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Por mayoría aprueba Consejo Universitario proyecto de reforma integral al Estatuto Orgánico de la BUAP

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Por mayoría de votos, el Consejo Universitario aprobó el proyecto de reforma integral al Estatuto Orgánico de la BUAP, el cual incorpora las opiniones de los más de 56 mil universitarios que participaron en la consulta correspondiente -94.2 por ciento estuvo de acuerdo con la propuesta institucional-, con el propósito de contar con un marco de reglas claras que además de incorporar los cambios de la normativa federal, mantienen como interés supremo la estabilidad de la institución.

De un total de 157 artículos, en la reforma integral al Estatuto Orgánico -del cual emanan los reglamentos, lineamientos y procedimientos que rigen a la institución- se modificaron 152, cinco conservan su redacción, 12 fueron derogados, 15 adicionados y dos divididos.

En su mensaje, la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez agradeció la amplia e histórica participación en esta consulta de alumnos, docentes, investigadores y trabajadores no académicos: “Con mucha satisfacción puedo afirmar que este proceso es un ejercicio democrático, abierto, transparente y colaborativo, que cumple con los tiempos legalmente establecidos”.

Luego de reconocer también al Grupo de Trabajo Institucional, responsable del acopio de propuestas y elaboración de la reforma que puso a consideración del Máximo Órgano de Gobierno de la BUAP, precisó que esta modificación es la continuación de la actualización de la Ley BUAP, con el propósito de armonizar y dar congruencia al Estatuto Orgánico para que se corresponda con diversos reglamentos que más adelante también serán revisados.

“Estamos desarrollando una agenda legislativa que sin duda será determinante para el futuro de la universidad, no sólo porque asegura la armonización con leyes federales, sino porque nos brindará las herramientas necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional, al tiempo de garantizar la autonomía de la institución”.

Antecedentes y consulta

La Abogada General de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, explicó que el 13 de junio de este año se publicó el decreto mediante el cual se reformó la Ley de la BUAP, cuyos cambios apuntaron al fortalecimiento de la autonomía universitaria y a incorporar orientaciones en materia de derechos humanos, además de armonizarla con la Ley General de Educación Superior. Lo anterior derivó en la obligatoriedad de reformar el Estatuto Orgánico y sus reglamentos en un plazo no mayor a ocho meses.

Para cumplir con esta disposición se realizó un ejercicio de consulta de los tres sectores que integran la comunidad universitaria mediante un mecanismo democrático y apegado a la normativa universitaria. La plataforma digital estuvo disponible del 14 de agosto al 1 de septiembre; en ella se registró una participación de 56 mil 228 universitarios: 42.9 por ciento del alumnado, 70.8 por ciento del personal académico y 63.9 por ciento del administrativo.

Del total de opiniones registradas en la plataforma, 94.2 por ciento apoyó la propuesta institucional. Miriam Olga Ponce Gómez destacó que esta consulta superó casi en 3 mil participaciones a la que se realizó para armonizar la Ley de la BUAP.

Asimismo, se precisó que más de 150 mil comentarios se registraron en la plataforma; y en la mayoría de las unidades académicas y dependencias administrativas la participación fue mayor al 50 por ciento. Además, 3 mil 255 personas emitieron aportaciones a la propuesta del texto del proyecto.

Respecto a las opiniones recabadas en la consulta y que se relacionan con la gratuidad en la educación, la Abogada General de la BUAP aclaró que esta transición debe ser gradual, pues depende de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento previsto por la Ley de Educación Superior. Sin embargo, se buscará apoyo de las autoridades federales y estatales para que las finanzas de la institución no se vean afectadas y ésta pueda concretarse.

Sobre esta consulta, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó el “clima de diálogo y respeto que prevaleció entre todos los universitarios para construir consensos, con el compromiso de mantener esta gran institución no sólo hoy, sino para garantizarle larga vida. Eso es lo realmente importante y trascendente”.

Qué se incorpora en la propuesta de reforma

La presente reforma al Estatuto Orgánico ─el cual ha sido modificado en cuatro ocasiones: 1999, 2000, 2016 y 2018─, incorpora términos señalados en la Ley General de Educación Superior, como derechos humanos, erradicación de la violencia de género, inclusión, cultura de paz, construcción de saberes, cuidado del medio ambiente y uso responsable de herramientas tecnológicas, entre otros.

Contempla además los requisitos para ser consejero del alumnado y del personal no académico, conforme a su estancia migratoria; también incorpora como Comisión Permanente a la Comisión de Género; reincorpora la figura de secretario administrativo de la institución y de las unidades académicas; la participación de titulares de las unidades académicas en los consejos de investigación y estudios de posgrado y el de extensión y difusión de la cultura.

De igual forma, homologa los requisitos para la o el Abogado General y titulares de la Secretaría Administrativa, Tesorería General y Contraloría. También regresa la facultad a los titulares de las unidades académicas para designar o remover a sus secretarios y reconocer las atribuciones de la Comisión Estatutaria de Protección y Preservación del Patrimonio Cultural Universitario.

Esta reforma al Estatuto hace aportes importantes; por ejemplo, sobre la igualdad sustantiva, se favorece el acceso, mismo trato y reconocimiento a los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad. Sobre el alumnado, se garantiza su pleno desarrollo y cuidado a la integridad.

En cuanto a los funcionarios nombrados por el Consejo Universitario, se mantienen los mismos requisitos que para ocupar la Rectoría, excepto en las plazas académicas como titular. Se fortalece la función de investigación en los institutos; se precisa la organización de los Complejos Regionales; y se reconoce el trabajo de las academias como instancias colegiadas, su derecho de articular el trabajo en los programas educativos y la necesidad de que cuenten con un reglamento. En los órganos colegiados se establece la obligatoriedad de la paridad.

Además, los titulares en cada unidad académica podrán remover libremente a sus secretarios. Sobre la Defensoría de los Derechos Universitarios se señala que para ser titular se va a priorizar el conocimiento y experiencia en la materia, para velar por la no discriminación y no violencia de género.

Tras la aprobación del proyecto de reforma integral al Estatuto Orgánico, con 205 a favor, seis abstenciones y dos en contra, la Rectora Lilia Cedillo agradeció el trabajo invaluable de cada uno de los consejeros y afirmó que las diferencias tienen cabida en la universidad, porque es la diversidad la que nos hace ser mejores y ese es el legado para las siguientes generaciones. Por ello, dijo, “es un gran privilegio estar al frente de una institución participativa, crítica, pero, sobre todo, con gran sentido de responsabilidad”.

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Por adeudo de más de 439 mil pesos, CFE corta alumbrado en Juan N. Méndez

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A partir de las 20:00 horas de este jueves 11 de junio, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la suspensión del servicio de alumbrado público en el municipio de Juan N. Méndez, debido a un adeudo de 439 mil 501 pesos que mantiene el Ayuntamiento.

De acuerdo con documentación oficial, la CFE realizó diversas gestiones y notificó en repetidas ocasiones al presidente municipal, Guillermo Gregorio del Rosario, sobre la deuda correspondiente al ajuste 159/2026; sin embargo, no hubo respuesta favorable ni se concretó el pago.

La paraestatal emitió al menos dos emplazamientos formales durante el mes de mayo y posteriormente negó una solicitud de prórroga de 90 días hábiles presentada por el gobierno municipal, al considerar improcedente la petición.

Asimismo, la empresa señaló que los requerimientos fueron notificados también al Gobierno del Estado de Puebla, como parte del procedimiento legal para la recuperación del adeudo.

Ante la falta de cumplimiento por parte de la administración municipal, este jueves se ejecutó el corte del suministro eléctrico destinado al alumbrado público, dejando sin este servicio a diversas zonas de la cabecera municipal y comunidades del municipio.

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Atlixco recibirá el Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles 2026

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La directora del Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles, María Victoria Ramón Franco, extendió la invitación a la ciudadanía atlixquense para asistir a los conciertos que iniciarán a las 19:30 horas cada día, con la participación de coros provenientes de diferentes estados del país.

«Estamos invitando al público atlixquense a que nos acompañe los días 25, 26 y 27 de junio a las 7:30 en el Exconvento de San Francisco a los conciertos que se realizarán en el marco del noveno Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles Atlixco 2026», señaló.

La directora detalló que se espera una asistencia de más de 150 personas por función. El templo, el de mayor capacidad en Atlixco, puede albergar hasta 200 asistentes y la entrada será gratuita. Recomendó al público llegar con anticipación y de preferencia a pie, ya que el acceso se abrirá 20 minutos antes de cada concierto.

«Es entrada libre, sin embargo, el templo que es el más grande de Atlixco también tiene una capacidad máxima de 200 personas, les recomendamos llegar a pie y también les vamos a abrir el acceso al público 20 minutos antes del concierto, entonces pues les recomiendo que lleguen con tiempo», agregó.

Finalmente, Ramón Franco explicó que el evento busca promover la convivencia y el aprendizaje entre coros, así como difundir el canto coral como herramienta de transformación social.

«Para nosotros es una fiesta coral en donde se promueve el canto coral como una herramienta, como un mecanismo, como un instrumento de transformación social. Los niños aprenden muchas cosas trabajando en equipo haciendo práctica coral todo el día, el que vengan coros de diferentes estados», concluyó.

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Gobierno estatal poder judicial impulsan nuevo modelo de justicia cercana y humanista

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Con el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla, autoridades de todo el país presentaron el Tablero Justicia Centrada en las Personas (JCP), una herramienta de alcance nacional que permitirá evaluar y fortalecer el desempeño institucional a partir de la experiencia de las y los usuarios. El proyecto impulsa un nuevo modelo de justicia enfocado en la accesibilidad, la cercanía, el trato digno y la mejora continua de los servicios judiciales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que los principios de José María Morelos y Pavón mantienen plena vigencia. “La patria es primero”, afirmó, al destacar que esa visión coincide con el humanismo que coloca los derechos sociales en el centro de la acción pública. Recordó que el artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos.

“La sociedad se siente protegida, satisfecha, cuando hacemos lo correcto desde el ámbito de nuestra responsabilidad en el poder público”, subrayó.

Asimismo, reiteró que el Poder Ejecutivo se suma al fortalecimiento institucional del Poder Judicial con pleno respeto a sus competencias, en concordancia con la visión de colaboración entre poderes que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que “México vive una resonancia histórica porque se actualiza una de las grandes aspiraciones de la justicia: tener un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitraje”. Al evocar el legado de José María Morelos y Pavón, señaló que dicho principio constituye la brújula moral de este esfuerzo para que ninguna persona permanezca invisible frente al poder público.

Asimismo, destacó que el tablero inaugura una cultura nacional de aprendizaje entre los poderes judiciales locales y precisó que el instrumento debe entenderse como un espejo institucional que refleja la madurez de las instituciones. “Un tribunal no solo administra justicia, sino que sostiene una esperanza pública”, expresó.

Guerra Álvarez subrayó que México se construye desde sus estados, regiones y comunidades, por lo que cada poder judicial aporta experiencias y realidades distintas. En ese contexto, señaló que la iniciativa fortalece el aprendizaje colectivo, la conciencia institucional compartida y el federalismo judicial en acción.

Por su parte, la directora general de Documenta, María Sirvent Bravo Ahuja, reconoció el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla por asumir la coordinación de este esfuerzo nacional y agradeció la participación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).

Explicó que desde hace 15 años trabaja en la construcción de una justicia más accesible y cercana, especialmente para quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Recordó además que recientemente los países de la región suscribieron el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, instrumento que coloca a las personas en el centro de los sistemas judiciales.
Al respecto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz, destacó que la legitimidad de la justicia no depende únicamente de las resoluciones emitidas, sino de la forma en que la ciudadanía vive, percibe y experimenta el acceso a ella. Además, reconoció la participación de los poderes judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entidades que integran la primera etapa de trabajo.

En su intervención, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que el objetivo es construir instituciones judiciales cada vez más cercanas y sensibles a las necesidades de la población. Destacó la realización de 24 jornadas de asesoría y orientación jurídica gratuita en municipios y comunidades, así como 50 jornadas itinerantes del módulo de atención ciudadana. También reportó visitas de supervisión en casas de justicia y juzgados para elevar la calidad de los servicios, al señalar que “la justicia no puede permanecer distante de las personas”.

Las y los participantes coincidieron en que los poderes judiciales del país tienen hoy la responsabilidad de fortalecer la confianza ciudadana, conocer las necesidades de las personas y colocarlas en el centro de la toma de decisiones. Con este proyecto nacional, Puebla contribuye a la construcción de una justicia moderna, eficiente y profundamente humanista.

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