El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, denunció públicamente que la jornada de bloqueos que paralizó ocho puntos estratégicos de la Zona Metropolitana fue una acción coordinada y orquestada por un grupo de personas armadas y encapuchadas que presuntamente fueron contratadas por hora para hacerse pasar por familiares de internos.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que los manifestantes se negaron sistemáticamente a entablar mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y que su retiro se dio de manera sincronizada al concluir el tiempo por el cual habrían sido financiados, advirtiendo que las áreas de inteligencia ya tienen identificados a los autores intelectuales detrás de estas movilizaciones.

Ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades, cobros de piso y extorsiones al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, Armenta Mier anunció que se llevará a cabo una revisión profunda y exhaustiva en los centros penitenciarios del estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y corporaciones federales de inteligencia.

Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal confirmó que se solicitará el análisis de perfiles para concretar el traslado inmediato de internos de alta peligrosidad identificados por los inconformes, reiterando el compromiso de su administración para aplicar la ley y garantizar el orden público sin ceder ante presiones de grupos externos.

María Guadalupe Daniel Hernández, expresidenta municipal de Cuautlancingo, rechazó de manera categórica la resolución administrativa que contempla su inhabilitación por un periodo de 10 años, denunciando públicamente que se trata de un acto de persecución política orquestado para obstaculizar sus aspiraciones y limpiar el camino rumbo a los comicios electorales de 2027.

En conferencia de prensa, la exfuncionaria sostuvo que el procedimiento jurídico en su contra deriva de la adquisición de dos predios durante su gestión municipal comprendida entre los periodos de 2018 a 2021, cuya legalidad defendió al argumentar que cuentan con sus respectivas escrituras notariales. Daniel Hernández detalló que de una operación total de más de 7 millones de pesos, quedaron pendientes pagos menores correspondientes a terrenos destinados a corralón y resguardo vehicular, cuya liquidación —aseguró— corresponde cubrir a la actual administración municipal encabezada por Omar Muñoz.

Como parte de su estrategia legal, la exalcaldesa presentó una constancia expedida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal que avala la ausencia de inhabilitaciones vigentes al momento, confirmando además que interpuso los recursos de impugnación correspondientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa para echar abajo la sanción económica y la medida restrictiva temporal.

Finalmente, la exmandataria municipal confirmó su registro reciente dentro del proceso interno del partido Morena para buscar nuevamente la candidatura a la presidencia municipal de Cuautlancingo, vinculando los ataques recientes con conflictos políticos locales y denunciando presuntas amenazas directas en contra suya y de su círculo familiar.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla dio inicio oficial al periodo de registro para ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse a cargos de elección popular bajo la figura de candidaturas independientes de cara al proceso electoral local ordinario 2026-2027.

De acuerdo con los lineamientos aprobados, el plazo para manifestar la intención formal de competir abarcara un periodo de 25 días, concluyendo el próximo 5 de diciembre. La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que deseen contender por una diputación local por el principio de mayoría relativa o bien integrar alguno de los ayuntamientos en los distintos municipios de la entidad sin el respaldo de partidos políticos.

Entre los requisitos fundamentales establecidos por la autoridad electoral destaca la presentación de una copia certificada ante notario público del acta constitutiva de la asociación civil que representará formalmente al aspirante, entidad jurídica indispensable para la apertura de cuentas bancarias y el manejo transparente de los recursos financieros destinados a la búsqueda del respaldo ciudadano.

Asimismo, el organismo comicial estableció modificaciones reglamentarias enfocadas en transparentar los topes de gastos de campaña para la etapa de captación de firmas de apoyo, así como los límites máximos permitidos de aportaciones económicas de simpatizantes, exhortando a los interesados a revisar detalladamente la convocatoria en los portales oficiales del instituto.