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Protestan por el operativo ambulantes llaman al dialogo

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Bajo la consigna ¡Queremos trabajar, no somos delincuentes! fue como comerciantes informales que se instalan en las calles 8 y 10 Poniente del Centro Histórico de Puebla exigieron al gobierno municipal sostener una mesa de diálogo luego de que se les impidió realizar su actividad este lunes.

En rueda de prensa, Verónica Camarillo, señaló que son más de 150 los vendedores afectados y lamentó que las autoridades los traten como «delincuentes» pues desplegó un alto número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que colocarán sus puestos.

Señaló que el Secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, nunca les comunicó de las zonas en la periferia que tiene previstas para el reordenamiento de los ambulantes del primer cuadro de la ciudad.

También acusó que no les recibieron el padrón que les fue solicitado a principios del mes de noviembre para incluirlos en la bolsa de trabajo.
Camarillo recalcó que han acatado las órdenes de la Secretaría de Gobernación Municipal de no instalarse sobre el corredor 5 de Mayo, pero advirtió que no se van a retirar de las calles 8 y 10 Poniente hasta que les ofrezcan alternativas y estrategias para su ordenamiento.

Ni rateros, ni narcomenudistas, ni delincuentes; sólo somos comerciantes que tenemos la necesidad de trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares. Queremos diálogo, sin entrar en conflicto, pues no buscamos conflicto. Simplemente queremos trabajar y que esto llegue a oídos del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Somos gente de trabajo que nos ganamos el pan cada día. Ahorita, hasta que haya una solución, veremos qué hacer; no nos vamos a mover», expuso.

Este día, el ayuntamiento de Puebla en coordinación con el Gobierno del Estado realizó un operativo en las calles 8, 10 y 12 Poniente, de la 7 a la 2 Norte, así como en sobre las calles 3 y 5 Norte, de la 8 a la 12 Poniente, con el objetivo de inhibir la presencia del comercio informal.

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Universidad Iberoamericana Puebla destaca en el concurso editorial Puebla 500 con tres académicos galardonados

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PUEBLA, PUE. — Académicos del cuerpo docente de la Universidad Iberoamericana Puebla resultaron galardonados en el certamen «Puebla 500 Fondo Editorial», una iniciativa impulsada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP). El certamen literario y académico tiene como propósito la recopilación e impresión de obras inéditas de autores locales en el marco conmemorativo por el quinto centenario de la fundación de la Angelópolis.

Entre los universitarios galardonados destaca el docente de Literatura Guillermo Garay Torillo, quien obtuvo la distinción en la categoría de Biografía gracias a su obra titulada Voces bajo la ciudad. El trabajo reúne testimonios, diálogos e historias de vida de ciudadanos locales que han presenciado sucesos significativos en la capital, concebido por el autor como un proyecto historiográfico de memoria colectiva construido «de la ciudad para la ciudad».

Por su parte, en la categoría de Ensayo, el docente Juan Pablo Aguilar Martínez, adscrito al Departamento de Humanidades, fue distinguido por su manuscrito Aquiles y el Cursor, además de presentar el trabajo Tramas y urdimbres. Dicho texto expone un análisis sociológico y narrativo sobre las trayectorias de tres estudiantes universitarios procedentes de comunidades rurales e indígenas, documentando su integración al entorno académico de la capital.

Finalmente, la académica y egresada Claudia Vázquez Catrip también alcanzó el primer lugar en la categoría de Biografía. Su obra aborda las complejidades socioculturales de los estudiantes al insertarse en el nivel superior, buscando visibilizar la diversidad de los contextos de origen, la empatía y la integración comunitaria. Las obras seleccionadas por el jurado calificador formarán parte del catálogo conmemorativo oficial que editará el IMACP para la difusión del patrimonio cultural y literario del municipio.

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Cabildo de Puebla aprueba nueve viviendas para víctimas de la explosión de Xochimehuacan a cinco años de la tragedia

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PUEBLA, PUE. — El Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó por unanimidad de votos la edificación de nueve viviendas destinadas a familias damnificadas por la explosión provocada por una toma clandestina de gas LP en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, ocurrida el 31 de octubre de 2021. El acuerdo busca dar cumplimiento formal a la recomendación 169/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de reparar el daño patrimonial a los afectados.

Durante la sesión ordinaria, la Sindicatura Municipal recordó que el siniestro dejó un saldo de cinco personas fallecidas, 11 lesionadas y más de dos mil habitantes evacuados, además de la destrucción total de múltiples inmuebles. Las nueve casas aprobadas por el cuerpo edilicio se integrarán al paquete de 50 inmuebles que entregó la administración estatal en 2022. Aunque proyectos previos contemplaban la colonia San Aparicio Las Fuentes como la zona para la edificación de las viviendas de dos plantas, las autoridades municipales vigentes no dieron a conocer el monto de inversión asignado ni los plazos definitivos de ejecución.

En la misma sesión de Cabildo, los regidores avalaron la exención de diversos cobros municipales a los beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar. La medida contempla apoyos fiscales para eliminar el costo de licencias de uso de suelo, dictámenes de impacto ambiental, alineamiento, asignación de número oficial y certificaciones de integración vial, facilitando el desarrollo de los complejos proyectados en el municipio.

La iniciativa gubernamental contempla la meta total de construir mil 344 soluciones habitacionales en la capital poblana, repartidas entre la colonia Lomas de San Miguel y la zona de Villa Verde. Durante el debate legislativo local, las bancadas abordaron además el presupuesto del estado financiero de la comuna, aprobando por mayoría los dictámenes correspondientes tras saldar discrepancias sobre las partidas asignadas a la comunicación social y las inversiones en infraestructura del municipio.

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Congreso de Puebla evaluará reforma para exigir exámenes toxicológicos a candidatos electorales

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PUEBLA, PUE. — La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla analizará la viabilidad jurídica para implementar de manera obligatoria la aplicación de pruebas de escrutinio toxicológico (antidoping) a los aspirantes a cargos de elección popular. La medida busca ser integrada en el marco de la legislación local previo al arranque del proceso electoral del año 2027, según lo confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez.

El legislador explicó que previamente la propuesta se había contemplado bajo la figura de un exhorto preventivo hacia los partidos políticos para que lo incluyeran de forma interna. Sin embargo, tras coincidir con planteamientos del Gabinete estatal, el Congreso evaluará elevar dicha disposición a un rango legal, al ser considerada una política pública en materia de prevención, control y seguridad ciudadana dentro de los filtros para la función pública.

Para concretar el dictamen, la Junta de Gobierno prevé la conformación de mesas de trabajo multidisciplinarias e interinstitucionales donde participarán representantes del área jurídica del Poder Ejecutivo estatal. Paralelamente a esta iniciativa, la dirigencia del Poder Legislativo hizo un llamado para que los institutos políticos procedan con responsabilidad ética y apliquen controles rigurosos de selección interna mientras se define el marco normativo.

De manera complementaria, el presidente de la Junta de Gobierno abordó la regulación en materia de propaganda política, específicamente sobre la pinta de bardas realizada por actores políticos locales. Gaspar Ramírez aclaró que la rotulación de espacios no incurre en infracciones cuando media la autorización expresa del propietario; no obstante, advirtió que el Congreso colaborará con el Instituto Electoral del Estado (IEE) para revisar el reglamento actual y sancionar cualquier intervención sin permiso que vulnere la legislación vigente.

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