tanto a nivel federal como estatal, a través de enfoques global y específicos; éstos últimos correspondientes al tipo de función del personal, así como contexto.

Es oportuno indicar que como parte del proceso para acreditar el control de confianza, se indagan los antecedentes de los elementos de seguridad.

“Para efectos prácticos y descriptivos, la evaluación de control de confianza se compone de cinco fases”.

Uno de ellos es el examen toxicológico, el cual se aplicará de forma sorpresiva y preponderantemente masiva a todo el personal de las Instituciones de seguridad pública.

La fase de Psicología profundizará en las características de personalidad, capacidades y competencias.

La prueba médica se orientará la historia clínica de acuerdo con la naturaleza de la función y se centrará en la detección de patologías.

En la etapa de investigación socioeconómica se identificarán riesgos en el entorno de los servidores públicos.

Por último está la fase de poligrafía, que es un proceso científico avalado internacionalmente que tiene como objetivo fortalecer los niveles de confiabilidad y seguridad que demanda la institución.

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La presidenta Claudia Sheinbaum exige investigar asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que se realicen todas las investigaciones sobre el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, conocido como «El Jaguar», ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan. La mandataria confirmó que su administración ya da seguimiento al caso en coordinación con el Gobierno de Puebla.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes desde Quintana Roo, Sheinbaum informó que conoció los hechos durante la reunión del Gabinete de Seguridad, donde recibió un reporte sobre el homicidio del también abogado y docente.

La titular del Ejecutivo señaló que existe comunicación permanente con el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien también instruyó el desarrollo de una investigación que considere todos los elementos relacionados con el crimen.

Además, la presidenta hizo referencia al video difundido en redes sociales tras el asesinato de Martínez Contreras. En esa grabación, el comunicador denunció presuntas amenazas por parte del presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, luego de cuestionar el manejo de recursos públicos y exigir transparencia a las autoridades.

En el mensaje, «El Jaguar» sostuvo que las presiones no modificarían su labor informativa y aseguró que continuaría trabajando por su comunidad. También rechazó acusaciones sobre un supuesto adeudo por el servicio de agua potable, para lo cual mostró comprobantes de pago con el fin de desmentir esos señalamientos.

Armenta pide denunciar amenazas
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la Fiscalía tomará en cuenta el contenido del video dentro de las indagatorias. Asimismo, precisó que el periodista no solicitó protección a las autoridades estatales antes del ataque y exhortó a las y los comunicadores a denunciar cualquier amenaza o acto de intimidación.

De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a Josué Martínez Contreras y le dispararon alrededor de las 08:00 horas del 16 de julio, a escasos metros de su domicilio en San Lucas Atoyatenco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan.

El periodista dirigía la página Noticias Texmelucan y combinaba esa actividad con su profesión como abogado y maestro.

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Detienen en México a exgobernador de Baja California acusado de contrabando de combustible

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Autoridades de seguridad de México detuvieron este jueves a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado fronterizo de Baja California, quien está acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.

La detención se produjo a partir de una investigación relacionada con “grandes operaciones” para contrabandear hidrocarburos presuntamente realizadas por una empresa fundada por Ruffo, dijo la FGR.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo el arresto en el municipio de Ensenada, agregó la institución.

Ruffo, de 74 años, es un político conocido en México. En 1989, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía en sus manos la presidencia y todos los gobiernos estatales, se convirtió en el primer gobernador de oposición tras ganar el cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Gobernó Baja California hasta 1995 y después ocupó otros cargos públicos, como senador y diputado federal. Antes, entre 1986 y 1989, fue alcalde de Ensenada.

Administrador de formación y empresario del sector pesquero, todos los puestos de elección popular que ha ganado los ha obtenido bajo las siglas del PAN. Milita en esa fuerza política desde 1985, según su semblanza publicada en el Sistema de Información Legislativa (SIL).

La detención de Ruffo se produce en medio de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo y contrabando de combustible, un delito popularmente conocido como “huachicol” y que representa pérdidas millonarias para las arcas públicas, según autoridades federales.

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Sheinbaum ordena revisar el caso de Brenda Quevedo, acusada en el caso Wallace

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La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el proceso judicial de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva cerca de dos décadas privada de la libertad y sin recibir una sentencia definitiva por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

Durante su conferencia matutina de este jueves 16 de julio, la mandataria anunció tres acciones para atender el caso: solicitar una revisión jurídica en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las áreas federales de derechos humanos; gestionar que la Fiscalía General de la República reciba a las abogadas de Quevedo Cruz, y hacer un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para analizar las posibles irregularidades y demoras en el proceso.
“Me comprometo a tres cosas”, expresó Sheinbaum al responder a un planteamiento sobre la situación jurídica de Brenda Quevedo. La presidenta señaló que las instituciones correspondientes deberán estudiar el expediente y escuchar directamente a su equipo de defensa.

¿Quién es Brenda Quevedo y por qué está detenida?

Brenda Quevedo Cruz fue acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, reportado como desaparecido en 2005. Fue detenida en Estados Unidos en noviembre de 2007 y posteriormente extraditada a México, donde quedó sujeta al proceso penal iniciado por el llamado caso Wallace.

Su defensa sostiene que no existen pruebas válidas que demuestren su participación y que la investigación se construyó a partir de declaraciones obtenidas mediante tortura. Quevedo también ha denunciado haber sufrido agresiones físicas, sexuales y psicológicas durante su reclusión.

En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que su privación de la libertad era arbitraria debido a violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgada en un plazo razonable. El organismo internacional pidió al Estado mexicano remediar su situación y garantizarle una reparació

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