PUEBLA, Pue. — El Gobierno del Estado de Puebla formalizó la puesta en marcha de los trabajos de rehabilitación y ampliación en la carretera Puebla-Canoa, una de las vías de comunicación de mayor tránsito de la capital. La obra quedará asentada formalmente a través del proceso de licitación pública identificado con la clave SPFA-OP-LPE-2026-075, de acuerdo con las especificaciones difundidas por la administración estatal.

El cronograma oficial establece que el fallo para seleccionar a la empresa constructora responsable se dará a conocer el próximo 29 de septiembre. Una vez adjudicado el contrato, las labores físicas comenzarán formalmente el 30 de septiembre, contando con un periodo de ejecución de 90 días naturales, por lo que la fecha límite fijada para la entrega de la infraestructura es el 28 de diciembre del presente año.

Las especificaciones técnicas estipulan que el proyecto abarcará una intervención total con concreto asfáltico en el tramo comprendido entre el kilómetro 0+000 y el 6+032.19. Esta trayectoria atraviesa puntos de alta densidad de población en el municipio de Puebla, incluyendo las localidades de La Resurrección y Jorge Obispo, las cuales registrarán mejoras de flujo vehicular y seguridad vial.

Aunque las autoridades estatales no han detallado el costo final de la inversión pública, los pliegos de la licitación exigen que la empresa licitante demuestre una capacidad financiera mínima de 20.7 millones de pesos para garantizar la viabilidad técnica y operativa del proyecto durante su periodo de desarrollo.

Esta intervención vial se suma a los compromisos asumidos por el Ejecutivo Estatal para el mejoramiento de calles y tramos secundarios dentro de la zona conurbada de la capital. Según lo proyectado por la administración, la atención a solicitudes comunitarias para la pavimentación de vialidades locales se mantendrá de forma progresiva hasta el año 2027.

Autoridades identifican que la filtración de datos permitía a grupos delictivos conocer rutas, horarios y tipos de carga en la zona de Esperanza.

Redacción HMX: A través de labores de vigilancia, halconeo y el envío de «pitazos» a bandas dedicadas al robo de carga, personal dentro de Caminos y Puentes Federales (Capufe) favorecía el despojo de mercancías a transportistas. Así lo revelaron fuentes cercanas a las investigaciones tras la aprehensión de una empleada de dicho organismo y del exalcalde de Esperanza, Isaac N.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la presencia de personal infiltrado en puntos clave del trayecto permitía a las organizaciones criminales obtener información detallada sobre los itinerarios y tipos de cargamentos. La zona con mayor impacto se concentraba en la autopista Puebla-Orizaba, concretamente a la altura del municipio de Esperanza, un tramo catalogado como crítico para el transporte de carga.

Ante esta problemática, Jonathan Carlos Amaro Hernández, doctor en Derecho e investigador, señaló que la rotación constante del personal en este tipo de instituciones resulta clave para neutralizar los riesgos de colusión, ya sea por complicidad voluntaria o por coerción.

El especialista detalló que, a la par de la rotación, se requieren esquemas permanentes de supervisión para detectar posibles nexos entre los trabajadores y los grupos delictivos, de manera particular en áreas organizativas con acceso a datos sensibles sobre el flujo vehicular.

Amaro Hernández explicó que el interés de las bandas criminales por cooptar personal de organismos como Capufe responde al carácter estratégico de Puebla, al ser una entidad que conecta el centro con el norte y el sur del país.

«Nuestro estado es una conexión para todo el país; son muchas peculiaridades. Este fenómeno de involucramiento de autoridades, servidores públicos y trabajadores de dependencias, así como de corporaciones policiales, es algo que se ha ido recrudeciendo junto con el robo a unidades de carga y es algo preocupante porque ahora también los presidentes municipales están involucrándose de forma hasta más abierta y descarada», advirtió el especialista. 

Respecto al destino de lo robado, indicó que la mayoría de los productos son comercializados posteriormente en tianguis de comunidades pequeñas. De esta forma, las mercancías se introducen al mercado a un precio inferior al comercial sin pasar por revisiones ni controles sobre su origen.

El investigador comparó la situación con lo que ocurre en diversas corporaciones policiales, destacando que en Capufe existen trabajadores que operan bajo amenazas bajo el esquema de «plata o plomo», mientras que otros se suman por decisión propia atraídos por altos ingresos económicos.

«Es común que los grupos delincuenciales traten de presionar a los servidores públicos que trabajan en este tipo de organismos, dado que los criminales tienen poder económico y de violencia; entonces, o reciben dinero o los matan. Es así como obtienen información sobre qué tipo de camiones pasan, características de los tráileres, tipo de cargas y demás», detalló. 

Como alternativa de solución, planteó replicar esquemas como el del Poder Judicial, donde los jueces de distrito o federales son movidos periódicamente de adscripción o incluso de circuito geográfico para inhibir este tipo de dinámicas. Asimismo, propuso incrementar la presencia de elementos militares o de la Guardia Nacional en las plazas de cobro para resguardar las instalaciones y disuadir la aproximación de grupos delictivos.

Cabe señalar que el pasado 17 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González, confirmó la participación de personal de Capufe con la estructura criminal dedicada al robo en carretera, en la cual también se vincula a los exediles de Tepeyahualco y Esperanza, Said N. e Isaac N.

El funcionario estatal subrayó que el arresto de estos expresidentes municipales marca el comienzo de las acciones para desarticular la red delictiva que operaba en los límites con Veracruz, y confirmó que se mantendrá el monitoreo de los índices delictivos en la zona tras el despliegue de refuerzos policiales.

PUEBLA, PUE. — Integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) se congregaron en el Zócalo de la ciudad de Puebla para llevar a cabo la jornada «Bailando por la Desprivatización del Agua», un acto público que combinó expresiones artísticas con la exigencia formal de revocar la concesión del servicio hídrico en la zona metropolitana.

Durante el encuentro, desarrollado en el marco del 13 aniversario de la organización, los voceros denunciaron que la empresa concesionaria Agua de Puebla ha incumplido hasta con el 70 por ciento de los compromisos operativos estipulados en su contrato, derivando en problemas de desabasto, cobros excesivos y fugas no atendidas en diversas colonias.

Los manifestantes señalaron que están realizando consultas comunitarias para documentar de manera técnica los fallos en el suministro. Con estos expedientes, buscan demostrar la viabilidad de retirar la concesión a la firma privada y devolver el manejo del recurso a la administración pública.

La organización reiteró el llamado al Ejecutivo estatal para instalar mesas de diálogo e incorporar a especialistas, activistas y ciudadanos en la revisión integral del contrato de agua potable, bajo la consigna de que el acceso al recurso vital debe ser garantizado como un derecho humano y no como un esquema comercial.