La Comisión de Desarrollo Rural del Congreso, que preside el diputado Pável Gaspar Ramírez, aprobó el proyecto de acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad, en el ámbito de su competencia, fortalezcan las acciones de prevención de la plaga de gusano cogollero.

Lo anterior, priorizando las regiones que han presentado alertas fitosanitarias durante los años 2024 y 2025, con el fin de proteger la producción agrícola, el ingreso de las familias campesinas y la seguridad alimentaria del Estado.

El proyecto de acuerdo fue elaborado con la propuesta del diputado Julio Miguel Huerta Gómez.

Al respecto, la diputada Laura Guadalupe Vargas expuso que el maíz y el sorgo se enfrentan a diferentes plagas y es importante que los comités de sanidad implementen estrategias para mitigar y atender el problema.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Modesta Delgado Juárez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Floricel González Méndez y Araceli Celestino Rosas, así como los diputados Pável Gaspar Ramírez, Marcos Castro Martínez y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.

La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla informó que dará seguimiento al caso del comunicador Josué Martínez Contreras, quien fue asesinado en San Martín Texmelucan. La dependencia señaló que, tras los hechos, activó los protocolos correspondientes y mantiene comunicación permanente con los familiares de la víctima.

De acuerdo con un comunicado oficial, la directora general de Derechos Humanos de la Segob, Paola Angon Silva, condenó lo ocurrido este jueves y afirmó que la dependencia acompañará el seguimiento del caso, además de expresar su confianza en que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.

La funcionaria indicó que el Gobierno del Estado mantiene acercamiento con los familiares de Josué Martínez Contreras como parte de las acciones emprendidas tras el homicidio.

En el comunicado, Paola Angon también señaló que existe confianza en que el caso no quede impune y reiteró el compromiso de la administración estatal con el respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos.

“Mantenemos el compromiso, como lo ha indicado el gobernador Alejandro Armenta Mier, de trabajo con trato digno, con respeto a la libertad de expresión en todas sus formas, así como respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los poblanos”, expresó la funcionaria.

PUEBLA, PUEBLA. — La limpia en los ayuntamientos poblanos ha escalado de nivel. Las investigaciones por presuntos nexos con la delincuencia organizada ya no se limitan a mandos policiales de nivel medio; ahora, múltiples presidentes municipales se encuentran bajo la mira de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Así lo reveló el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, quien prefirió reservar los nombres de los alcaldes e implicados para no entorpecer los procesos judiciales en curso.

Las líneas de investigación: Del robo de carga al encubrimiento

La hipótesis central de las autoridades apunta a una red de complicidad y omisión institucional. Según el secretario, se indaga si ciertos ediles facilitaron o protegieron las operaciones de células delictivas dedicadas a:

• El robo de transporte de carga en carreteras estatales y federales.
• El desmantelamiento de vehículos con reporte de robo.
• La distribución y comercialización de mercancía robada.

Para combatir este ecosistema criminal, la SSP mantiene un despliegue coordinado con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Blindaje electoral: Revisarán antecedentes de candidatos

La infiltración del crimen en los gobiernos locales ha encendido las alarmas en el Congreso del Estado. Sánchez González dio a conocer que, tras una mesa de trabajo con legisladores locales el pasado 8 de julio, se planteó formalmente que la SSP participe activamente en la revisión de antecedentes de los futuros candidatos a cargos de elección popular.

«La dependencia cuenta con la capacidad de realizar investigaciones responsables y aportar información clave para que los partidos políticos eviten postular a perfiles vinculados a la delincuencia», detalló el funcionario.