• Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, propiedad de los empresarios Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, obtuvieron contratos millonarios con el Gobierno federal tras modificar su objeto social para ingresar al sector hidrocarburos.

MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) extendió sus investigaciones en torno a la red de huachicol fiscal ligada a la empresa Ingemar, poniendo bajo la mira a dos compañías socias: Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.

Ambas firmas, vinculadas a Ricardo Thompson Ramírez y a su hijo Ricardo Thompson Navarro —este último actualmente detenido junto al exgobernador Ernesto Ruffo—, recibieron en conjunto 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos entre 2019 y 2024, principalmente otorgados por la estatal Exportadora de Sal (ESSA).

Cambios de giro para entrar al negocio petrolero

De acuerdo con registros del Registro Público de Comercio, ninguna de las dos empresas nació enfocada en el sector energético, pero modificaron sus estatutos para incursionar en la industria de los combustibles:

• Servicios Portuarios: Fundada en 1993 como una compañía de desarrollo tecnológico, amplió su objeto social en noviembre de 2018 para almacenar, comercializar y transportar hidrocarburos y petrolíferos. A pesar de haber sido suspendida parcialmente del Padrón de Importadores en 2021 por incumplimientos normativos, continuó recibiendo adjudicaciones directas del Gobierno federal para el mantenimiento de remolcadores y equipo marítimo, sumando más de 48.8 millones de pesos.
• Dragados y Puertos: Constituida en 2009 para obras marítimas y de dragado, modificó su sociedad en febrero de 2022 para comercializar gasolinas y diésel de Pemex Refinación. La empresa obtuvo tres adjudicaciones directas de la Asipona Ensenada (SEMAR) por más de 554 mil pesos por servicios de batimetría y estudios técnicos.

Red empresarial bajo escrutinio judicial

Las investigaciones de las autoridades federales apuntan a que estas modificaciones estatutarias habrían permitido a la red empresarial beneficiarse de contratos públicos e incursionar en el mercado de petrolíferos, presuntamente ligado a operaciones ilícitas de hidrocarburos.

Actualmente, las autoridades avanzan en la definición de la situación jurídica de los implicados en el caso.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. — El Mando Unificado Oriente y las acciones coordinadas de la estrategia nacional de seguridad, como la Operación Enjambre, han permitido la detención de 60 personas —entre ellas servidores y exservidores públicos vinculados con grupos delictivos—, así como el aseguramiento e intervención de inmuebles en el Estado de México, según dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la presentación del informe de seguridad, el funcionario federal destacó que las intervenciones realizadas en 15 municipios prioritarios de la entidad mexiquense forman parte del modelo interinstitucional coordinado entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la policía estatal.

Resultados clave de la estrategia

• Aprehensiones y condenas: A través de la Operación Enjambre, orientada a desarticular redes de corrupción y complicidad institucional, se han concretado 60 detenciones y obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 exfuncionarios, incluidos alcaldes y directores de Seguridad Pública.
• Combate a delitos de alto impacto: Del 1 de octubre de 2024 al cierre de junio de 2026, la coordinación en el Estado de México ha posibilitado la detención de más de 3,300 personas ligadas a delitos de alto impacto.
• Cateos y decomisos: En municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz y Tecámac se ejecutaron múltiples órdenes de cateo e intervención de predios vinculados a células dedicate al robo de hidrocarburos, extorsión y homicidio, asegurando armas de fuego, miles de litros de gas LP, autotanques y sustancias ilícitas.

García Harfuch reafirmó que el fortalecimiento de las labores de inteligencia de campo, sumado al monitoreo del C5 estatal y el despliegue del Mando Unificado Oriente, continuará activo para neutralizar a los generadores de violencia en la región mexiquense.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un debate nacional que involucrará a especialistas, docentes y padres de familia para construir una iniciativa de ley que aborde el impacto de la tecnología en la niñez y juventud.

CIUDAD DE MÉXICO. — El Gobierno de México abrirá un proceso de consulta y debate nacional con el objetivo de definir la regulación del uso de teléfonos celulares, inteligencia artificial y redes sociales en los centros educativos de educación básica. La iniciativa busca proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo y el bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la medida no busca «regular por regular» ni demonizar las herramientas tecnológicas, sino alcanzar un consenso basado en evidencia científica sobre los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas, tales como la adicción digital, trastornos del sueño, afectaciones en la convivencia y ciberacoso.

Mes de análisis y foros regionales

Para nutrir la propuesta legislativa que se pretende presentar ante el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo federal desplegará una estrategia de socialización:

• Espacios informativos: Durante un mes, las conferencias de los lunes contarán con la participación de expertos en psicología, pedagogía y tecnología para abordar los efectos del uso prolongado de dispositivos.
• Mesas de trabajo: Se realizarán foros regionales entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), docentes, autoridades escolares, expertos académicos y padres de familia.
• Áreas de enfoque: La discusión incluirá parámetros de verificación de edad en plataformas, límites de tiempo de pantalla, ética en inteligencia artificial y programas de educación digital.

«No se trata de demonizar a las herramientas, sino de entender cómo se están integrando a la vida de las infancias y qué consecuencias tienen en su aprendizaje y salud. Queremos un acuerdo común para todo el país.»

— Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

Antecedentes y panorama en México

Actualmente, 16 estados de la República Mexicana ya cuentan con restricciones o prohibiciones locales respecto al uso de teléfonos móviles en aulas de educación básica. Sin embargo, la intención del Gobierno Federal es armonizar los criterios a nivel nacional y establecer lineamientos claros para la comunidad escolar.

La medida se alinea con una tendencia internacional documentada por organismos como la UNESCO, donde más de 100 sistemas educativos en el mundo han adoptado políticas de restricción de dispositivos en recintos escolares para fomentar la concentración académica y la interacción social tradicional.

Nota: Si deseas agregar algún dato local, ajustar la extensión o cambiar el enfoque para un medio de comunicación en particular, con gusto lo adaptamos.