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Alerta EU sobre violaciones a derechos humanos en México

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El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que elementos de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales de México estuvieron involucrados en actos creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios, así como en la desaparición forzada de personas, tortura y trato degradante.

En el capítulo dedicado a México, el informe anual de derechos humanos 2021 sostiene que en el caso mexicano estos problemas persistieron a lo largo del año anterior, junto con condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arresto o detención arbitrarios; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas.

“Actos de corrupción, investigación insuficiente y rendición de cuentas por la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia doméstica y de pareja íntima; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad, y delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”, fueron enumerados en el reporte.
El Departamento de Estado hizo notar que la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción.

“Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales organizadas internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”, apuntó.

Asimismo, señaló que los elementos del crimen organizado, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, “lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación, particularmente dirigida a los grupos vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, indicó.

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Presentan nuevo informe del caso Ayotzinapa: suman 17 nuevos implicados y abren cuatro líneas de investigación

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CIUDAD DE MÉXICO. — A 12 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron un nuevo informe de avances que abre cuatro líneas de investigación prioritarias e identifica a 17 nuevas personas presuntamente vinculadas con los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El informe, presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, es resultado de un reanálisis integral de expedientes, registros telefónicos y dictámenes periciales acumulados a lo largo de más de una década. Entre los nuevos hallazgos, las autoridades señalaron la ubicación e inspección de una funeraria irregular en Iguala que operaba sin registros adecuados y que fungía como concesionaria del Servicio Médico Forense (SEMEFO) local, así como la revisión de su vínculo con la administración de un panteón y un presunto horno crematorio.

Asimismo, se dio a conocer el análisis de uso e interacción de teléfonos celulares pertenecientes a algunos estudiantes que continuaron registrando actividad posterior a la noche de la desaparición, la recuperación de material videográfico del Palacio de Justicia de Iguala y la reconstrucción de la posible ruta de los normalistas por las barandillas de la policía municipal. Las investigaciones recientes en el SEMEFO de Iguala permitieron además el aseguramiento de 23 indicios que se mantienen bajo dictamen pericial.

Durante la presentación se detalló que el expediente global acumula 162 investigaciones (divididas en 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales) y cuenta con 168 personas vinculadas a proceso, de las cuales 130 permanecen en prisión preventiva y 38 bajo otras medidas cautelares. Sin embargo, las familias de los 43 normalistas y organizaciones acompañantes señalaron que los anuncios se centran en recuentos numéricos y reiteraron su exigencia de profundizar en la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y el resguardo de archivos militares.

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Gobernador de Oaxaca señala a exalcaldesa de Acatlán de estar coludida con la delincuencia organizada

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OAXACA, Oax. — El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lanzó un contundente señalamiento en contra de la exalcaldesa del municipio poblano de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, a quien acusó de estar presuntamente coludida con grupos de la delincuencia organizada que operan en los límites territoriales entre los estados de Puebla y Oaxaca.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Palacio de Gobierno, Jara Cruz informó que ha advertido por segunda ocasión a su homólogo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sobre la problemática de inseguridad que impacta a los ciudadanos oaxaqueños al transitar por las carreteras poblanas. Señaló específicamente que el tramo de la carretera federal 190, que conecta a Acatlán de Osorio con Huajuapan de León, se ha convertido en una zona de alta incidencia delictiva por el constante registro de asaltos y robos.

El mandatario oaxaqueño detalló que los análisis de inteligencia elaborados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca identifican a dicho sector como un punto crítico donde operan células criminales bajo la presunta complicidad de autoridades locales de la pasada administración. En sus declaraciones, hizo hincapié en que la exmunícipe «Lupita Bárcenas», emanada del partido Morena, «sabía mucho» sobre la dinámica delictiva en la región colindante.

Cabe recordar que Guadalupe Lucero Bárcenas fue destituida de su cargo por el Congreso del Estado de Puebla el pasado 9 de septiembre de 2026. Ante este panorama, Jara Cruz reiteró el llamado al Gobierno de Puebla para fortalecer la coordinación operativa en la zona limítrofe y frenar el embate del crimen organizado en beneficio de la seguridad de ambas entidades.

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Infonavit Facilita El Pago De Créditos En Tiendas De Conveniencia Y Supermercados Sin Comisión

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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recordó a los acreditados que no es necesario acudir a una sucursal bancaria para realizar los pagos o abonos correspondientes a su financiamiento hipotecario. A través de diversos convenios institucionales, los trabajadores pueden efectuar depósitos directos a partir de 50 pesos en diversos establecimientos comerciales sin tener que pagar comisiones adicionales por la transacción.

Entre las cadenas comerciales y tiendas de autoservicio autorizadas para recibir estos pagos se encuentran establecimientos de alta presencia como OXXO, Bodega Aurrera, Mega Soriana, Go Mart, La Comer, Tiendas 3B y Selecto Chedraui, además de otros comercios locales afiliados. Esta modalidad busca facilitar el cumplimiento oportuno de las mensualidades o permitir la realización de aportaciones voluntarias que reduzcan la deuda.

Además de las alternativas presenciales, el Infonavit cuenta con esquemas de pago digitales que incluyen transferencias interbancarias y portales en línea para pagos con tarjeta de débito o crédito. Asimismo, el organismo dispone de mecanismos especiales para aquellos trabajadores que residen y laboran en Estados Unidos pero desean mantener al corriente el crédito de su vivienda en territorio mexicano.

Para conocer con exactitud la cifra que deben cubrir o revisar el saldo acumulado, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma digital Mi Cuenta Infonavit. Dentro de la sección «Tengo un crédito» y posteriormente en el apartado «Saldos y movimientos», los usuarios tienen acceso detallado a su estado de cuenta mensual, donde se desglosan todos los abonos aplicados de forma transparente.

El instituto precisó que cada mensualidad pagada se distribuye en diferentes rubros de acuerdo con las condiciones financieras del contrato. Una fracción del dinero aportado se va directamente al pago de capital para reducir la deuda original, mientras que otra parte cubre los intereses generados, además de los seguros asociados a la vivienda e impuestos o cuotas administrativas aplicables.

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