Habitantes y defensores del patrimonio histórico en la región de la Mixteca poblana expresaron su preocupación y realizaron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para garantizar la preservación de antiguas tumbas con más de dos siglos de antigüedad ubicadas en los terrenos adyacentes a la parroquia principal del municipio de Chiautla de Tapia.

Las inquietudes surgieron a raíz del inicio de los trabajos de remodelación y obra civil proyectados en el complejo parroquial, los cuales contemplan intervenciones profundas en el subsuelo que podrían poner en riesgo la integridad de los vestigios funerarios coloniales que forman parte de la memoria histórica de la comunidad.

Los inconformes destacaron que estos entierros antiguos resguardan información invaluable sobre los primeros pobladores y personajes destacados de la época colonial en la demarcación, por lo que cualquier maniobra de construcción debería realizarse bajo la supervisión estricta de especialistas en arqueología y conservación patrimonial.

Asimismo, señalaron que el valor cultural de los monumentos funerarios y criptas históricas supera la necesidad de modernización urbana inmediata, exigiendo a la diócesis y a las instancias gubernamentales municipales establecer mesas de diálogo para modificar los trazos de obra y salvaguardar los elementos históricos.

Hasta el momento, los responsables de los trabajos de restauración no han emitido un posicionamiento oficial definitivo sobre los protocolos de protección arqueológica que se implementarán, mientras la comunidad local mantiene la vigilancia para evitar daños irreparables en el atrio y zonas circundantes del templo.

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Propietarios y trabajadores de establecimientos funerarios protagonizaron una manifestación en las inmediaciones del Centro Integral de Servicios de San Javier, en la capital poblana, utilizando carrozas fúnebres para bloquear importantes arterias viales como la 11 Sur, la 13 Sur y la avenida Reforma, lo que generó un severo embotellamiento y la interrupción del servicio de RUTA.

La protesta se originó luego de que el personal adscrito al Registro Civil Tercero negara nuevamente la atención a los prestadores de servicios funerarios para la realización de trámites indispensables relacionados con actas de defunción y autorizaciones de inhumación o cremación, afectando de manera directa a decenas de familias en duelo.

De acuerdo con los manifestantes, la negativa del servicio responde a la postura del juez encargado, quien argumentó que no recibe remuneración por horas extras para laborar fuera de su horario establecido. Esta situación afecta las operaciones cotidianas de más de 50 agencias funerarias en la zona metropolitana de Puebla.

Los inconformes advirtieron que mantendrán el bloqueo vehicular de forma indefinida hasta que las autoridades estatales competentes intervengan para garantizar la operación continua de los juzgados del Registro Civil, señalando que la falta de sensibilidad institucional vulnera los derechos de los deudos que necesitan sepultar a sus seres queridos.

Cabe destacar que esta movilización ocurre apenas un par de días después de que el sector funerario solicitara formalmente mesas de diálogo con el gobierno estatal para resolver las deficiencias administrativas recurrentes en dichas oficinas, problemática que continúa sin una solución definitiva.

El gobierno del estado de Puebla contempla aplicar un programa de beneficios fiscales durante el ejercicio 2027, el cual prevé reducciones de hasta el 100 por ciento en multas y recargos para contribuyentes con adeudos estatales. La medida forma parte de las estrategias de regularización integradas en la iniciativa de Ley de Ingresos presentada recientemente ante el Congreso local.

La propuesta legislativa establece apoyos directos para los ciudadanos que presenten pendientes en materia de tenencia y control vehicular, así como en los impuestos sobre nómina, hospedaje y actividades relacionadas con apuestas y sorteos. Estos incentivos buscan facilitar la regularización financiera de los contribuyentes poblanos al inicio del próximo periodo fiscal.

De acuerdo con las disposiciones del proyecto, los adeudos generados en el periodo comprendido entre 2022 y 2025 podrán recibir una condonación total en los conceptos de multas y recargos. En el caso de obligaciones fiscales anteriores al año 2022, se proyecta un descuento del 60 por ciento sobre los recargos acumulados, además de la eliminación de los gastos de ejecución.

La normativa especifica que el programa no contempla beneficios ni reducciones para las infracciones viales detectadas mediante dispositivos tecnológicos, tales como las fotomultas. Asimismo, quedan excluidas las sanciones impuestas por el incumplimiento de la verificación vehicular obligatoria y determinadas multas de carácter judicial, electoral o administrativo.

Para acceder a estas reducciones, los interesados deberán cubrir el monto restante de sus obligaciones en una sola exhibición a través de la plataforma digital de la Secretaría de Finanzas. La aplicación definitiva de estas medidas quedará sujeta a la aprobación oficial por parte del Congreso del Estado tras la entrega del Paquete Económico 2027.

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