La versión oficial del Departamento de Seguridad Interior ha sido puesta en duda por testimonios y videos que contradicen la narrativa de «defensa propia». Familiares y organizaciones exigen una investigación independiente ante la falta de confianza en las autoridades federales.

Por: HMX

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, ha escalado a un conflicto de alto nivel tras la reciente determinación de la oficina del médico forense del condado de Harris, en Texas. El reporte oficial ha clasificado el deceso como homicidio, dictaminando que la causa principal fue una herida de bala en el torso, disparada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La contradicción: ¿Defensa propia o ejecución?

Horas después del incidente ocurrido el pasado martes, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) emitió un comunicado asegurando que sus agentes actuaron en defensa propia, alegando que Salgado intentó embestirlos con su vehículo.

Sin embargo, esta versión se ha desmoronado ante la evidencia presentada por la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC) y los testimonios de tres trabajadores de construcción que viajaban en la camioneta de Salgado. Según el abogado Hugo Balderas Ibarra, quien representa a los testigos:

• Posición de los agentes: Los oficiales se encontraban a los costados del vehículo, no al frente ni detrás, lo que descarta físicamente la posibilidad de un atropello.
• La versión de los testigos: Los trabajadores aseguran que el tiroteo inició en el momento en que Salgado descendió de su unidad tras atender las instrucciones de los oficiales.
• Evidencia de video: Grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos, obtenidas por LULAC, muestran una persecución por parte de vehículos sin insignias oficiales que cerraron el paso a la camioneta de Salgado antes del desenlace fatal.

Un llamado a la justicia independiente

La falta de credibilidad hacia la versión federal ha provocado que la sociedad civil y las autoridades locales exijan mayor transparencia. El alcalde de Houston, John Whitmire, ha solicitado una investigación paralela a cargo de la policía metropolitana, compartiendo sus hallazgos con el FBI y el DHS. Asimismo, la Fiscalía del condado de Harris mantiene su propia línea de indagación a través del fiscal Sean Teare.

No obstante, tanto los familiares de la víctima como activistas de LULAC han expresado su desconfianza absoluta en el FBI y el DHS, temiendo que estas instituciones protejan a sus propios agentes. Mientras tanto, en San Antonio, más de un centenar de personas se manifestaron frente al centro de gobierno exigiendo una investigación totalmente independiente.

Un perfil sin antecedentes

Lorenzo Salgado era un hombre de familia y empresario. Durante 35 años residió en Houston sin antecedentes penales, era padre de tres ciudadanos estadounidenses y dueño de una pequeña empresa de construcción. El propio ICE admitió, tras el incidente, que Salgado no era el objetivo de su operativo; el encuentro fue fortuito en un vecindario de clase trabajadora.

El dolor de la familia se ha visto agravado por amenazas de odio dirigidas contra el hijo mayor de la víctima, quien ha sido blanco de acoso en medios de comunicación.

Amenaza contra testigos

A la tragedia se suma una denuncia crítica: organizaciones civiles han alertado sobre un presunto plan para deportar a los trabajadores que presenciaron el homicidio. Esta acción, de concretarse, eliminaría a los testigos clave que sostienen la versión contraria a la oficial, complicando aún más el camino hacia la justicia.

Un oficio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) estimó en 46.1 millones de pesos el costo por usar los 40 mil metros cuadrados del Campo Militar Marte durante todo el Mundial de fútbol de la FIFA.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda le solicitó a Defensa la acreditación del pago por el uso del lugar antes de que concluya el Mundial. Hasta antes de eso, la empresa organizadora del festival Campo Marte 26 Santander, The Mates Contents, había obtenido el aprovechamiento de las instalaciones militares sin tener que pagar un solo peso, como reveló MCCI con el contrato firmado el 19 de febrero de 2026 entre la compañía The Mates Content y las secretarías de Defensa y Turismo.

El documento pide acreditar el pago antes de que termine el torneo, pues cuando se firmó el contrato inicial entre la empresa organizadora y las secretarías de Defensa y Turismo se estableció que por la utilización del Campo Marte no habría contraprestación a cargo de las partes. Es decir, que por el aprovechamiento comercial del recinto, The Mates Contents no pagaría ningún monto.

Después de que se dio a conocer que la empresa privada firmó el contrato con las secretarías de Defensa y Turismo para explotar de manera gratuita el Campo Marte con la celebración del fan fest mundialista denominado Campo Marte 26 Santander, las autoridades hacendarias determinaron que sí debía haber un pago por el uso del recinto, como informó Reforma el 14 de junio. Para realizar la estimación del monto, Defensa respondió sobre el aforo y características del evento.

En el nuevo oficio del INDAABIN, enviado el 8 de junio de 2026, las autoridades determinaron que dadas las características del evento debían pagarse 46 millones 71 mil 827 pesos en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Este plazo se cumplió el martes 7 de julio.

El documento, identificado con el número de oficio DGUI/SGUAI/0843/2026 no demuestra que el pago se haya realizado. Tampoco precisa si el monto debía ser cubierto por la empresa privada que explotó comercialmente el evento, por la propia Defensa o mediante algún convenio de reembolso que no ha sido publicado.

El desglose del monto
El cálculo de INDAABIN considera 39 días, del 10 de junio al 19 de julio de 2026, para la realización de “Campo Marte 2026”, incluido el evento gastronómico “México de mis sabores”.

El monto fue dividido en cuatro rubros.

11 mil 575 metros cuadrados para actividades gastronómicas, con un cobro de 23 millones 40 mil pesos, incluido IVA.

4 mil 151 metros cuadrados para expo-arte, por 2 millones 441 mil pesos.

3 mil 41 metros cuadrados para actividades deportivas, por 2 millones 338 mil pesos.

21 mil 233 metros cuadrados para actividades recreativas y musicales, por 18 millones 251 mil pesos.

En conjunto, el uso de 40 mil metros cuadrados del inmueble federal fue valuado en 39 millones 717 mil pesos antes de IVA, o 46 millones 71 mil pesos con el impuesto incluido.

El oficio fue dirigido a Óscar Alencastre Cruz, subdirector administrativo de la Dirección General de Ingenieros de Defensa. El INDAABIN señaló que el cálculo se realizó a partir de información proporcionada por los militares y de un dictamen valuatorio genérico emitido en julio de 2025.

El documento no acredita el pago
La investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Defensa y Turismo permitieron a una empresa privada utilizar gratuitamente el Campo Marte para un negocio durante el Mundial, pues no sería de acceso gratuito, sino con boletos desde 400 hasta 24 mil pesos y una expectativa de ingresos superior a 500 millones de pesos.

La cláusula tercera del contrato firmado el 19 de febrero de 2026 señala que «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES‘». Este hecho, junto con la omisión de presentar el Programa Especial de Protección Civil ante la alcaldía, fueron parte de los elementos principales que activaron una disputa jurídica encabezada por vecinos de la zona de Polanco y del Bosque de Chapultepec, que promovieron diversos amparos a partir del 20 de mayo de 2026.

El documento de Hacienda donde se determinó que sí debía pagarse por el uso del inmueble público, así como el monto, se emitió hasta que el caso se difundió ante la opinión pública.

El oficio no está dirigido a The Mates Contents, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco incluye una línea de captura, recibo de pago, transferencia bancaria o constancia de entero a la Tesorería de la Federación.

MCCI envió un cuestionario a The Mates Contents vía correo electrónico con preguntas sobre el contenido de esta nota y se comunicó vía telefónica para dar aviso del mismo, al cierre no hubo respuesta.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió este miércoles las versiones que aseguraban que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encontraba oculto en instalaciones del Ejército Mexicano y sostuvo que el gobierno federal no brinda protección especial a ningún exfuncionario señalado por autoridades estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que Rocha Moya permanece en Sinaloa y descartó que esté resguardado en instalaciones militares o bajo custodia de alguna dependencia del Gabinete de Seguridad. «El gobierno no protege a nadie», afirmó al responder a los cuestionamientos sobre el paradero del exmandatario estatal.

García Harfuch explicó que Rubén Rocha no cuenta con escoltas asignados por el Gobierno federal ni ha solicitado medidas de protección a las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, precisó que, en caso de disponer de un esquema de seguridad, éste corresponde a corporaciones del ámbito estatal, como ocurre con otros exgobernadores.

Las declaraciones del titular de la SSPC se producen en medio de las investigaciones abiertas por autoridades de Estados Unidos contra diversos exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, situación que ha generado versiones sobre la ubicación y el resguardo de Rocha Moya.

Harfuch reiteró que cualquier procedimiento legal deberá seguir los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países y las disposiciones del marco jurídico vigente.

El secretario insistió en que las instituciones federales continúan concentradas en las acciones de combate a la delincuencia organizada y subrayó que las investigaciones y eventuales órdenes judiciales deberán resolverse conforme al debido proceso, sin privilegios ni excepciones para ningún servidor o exservidor público.