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Presenta BUAP avances del Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género

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Sensible a las necesidades y demandas de su comunidad universitaria, desde 2019 la BUAP inició los trabajos para la conformación del Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género. Este documento es el único de las instituciones de educación públicas a nivel nacional que se actualiza y armoniza cada año, con la finalidad de promover la participación de su comunidad, destacó Elva Rivera Gómez, subdirectora de la Dirección Institucional de Igualdad de Género.

En la presentación de los avances de este protocolo, se informó que la recepción de propuestas correspondientes a la convocatoria de este año se amplía hasta el 31 de marzo. Con ello se da oportunidad a los integrantes de los diversos sectores de la comunidad universitaria de enviar sus aportaciones en la liga de acceso de la página https://diige.buap.mx/ y al correo electrónico revisión.protocolo@correo.buap.mx.

Tras la publicación de la convocatoria de actualización de este protocolo, en octubre de 2022, se registraron 85 participaciones colectivas y 20 individuales. En total se recibieron 185 propuestas y colaboraron 31 unidades académicas y administrativas.

Del total de propuestas recibidas, 17.1 por ciento son del sector estudiantil, 33.3 por ciento del sector académico y 49.5 por ciento del personal no académico. La población con mayor participación tiene un rango de edad de 35 a 39 años. En cuanto a sexo, el 73 por ciento son mujeres, 26 por ciento hombres y el uno por ciento prefirió no decir su sexo de pertenencia. La participación por género se divide de la siguiente manera: 69 por ciento femenino, 27 por ciento masculino, 3 por ciento de género diverso y el uno por ciento decidió no informar este dato.

Los grupos de pertenencia de quienes enviaron propuestas son personas con discapacidad y de las comunidades étnica y LGBT. Las propuestas recibidas serán examinadas por una comisión revisora.

Al tomar la palabra, Carolina Morán Raya, directora del Instituto de Ciencias y presidenta de la Comisión Especial de Género del Consejo Universitario, resaltó que desde la última corrección del citado protocolo, entre las aportaciones para mejorarlo se redujo el número de instancias para agilizar la atención de las quejas; además de incorporar leyes locales, nacionales e internacionales.

La actualización de este documento –dijo- es una tarea importante para el crecimiento de la universidad. “Como integrantes de esta comisión tenemos el reto de actuar como universitarios y ser un ejemplo para la sociedad, en cuanto a garantizar la igualdad, equidad y erradicar la no violencia”, refirió.

Por su parte, Érika Pérez Noriega, directora de la Facultad de Enfermería, invitó a los asistentes a sumarse con sus propuestas, para que de esta manera la institución responda a las demandas de la sociedad.

Asimismo, dio a conocer algunas de las acciones puestas en marcha por la institución con referencia a este tema: servicios de atención emocional, instalación de salas de lactancia, conformación de las unidades de Igualdad de Género, realización de jornadas de salud, género e inclusión, campañas de prevención del cáncer de mama y creación de posgrados sobre masculinidades y perspectiva de género.

En la presentación de los avances del citado protocolo acudieron también Nadia Ekatherina Huerta Jiménez, directora de Acompañamiento Universitario; Laura Angélica López Munguía, de la Oficina de la Abogada General; y José Francisco Ávila Caso, defensor de los Derechos Universitarios.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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