La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el precio de la gasolina Magna podría superar los treinta pesos por litro y el diésel alcanzar los treinta y cinco pesos si el Gobierno de México no mantuviera los estímulos fiscales y los acuerdos con el sector gasolinero. La mandataria explicó que estas medidas han amortiguado el impacto del encarecimiento internacional del petróleo derivado de los conflictos en Medio Oriente.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal detalló que la estrategia gubernamental consiste en reducir la carga fiscal mediante ajustes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, además de sostener convenios voluntarios con los empresarios del ramo. Estas acciones buscan evitar que un incremento desmedido en los combustibles afecte la cadena de suministro y genere una inflación generalizada.

Actualmente, los acuerdos establecidos con el sector privado contemplan mantener el precio de la gasolina regular por debajo de veinticuatro pesos por litro y el diésel en un parámetro competitivo. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que continuará realizando operativos de vigilancia para sancionar posibles abusos en la comercialización de gasolinas en distintas regiones del país.

Las autoridades federales señalaron que los estímulos fiscales continuarán aplicándose como una herramienta prioritaria para proteger la economía familiar y la estabilidad macroeconómica nacional. Se hizo un llamado a los consumidores para reportar cualquier irregularidad en los costos exhibidos por las estaciones de servicio autorizadas.

México avanza hacia una mayor adopción de pagos digitales luego de que el Senado aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca reducir el uso de efectivo y ampliar el acceso a herramientas financieras. El Pleno avaló el decreto en lo general con setenta y tres votos a favor y treinta y cuatro en contra, enviando el dictamen al Ejecutivo federal para su promulgación.

La nueva legislación plantea establecer un marco jurídico sólido para impulsar que los medios de pago electrónicos existentes sean utilizados de manera más amplia por personas, comercios y empresas en sus operaciones cotidianas. El objetivo central es cerrar la brecha entre la infraestructura financiera disponible y su aprovechamiento masivo en todo el territorio nacional.

Asimismo, la normativa busca favorecer la inclusión financiera de sectores que históricamente han enfrentado mayores barreras, tales como habitantes de zonas rurales, mujeres, personas con rezago educativo y comunidades indígenas. Durante el debate, legisladores recordaron que el país ya cuenta con plataformas operativas consolidadas como SPEI, CoDi y DiMo para facilitar las transferencias electrónicas.

Por su parte, legisladores de oposición expresaron reservas respecto al alcance de las nuevas disposiciones y el posible incremento en los mecanismos de fiscalización gubernamental. A pesar de los cuestionamientos, la legislación fue aprobada para impulsar la modernización de los sistemas de pago y fomentar la formalidad económica en el país.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en esquemas de contrataciones multimillonarias con proveedores de material electoral. La mandataria señaló que la autoridad electoral debe transparentar los procesos relacionados con la adquisición de papelería especializada, tintas y elementos de seguridad para los comicios.

Durante su pronunciamiento, la titular del Ejecutivo federal indicó que solicitará a la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre el funcionamiento de Talleres Gráficos de la Nación desde el inicio de la actual administración. Asimismo, planteó que las instancias fiscalizadoras correspondientes revisen el uso de los recursos públicos involucrados en dichos contratos.

La exigencia de transparencia busca disipar cualquier duda sobre los procedimientos de adjudicación llevados a cabo por el órgano electoral. La mandataria reiteró que es fundamental que las instituciones autónomas rindan cuentas claras a la ciudadanía cuando se señalan posibles anomalías en el manejo presupuestal.

El posicionamiento del gobierno federal pone bajo la lupa los convenios establecidos para la elaboración de insumos electorales esenciales. Se espera que en los próximos días el INE emita una postura oficial para responder a los cuestionamientos planteados desde el Poder Ejecutivo federal.