La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Puebla criticó severamente el posicionamiento del partido Morena, tras el llamado emitido por este último a la ciudadanía para abstenerse de consumir los contenidos noticiosos de la cadena televisiva TV Azteca. Los voceros de la representación blanquiazul calificaron la postura del partido en el poder como una intromisión que atenta contra la libertad de expresión y el derecho de la población a informarse mediante diversos medios, según reportó .

El conflicto se originó a raíz de las recientes declaraciones de dirigentes morenistas, quienes acusaron al medio de comunicación de mantener una línea editorial sesgada en contra de las políticas públicas y proyectos emblemáticos de la administración gubernamental. Ante esto, el PAN sostuvo que promover boicots o censura hacia medios de comunicación sienta un precedente negativo para la democracia y el pluralismo político en el país.

Durante su posicionamiento, los representantes panistas subrayaron que el ejercicio periodístico debe respetarse independientemente de la postura crítica que asuma ante los gobiernos. Aseguraron que la ciudadanía cuenta con la capacidad crítica para seleccionar las fuentes de información que considere convenientes sin necesidad de consignas promovidas desde organismos políticos institucionales.

Por su parte, actores políticos de la oposición argumentaron que las críticas de los medios de comunicación forman parte del contrapeso natural en cualquier régimen democrático, por lo que instaron a las autoridades e institutos políticos a enfocarse en atender las demandas sociales de la entidad en lugar de confrontar a las empresas de comunicación.

La controversia generó debate entre diversos sectores políticos y mediáticos locales, reabriendo la discusión sobre los límites entre la libertad de prensa, el escrutinio a los medios masivos de comunicación y la responsabilidad de los partidos políticos en la promoción del debate público plural.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lanzó oficialmente la convocatoria para participar en la Carrera Universitaria de 6.5 kilómetros, un evento deportivo totalmente gratuito abierto a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y al público en general. La competencia se alinea con las actividades de integración de la institución y otorgará una medalla conmemorativa a los primeros corredores en cruzar la línea de meta.

El recorrido trazado contempla una distancia de 6.5 kilómetros dentro del circuito de Ciudad Universitaria, conectando las principales facultades y zonas deportivas del campus central. La logística de seguridad estará a cargo de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) en coordinación con corporaciones de protección civil, garantizando puntos de hidratación, asistencia médica preventiva y señalamientos a lo largo de todo el trayecto.

El registro para participar no contempla costo alguno y debe realizarse a través de los canales digitales de la Dirección de Cultura Física de la BUAP. Los competidores inscritos formalmente recibirán su número de corredor oficial, el cual les otorgará el derecho a recibir el paquete de recuperación al concluir el recorrido y a disputar la medalla alusiva de la edición 2026.

Autoridades deportivas de la máxima casa de estudios en el estado destacaron que el objetivo central de esta carrera es promover estilos de vida saludables, combatir el sedentarismo y fortalecer los lazos de convivencia entre la comunidad universitaria y los habitantes de la zona metropolitana de Puebla mediante actividades al aire libre.

Finalmente, el comité organizador recomendó a los asistentes acudir con ropa deportiva adecuada, realizar ejercicios de calentamiento previo a la salida y llegar con al menos media hora de anticipación a la zona del banderazo inicial para ubicar sus bloques de salida y evitar aglomeraciones en la zona de meta.

Marilyn Cote, señalada por ejercer de forma ilegal la especialidad de psiquiatría en el estado de Puebla sin contar con la acreditación ni cédula profesional requerida, continuará privada de su libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán. Pese a que un sector de los agraviados optó por llegar a convenios y otorgarle el perdón legal, las autoridades ministeriales confirmaron que las investigaciones de carácter local y federal impiden su liberación.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, detalló que la figura del perdón otorgada por algunas de las víctimas únicamente modifica la situación jurídica en las carpetas relativas a esos casos particulares, pero de ninguna manera extingue la responsabilidad penal ni extingue el resto de los procedimientos vigentes iniciados contra la acusada.

En el ámbito del fuero común, la imputada aún mantiene abiertas al menos dos carpetas de investigación promovidas por afectadas que rechazaron cualquier acuerdo reparatorio. Dichos expedientes incluyen acusaciones por delitos graves como usurpación de profesión al haber consultado y recetado fármacos controlados a pacientes sin sustento académico, así como amenazas cometidas con armas de fuego en contra de vecinos y usuarios de sus servicios.

A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigente un proceso penal por el delito de suministro de narcóticos. Esta imputación deriva del suministro e indicación de medicamentos psicotrópicos sujetos a estricto control sanitario a personas que acudieron a su consultorio ubicado en las Torres Médicas de la capital poblana, inmueble que fue asegurado y clausurado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tras detectarse múltiples falsificaciones de documentos oficiales.

La representación social enfatizó que, aunque las leyes otorgan a los afectados el derecho de recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias, la Fiscalía ha insistido en orientar a las víctimas para no otorgar acuerdos reparatorios en casos de alto impacto. Sin embargo, debido a los cargos pendientes en ambas jurisdicciones, las medidas cautelares de prisión preventiva justificada se mantendrán firmes mientras desahogan las etapas procesales correspondientes.