Un total de 43 personas se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde el pasado 27 de noviembre, tras la salida anticipada de Alejandro Gertz Manero.

De las 43 personas que cumplieron los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Senado de la República, solo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo, quien actualmente es la encargada del despacho de la FGR.

Entre otros nombres que aparecen en la lista destacan el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer.
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De esa lista, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado deberá seleccionar al menos a 10 candidaturas para enviarlas a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de que de esos nombres, elija una terna que deberá presentar ante la cámara alta para continuar el proceso de elección de quien será titular de la FGR.

Otros aspirantes que obtuvieron su registro son César Mario Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo y excandidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Richard Urbina Vega, fiscal para la investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México; Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle; y Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante de Morena ante el Instituto Electoral de Coahuila.

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que este martes llegarán a la Ciudad de México los familiares de Elianis, “La China”, la bailarina cubana que murió durante el incendio provocado en el bar Lacoss, y aseguró que la Fiscalía está lista para entregar el cuerpo y brindar toda la atención necesaria.

En entrevista, Pastor Betancourt detalló que los deudos arribarán alrededor de las 10 de la mañana y que personal especializado de la Fiscalía acompañará cada trámite que requieran.

“Aquí estaremos pendientes para darles la atención y lo que ellos decidan: si van a trasladar el cuerpo o si lo van a cremar. Nosotros estamos listos para cuando lleguen”, expresó la fiscal.

Recordó que la identificación del cuerpo se realizó mediante videollamada y que, con apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM), los familiares obtuvieron una visa humanitaria para ingresar al país.

El incendio del bar Lacoss, ocurrido la madrugada del 18 de noviembre, dejó ocho empleados fallecidos. La última víctima, Aribel Guadalupe, murió el fin de semana a causa de las quemaduras que sufrió.

Por estos hechos fue detenido y vinculado a proceso Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto autor intelectual del ataque. De acuerdo con la fiscal, enfrenta investigaciones por homicidio, extorsión y venta de sustancias ilícitas, además de indagatorias relacionadas con narcomenudeo y cobro de piso.

El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, recalcó que el Gobierno de Puebla no legalizará los arrancones en la vía pública bajo ninguna circunstancia. Luego de las diversas reacciones ocasionadas por la propuesta de crear un espacio para realizar esta actividad, el funcionario precisó que el objetivo no es permitir la anarquía vial, sino reubicar estas prácticas a un entorno controlado para alejar el peligro de las calles, donde seguirán estrictamente prohibidas.

Durante la conferencia matutina de este lunes, García Parra enfatizó que “ninguna moda ni la adrenalina” pueden situarse por encima de la vida de los jóvenes y la tranquilidad de las familias poblanas. Explicó que la estrategia gubernamental busca replicar modelos exitosos de otros países y estados, donde existen espacios reglamentados, con vigilancia y servicios de auxilio médico, para que los aficionados a la velocidad puedan realizar esta actividad sin exponer a terceros.

“No se van a legalizar los arrancones. No está en discusión. Los arrancones en vía pública están prohibidos y seguirán prohibidos. ¿Qué proponemos? Reubicar estas prácticas en un lugar seguro. Nunca las vamos a permitir en la calle”, sentenció el coordinador.

Para garantizar el cumplimiento de esta norma, el gobierno estatal endurecerá la mano contra los infractores. El funcionario recordó que la Ley de Movilidad vigente establece sanciones severas para quienes participen en carreras clandestinas, que van desde multas económicas de hasta 3 mil 394 pesos, hasta el retiro de la unidad y la cancelación de la licencia de conducir por un periodo de 10 años.

Esta postura firme surge en un contexto de alta siniestralidad. De acuerdo con cifras oficiales presentadas, tan solo de enero a octubre se registraron cinco accidentes graves vinculados directamente a arrancones en la zona metropolitana. Estos hechos, sumados a tragedias recientes como la del vehículo Subaru en la Vía Atlixcáyotl que cobró la vida de tres jóvenes, han obligado a la autoridad a incrementar los operativos de supervisión en vialidades clave.

La administración estatal ya trabaja en la logística para habilitar estos espacios seguros, contemplando inicialmente el Autódromo de Amozoc y, a mediano plazo, la construcción de una pista especializada con inversión público-privada. Sin embargo, mientras estos proyectos se concretan, la vigilancia se reforzará para evitar que avenidas como Zavaleta o el Bulevar Hermanos Serdán sigan siendo utilizadas como pistas de carreras.

En un mensaje, García Parra hizo un llamado a la corresponsabilidad social, pidiendo a los padres de familia intervenir en la conducta de sus hijos. Señaló que la educación vial comienza en casa y que son los tutores quienes facilitan los vehículos, por lo que deben ser los primeros filtros para evitar conductas de riesgo.

“Hacemos un llamado a madres y padres de familia para crear conciencia en sus hijos. Son quienes les ponen un volante en las manos. Con sensibilización deben entender que la vía pública no es una pista de carreras. Que no se pongan en riesgo ni pongan en riesgo a los demás”, exhortó.

Finalmente, el coordinador reiteró que Puebla no normalizará la velocidad irresponsable. La apuesta es clara: ofrecer alternativas deportivas en espacios confinados para los entusiastas del automovilismo, pero aplicar todo el peso de la ley a quien insista en convertir la vía pública en un escenario de muerte.