En rueda de prensa presidida por la Fiscal General del Estado de Puebla (FGE), Idamis Pastor Betancourt, con la participación del secretario de Seguridad Pública del Estado (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez González; del secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala; y de José Luis Hernández González, fiscal de Investigación Metropolitana, se dio a conocer la detención de Rafael N., identificado como el probable responsable de realizar disparos contra vehículos que circulaban sobre la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas.

En su mensaje, la Fiscal General señaló que la identificación del objetivo fue resultado del trabajo conjunto entre la FGE y el área de inteligencia de la SSP, mediante el análisis de información, actos de investigación y seguimiento a los eventos registrados, lo que permitió reunir datos para avanzar en la individualización del probable responsable.

La aprehensión se logró durante un operativo coordinado por la FGE, con la participación de la SSP y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 25ª Zona Militar, para cumplimentar una orden de aprehensión y ejecutar una orden de cateo autorizadas por la autoridad judicial en el inmueble ubicado entre calle Santa Fe y calle San José, número 86, fraccionamiento Santa Fe, San Andrés Cholula.

Durante la intervención, Rafael N. realizó detonaciones de arma de fuego contra el personal que participaba en el operativo, poniendo en riesgo la integridad de los servidores públicos. Ante la agresión, las fuerzas intervinientes actuaron conforme a los protocolos institucionales y al marco jurídico aplicable, logrando controlar la situación, asegurar el inmueble y cumplimentar los mandamientos judiciales.

Durante este primer cateo fueron aseguradas un arma corta semiautomática, un rifle, una escopeta, cartuchos útiles y un vehículo GMC Denali, color blanco, sin placas de circulación.

De manera paralela, la FGE ejecutó una segunda orden de cateo en la colonia Anzures, en la ciudad de Puebla, como parte de la investigación por homicidio calificado en grado de tentativa. La diligencia tuvo como objetivo la búsqueda y localización de vehículos, armas de fuego, elementos balísticos, equipos de cómputo y teléfonos celulares relacionados con los hechos investigados.

En el segundo cateo, fueron asegurados un teléfono celular Apple, dos armas de fuego calibre .22 milímetros, 536 cartuchos útiles calibre .22, 23 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, tres equipos de cómputo, una tableta, 15 unidades de almacenamiento y 729 mil 944 pesos en efectivo. También fue asegurado el área del inmueble donde fueron localizados dichos indicios.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que el trabajo de gabinete, las labores de investigación e inteligencia, así como la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno, permitieron obtener información clave para identificar al probable responsable y establecer el vehículo en el que se desplazaba.

Destacó que, como parte de la estrategia de investigación, se realizaron análisis de patrones de conducta, horarios de movilidad, rutas de desplazamiento y registros obtenidos mediante el sistema de videovigilancia, además de un seguimiento puntual a cada uno de los eventos registrados, lo que fortaleció las líneas de investigación y la planeación del operativo.

En su exposición, José Luis Hernández González, titular da la Fiscalía de Investigación Metropolitana, destacó que la investigación inició a partir de diversas denuncias de personas que reportaron impactos producidos por proyectiles de arma de fuego mientras circulaban por la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas. En una primera etapa, cada hecho fue investigado de manera individual, sin partir de una conclusión previa ni asumir de forma anticipada que existiera relación entre los eventos.

Conforme avanzaron las diligencias, la FGE identificó coincidencias relevantes en cuanto a lugar de ocurrencia, horarios, forma de ejecución y características generales de los hechos, lo que permitió construir una hipótesis sustentada en evidencia.

Como parte de la investigación científica, se realizaron inspecciones ministeriales, criminalística de campo, procesamiento de vehículos afectados, dictámenes de trayectoria balística, análisis topográficos, fijaciones fotográficas, avalúos de daños y reconstrucciones espaciales de los impactos.

Estos actos permitieron construir un polígono de incidencia criminal e identificar coincidencias reiteradas respecto del modo de operar. El trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigación, servicios periciales, áreas de análisis criminal e inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue determinante para avanzar en la individualización del probable responsable.

Entre los actos de investigación realizados se encuentran análisis videográficos especializados, vigilancia fija y móvil, identificación de un vehículo con características recurrentes, reconocimiento de rasgos físicos coincidentes, consultas a bases institucionales, análisis registrales, así como la integración y comparación de diversas carpetas de investigación.

Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial la orden de aprehensión y las órdenes de cateo correspondientes, mismas que fueron autorizadas después de la valoración judicial.

La Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt, concluyó que este caso refleja un modelo de investigación sustentado en el trabajo interdisciplinario, la legalidad, la objetividad y el rigor técnico. Corresponderá ahora a la autoridad jurisdiccional determinar, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, la responsabilidad penal que en su caso proceda.

En trabajo conjunto, la FGE y el Gobierno del Estado de Puebla recuperan la tranquilidad de las y los poblanos con labores de inteligencia y estrategia, mientras refrendan su compromiso de mantener cero impunidad.

Por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, seis mandos policiales de los municipios de Tehuitzingo, Chila de la Sal, Chietla, Tlapacoya, Tlaola y Jopala fueron detenidos, informó este martes la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt.

Durante la rueda de prensa, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, explicó que la investigación contra los mandos deriva del hallazgo de dos narcolaboratorios, uno ubicado en la Sierra Norte y otro en la Mixteca.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Miguel Garrido, Evencio Rosas Luna, Manuel Martínez González y Andy Castillo Rodríguez, este último en calidad de prófugo.

Aguilar Pala añadió que el gobierno estatal analiza la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asuma el control de la seguridad en esos municipios, en caso de que sea necesario.

También informó que actualmente existen despliegues de elementos de la SSP en esas demarcaciones para garantizar la seguridad de la población.

El titular de la Segob dirigió un mensaje a las y los presidentes municipales, a quienes exhortó a conducirse con apego a la ley y actuar con transparencia.

«Que se cuiden los presidentes municipales. En caso de saber algo o de tener una denuncia, que se acerquen y lo hagan saber, pues el silencio también es un sinónimo de colusión», señaló.

Detienen a mandos policiales por colusión con crimen organizado

De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, las órdenes de aprehensión fueron libradas contra Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, titular de la corporación en Tlapacoya; Manuel Martínez González y/o Manuel González Martínez, responsable de la Policía Municipal de Jopala; y Andy Castillo Rodríguez, director de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán.

La carpeta judicial 81/2026/Huauchinango deriva de una investigación ministerial que establece que los funcionarios presuntamente utilizaron sus cargos para favorecer las operaciones de un grupo delictivo asentado en la región serrana.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, entre abril y mayo de este año los mandos municipales omitieron intervenir frente a actividades ilícitas y, presuntamente, ordenaron a sus elementos abstenerse de actuar contra integrantes de la organización criminal.

Entre los datos de prueba presentados ante la jueza de control se encuentran declaraciones de testigos que refieren que, durante una reunión celebrada el 16 de mayo, se acordó facilitar el tránsito de integrantes del grupo delictivo y mantener libres las rutas utilizadas para sus operaciones.

Investigación surgió tras aseguramiento de narcolaboratorio
El 14 de junio, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal aseguraron un complejo utilizado para la elaboración de metanfetaminas en los límites de Tlapacoya y Jopala.

Durante ese operativo fueron asegurados 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de precursores químicos, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y decenas de tanques de gas LP, infraestructura utilizada para la producción de la droga.

La presunta infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales de la Sierra Norte de Puebla escaló a un nuevo nivel luego de que autoridades judiciales libraran órdenes de aprehensión contra cuatro directores de Seguridad Pública, señalados por la Fiscalía General del Estado de formar parte de una supuesta estructura de protección que habría permitido la instalación y operación de un narcolaboratorio considerado el más grande asegurado en la historia reciente de la entidad.

De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, las órdenes de captura fueron giradas contra Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, titular de la corporación en Tlapacoya; Manuel Martínez González y/o Manuel González Martínez, responsable de la policía municipal de Jopala; y Andy Castillo Rodríguez, jefe de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán.

La carpeta judicial 81/2026/Huauchinango deriva de una investigación ministerial que sostiene que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para favorecer las operaciones de un grupo delictivo asentado en la región serrana.

Según los datos expuestos por el Ministerio Público, entre abril y mayo de este año los mandos municipales habrían omitido actuar frente a actividades ilícitas y, presuntamente, instruyeron a sus elementos a evitar cualquier intervención contra integrantes de la organización criminal.

Entre las pruebas presentadas ante la jueza de control figuran declaraciones de testigos que aseguran que durante una reunión sostenida el 16 de mayo se acordó facilitar el tránsito de integrantes del grupo delictivo y mantener libres las rutas utilizadas para sus operaciones.

Otro de los testimonios incorporados a la investigación señala que policías municipales interceptaron una camioneta que transportaba sustancias químicas presuntamente destinadas a la fabricación de drogas sintéticas. Sin embargo, tras consultar con su superior, recibieron la orden de permitir que continuara su camino.

Para la Fiscalía, esos hechos constituyen indicios de una posible red de protección institucional que habría permitido la operación del laboratorio clandestino descubierto semanas después por fuerzas federales.

El pasado 14 de junio, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron un complejo utilizado para la elaboración de metanfetaminas en los límites de Tlapacoya y Jopala.

En ese operativo fueron decomisados 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de precursores químicos, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y decenas de tanques de gas LP, infraestructura que evidenciaba una capacidad de producción industrial.

El Gabinete de Seguridad Federal estimó entonces que el aseguramiento representó una afectación económica superior a 2 mil 367 millones de pesos para la delincuencia organizada.

La jueza de control determinó que las entrevistas, inspecciones ministeriales y demás datos de prueba reunidos por la Fiscalía constituyen elementos suficientes para establecer la probable participación de los imputados en hechos con apariencia de delito, por lo que autorizó las órdenes de aprehensión.

Los delitos atribuidos son encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, ilícitos que contemplan penas privativas de la libertad.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de corporaciones municipales en una región donde, desde hace meses, habitantes habían denunciado de manera reiterada la presunta existencia de vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos.

Hasta el cierre de esta edición, los ayuntamientos de Tlaola, Tlapacoya, Jopala y San Felipe Tepatlán no han emitido ningún comunicado o posicionamiento oficial sobre la detención de tres de sus directores de Seguridad Pública ni sobre la orden de aprehensión vigente contra el jefe policiaco de San Felipe Tepatlán. Tampoco han informado si los funcionarios fueron separados de sus cargos o quién asumirá de manera provisional la conducción de las corporaciones municipales.

Mientras tanto, las autoridades estatales continúan con la búsqueda de Andy Castillo Rodríguez, único mando que permanece prófugo, en tanto la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el alcance de la presunta red de protección criminal que habría operado en la Sierra Norte de Puebla.