El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa exhortó al nuevo sacerdote y a los 10 diáconos ordenados a vivir con congruencia, acompañar a los más necesitados, actuar con resiliencia y contribuir a transformar el difícil panorama social que atraviesa México y Puebla, promoviendo una sociedad más armónica. Referenciageográfica

Con estas ordenaciones, el presbiterio poblano supera los 460 sacerdotes diocesanos, quienes atienden las 316 parroquias que integran la Arquidiócesis de Puebla. Los nuevos ministros se comprometieron a ser portadores de mensajes de paz y ser compañeros de la comunidad poblana.

Durante la ceremonia celebrada en la Basílica Catedral Metropolitana de Puebla, monseñor insistió en que el nuevo sacerdote y los diáconos mantengan una convivencia cercana y cotidiana con los fieles para contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Refrendó que su misión no debe limitarse al interior de los templos, sino extenderse a las calles y a las comunidades, donde podrán acompañar a las personas en el camino de la justicia social y del Evangelio de Jesucristo.

Recordó que la imposición de las manos y la oración consagratoria, han quedado configurados con Cristo maestro, pastor y santificador, además de ser consagrados al servicio de la Iglesia.

El nuevo sacerdote es Gabriel Adán Ramírez Vera, originario de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Tecamachalco.

Los diáconos son:

Gabriel Adán Romero, de la Parroquia de San Agustín Obispo, en Chiautla de Tapia.
Miguel Ángel Bautista De León, de la Parroquia San Juan Bautista, en Xicotepec de Juárez.
Alan Esaú Morales Arriaga, de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, en Izúcar de Matamoros.
Saúl Salvador Herrera Peña, de la Parroquia San Lucas Colucan, en Izúcar de Matamoros.
Misael León Vargas, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, colonia La Margarita, Puebla.
Víctor Hugo Fortino Cabrera, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, colonia La Margarita, Puebla.
José Manuel Zacahua Tlacuatl, de la Parroquia Santa Clara, en Ocoyucan, Puebla.
Hansel Ríos Carmona, de la Parroquia de San Agustín Obispo, en Chiautla de Tapia
Giovanni Romero Rojas, de la Parroquia San Miguel Arcángel, en Huejotzingo.
Sergio Camarillo Gámez, de la Parroquia Nuestra señora de Guadalupe, colonia Guadalupe Hidalgo, Puebla.

Puebla participará en la consulta nacional para la conformación de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ejercicio que es impulsado por el gobierno federal, con la finalidad de fortalecer el reconocimiento de los pueblos originarios.

A decir del delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Puebla, David Fernández Acosta, la entidad contará con cuatro sedes regionales para el desarrollo de las mesas de diálogo: Tehuacán, San Miguel Canoa, Huauchinango y Cuetzalan del Progreso. Guíasy diarios de viaje

La convocatoria ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que inició la etapa de organización y difusión entre las comunidades.

Dio a conocer que desde principios de julio, personal del INPI recorre las comunidades para entregar la propuesta de ley y un cuadernillo metodológico que facilite el análisis de los ocho apartados que integran la iniciativa, con el propósito de que las autoridades tradicionales lleguen preparadas a las mesas de consulta.

«Iniciamos con toda la logística y la planeación. La invitación se hace directamente a las autoridades comunitarias que forman parte del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas», comentó el funcionario.

La consulta forma parte de una convocatoria nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que se busca recoger la opinión de 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano antes de enviar la iniciativa al Congreso. Política

Entre los principales objetivos de la propuesta destaca el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, considera mecanismos para que puedan recibir recursos públicos de manera directa mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

En este sentido, Fernández Acosta destacó que el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas permanece abierto para que cualquier comunidad pueda solicitar su incorporación.

En Puebla, este registro ya integra más de 860 localidades y el trámite es gratuito. Guíasy diarios de viaje

«La participación es libre y abierta; queremos que ninguna comunidad del estado se quede sin participar en este proceso», enfatizó.

Una vez concluidas las consultas en Puebla y el resto del país, las propuestas serán integradas al proyecto final, que el gobierno federal prevé entregar al Poder Legislativo el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural, para iniciar su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado.

El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, rechazó que la iniciativa para reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano tenga como propósito agilizar la construcción del Cablebús, al asegurar que los cambios planteados responden a la necesidad de actualizar la planeación urbana en los municipios y destrabar proyectos federales de vivienda.

Señaló que es falso que la propuesta pretenda modificar atribuciones o abrir la puerta a permisos especiales para el nuevo sistema de transporte.

Añadió que la reforma busca que los ayuntamientos cuenten con programas municipales de desarrollo urbano vigentes y armonizados con las políticas estatal y federal.

«No estamos creando ni quitando atribuciones. Es falso que la iniciativa tenga otro propósito; lo que buscamos es avanzar en programas federales, particularmente en materia de vivienda», argumentó.

El funcionario detalló que la iniciativa incluye modificaciones a los artículos 14, 16, 44 y 54 de la legislación vigente, con el objetivo de obligar a los municipios a elaborar o actualizar sus instrumentos de planeación territorial.

Recalcó que el rezago en estos documentos ha impedido el avance de diversos proyectos de beneficio social.

En este sentido, comentó que uno de los principales problemas es la ejecución del Programa Nacional de Vivienda, ya que en varios municipios los usos de suelo no cumplen con los criterios establecidos por la Federación, situación que mantiene detenidos predios destinados a la construcción de vivienda social.

Con la actualización de los planes urbanos, dijo que se pretende dar certeza jurídica y agilizar estas acciones.

Respecto al proyecto del Cablebús, García Parra aclaró que su proceso administrativo se desarrolla de manera independiente a la reforma estatal.

Recordó que la Secretaría de Infraestructura presentó al Ayuntamiento de Puebla una solicitud para modificar de forma parcial el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, trámite necesario para adecuar el uso de suelo al recorrido previsto para el nuevo sistema de transporte. Guíasy diarios de viaje

García Parra ratificó que el Cablebús tendrá una longitud de 14.58 kilómetros, pero insistió en que esa gestión no guarda relación con la iniciativa enviada al Congreso local.

Por lo anterior, llamó a evitar especulaciones y aseguró que el proyecto será realizado bajo criterios de sustentabilidad.

Destacó que no se prevén afectaciones a propiedades particulares por la altura de las estructuras, ni intervenciones que impliquen daños a áreas verdes o espacios públicos de la capital poblana.