La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla informó que dará seguimiento al caso del comunicador Josué Martínez Contreras, quien fue asesinado en San Martín Texmelucan. La dependencia señaló que, tras los hechos, activó los protocolos correspondientes y mantiene comunicación permanente con los familiares de la víctima.

De acuerdo con un comunicado oficial, la directora general de Derechos Humanos de la Segob, Paola Angon Silva, condenó lo ocurrido este jueves y afirmó que la dependencia acompañará el seguimiento del caso, además de expresar su confianza en que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.

La funcionaria indicó que el Gobierno del Estado mantiene acercamiento con los familiares de Josué Martínez Contreras como parte de las acciones emprendidas tras el homicidio.

En el comunicado, Paola Angon también señaló que existe confianza en que el caso no quede impune y reiteró el compromiso de la administración estatal con el respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos.

“Mantenemos el compromiso, como lo ha indicado el gobernador Alejandro Armenta Mier, de trabajo con trato digno, con respeto a la libertad de expresión en todas sus formas, así como respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los poblanos”, expresó la funcionaria.

PUEBLA, PUEBLA. — La limpia en los ayuntamientos poblanos ha escalado de nivel. Las investigaciones por presuntos nexos con la delincuencia organizada ya no se limitan a mandos policiales de nivel medio; ahora, múltiples presidentes municipales se encuentran bajo la mira de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Así lo reveló el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, quien prefirió reservar los nombres de los alcaldes e implicados para no entorpecer los procesos judiciales en curso.

Las líneas de investigación: Del robo de carga al encubrimiento

La hipótesis central de las autoridades apunta a una red de complicidad y omisión institucional. Según el secretario, se indaga si ciertos ediles facilitaron o protegieron las operaciones de células delictivas dedicadas a:

• El robo de transporte de carga en carreteras estatales y federales.
• El desmantelamiento de vehículos con reporte de robo.
• La distribución y comercialización de mercancía robada.

Para combatir este ecosistema criminal, la SSP mantiene un despliegue coordinado con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Blindaje electoral: Revisarán antecedentes de candidatos

La infiltración del crimen en los gobiernos locales ha encendido las alarmas en el Congreso del Estado. Sánchez González dio a conocer que, tras una mesa de trabajo con legisladores locales el pasado 8 de julio, se planteó formalmente que la SSP participe activamente en la revisión de antecedentes de los futuros candidatos a cargos de elección popular.

«La dependencia cuenta con la capacidad de realizar investigaciones responsables y aportar información clave para que los partidos políticos eviten postular a perfiles vinculados a la delincuencia», detalló el funcionario.

a mañana del jueves 16 de julio estuvo marcada por momentos de tensión, diálogo y la firma de una nueva minuta de acuerdos entre autoridades municipales, regidores, representantes de los gobiernos estatal y federal, así como ciudadanos que desde hace un mes mantienen un plantón en la explanada de la presidencia municipal para exigir la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.

Poco después de las 8:00 horas, un grupo de simpatizantes de la presidenta municipal comenzó a concentrarse en el parque municipal. Minutos más tarde, acompañaron a Guadalupe Lucero Bárcenas hacia las instalaciones de la presidencia municipal para ingresar juntos al edificio.

Al entrar, los simpatizantes permanecieron en el corredor de la presidencia, desde donde lanzaron consignas dirigidas a los manifestantes que mantienen el plantón, pidiéndoles que abandonaran el lugar. En respuesta, los inconformes coreaban consignas exigiendo la salida de la alcaldesa y reiterando su petición de revocación de mandato.

Mientras el ambiente se mantenía tenso en el exterior, la presidenta municipal permaneció en el corredor del inmueble y realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales, donde informó que iniciaría una mesa de diálogo con regidores y autoridades para buscar una solución al conflicto que enfrenta el municipio.

Minutos después llegó personal de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobernación Federal, quienes ingresaron a la presidencia municipal para encabezar las negociaciones entre las partes involucradas.

Durante las horas de espera, afuera del edificio se registró un momento de confrontación verbal entre trabajadoras del ayuntamiento y mujeres que participan en el plantón. La situación obligó a la intervención de elementos de la Policía Estatal, quienes establecieron un cerco de seguridad para evitar que más personas ingresaran a las instalaciones y prevenir que el conflicto escalara.

La reunión se prolongó por varias horas. Fue después de las 13:00 horas cuando comenzaron a salir los participantes. Los regidores abandonaron el inmueble por la puerta principal, mientras que la presidenta municipal salió por un acceso distinto. A su salida fue recibida con abucheos y consignas por parte de los manifestantes.

Tras la salida de los funcionarios municipales, representantes de Gobernación Estatal y Federal permanecieron en el lugar para escuchar directamente las demandas de los ciudadanos.

Durante el encuentro, los manifestantes expusieron las razones por las que mantienen su exigencia de revocación de mandato, argumentando diversas inconformidades con la administración municipal. Los funcionarios federales y estatales explicaron que la determinación sobre una posible revocación corresponde legalmente al Congreso del Estado de Puebla y no a las instancias de Gobernación.

Los ciudadanos respondieron que, desde su perspectiva, el Congreso retrasó el procedimiento y no dio una respuesta concreta a su solicitud.

Más tarde, los representantes de Gobernación concluyeron su participación y se retiraron del lugar. Posteriormente llegaron nuevamente los regidores, quienes dieron lectura pública a la minuta de acuerdos alcanzada durante la mesa de trabajo.

Entre los principales compromisos destacan:

Dar seguimiento al proceso de solicitud de revocación de mandato para que continúe conforme a la ley.
Respetar plenamente las funciones de los regidores.
Rehabilitar las ambulancias municipales y mantener la cuota de recuperación de mil 200 pesos.
Designar un enlace permanente de la Secretaría de Gobernación del Estado con el municipio.
Convocar en tiempo y forma a las sesiones de Cabildo.
Priorizar recursos públicos para el sector salud y para las juntas auxiliares, garantizando pagos pendientes.
Revisar la plantilla laboral y la nómina municipal para detectar posibles casos de nepotismo.
Destinar un espacio físico para el trabajo de los regidores, ocupando el área que actualmente corresponde a Recursos Humanos.
Informar el estatus de la corporación policial, incluyendo el número de elementos acreditados.
Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de Cabildo.
Establecer mesas de trabajo permanentes entre regidores y la presidenta municipal todos los lunes.
Entregar copia de la primera minuta firmada en la Secretaría de Gobernación.
Fortalecer el trabajo coordinado entre direcciones municipales y regidurías.
Presentar un informe sobre las unidades recolectoras de basura.
Privilegiar el respeto institucional entre la presidenta y los integrantes del Cabildo.
Regular y priorizar el programa de obras públicas conforme a las necesidades del municipio.
Gestionar una auditoría para el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SOSAPAMA).
Organizar la Feria de la Paz, programada para los días 21 y 22 de julio de 2026, en coordinación con las distintas áreas del ayuntamiento.

Al concluir la lectura, los regidores señalaron que esperan que todos los compromisos asumidos sean cumplidos en los plazos establecidos. Reiteraron que, aunque continuarán desempeñando sus funciones como integrantes del Cabildo, la solicitud de revocación de mandato sigue vigente y continuará su curso conforme al procedimiento legal.

Asimismo, advirtieron que permanecerán vigilantes del cumplimiento de cada uno de los acuerdos y denunciarán públicamente cualquier incumplimiento por parte de la administración municipal.

Los regidores también reconocieron la intervención de funcionarios de la Secretaría de Gobernación Federal, quienes acudieron directamente a Acatlán de Osorio para atender el conflicto en las instalaciones de la presidencia municipal y contribuir a la construcción de acuerdos entre las partes involucradas.