PUEBLA, Pue. — El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, concluyó la etapa de evaluación de las 47 producciones audiovisuales inscritas en el concurso “Por una Capital Sin Corrupción”. Esta iniciativa tuvo como propósito central incentivar la participación activa de las juventudes y promover la cultura de la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia a través del lenguaje cinematográfico.

La convocatoria estuvo dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años residentes del municipio, quienes presentaron propuestas creativas enfocadas en concientizar sobre el combate a la corrupción. El proceso de revisión se desarrolló bajo estrictos parámetros de certeza institucional, contando con la presencia de la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, quien fungió como testigo de honor para validar la legalidad del certamen.

El jurado calificador estuvo integrado por un comité plural con representantes de medios de comunicación, la academia y la sociedad civil organizada. Entre los evaluadores destacaron titulares de portales informativos locales, mandos de instituciones de educación superior, la presidencia del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, así como el regidor presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento.

Las autoridades municipales informaron que el dictamen final con los tres cortometrajes ganadores será publicado el próximo 23 de septiembre en los canales oficiales del Ayuntamiento. Los proyectos seleccionados obtendrán incentivos económicos de 20 mil pesos para el primer lugar, 15 mil pesos para el segundo y 10 mil pesos para el tercer puesto.

Con este tipo de certámenes, la administración encabezada por Pepe Chedraui busca consolidar el arte y los medios audiovisuales como herramientas de prevención social. La estrategia apunta a involucrar directamente a la juventud poblana en la construcción de una gestión pública transparente y cercana a los valores cívicos.

PUEBLA, Pue. — El Gobierno del Estado de Puebla formalizó la puesta en marcha de los trabajos de rehabilitación y ampliación en la carretera Puebla-Canoa, una de las vías de comunicación de mayor tránsito de la capital. La obra quedará asentada formalmente a través del proceso de licitación pública identificado con la clave SPFA-OP-LPE-2026-075, de acuerdo con las especificaciones difundidas por la administración estatal.

El cronograma oficial establece que el fallo para seleccionar a la empresa constructora responsable se dará a conocer el próximo 29 de septiembre. Una vez adjudicado el contrato, las labores físicas comenzarán formalmente el 30 de septiembre, contando con un periodo de ejecución de 90 días naturales, por lo que la fecha límite fijada para la entrega de la infraestructura es el 28 de diciembre del presente año.

Las especificaciones técnicas estipulan que el proyecto abarcará una intervención total con concreto asfáltico en el tramo comprendido entre el kilómetro 0+000 y el 6+032.19. Esta trayectoria atraviesa puntos de alta densidad de población en el municipio de Puebla, incluyendo las localidades de La Resurrección y Jorge Obispo, las cuales registrarán mejoras de flujo vehicular y seguridad vial.

Aunque las autoridades estatales no han detallado el costo final de la inversión pública, los pliegos de la licitación exigen que la empresa licitante demuestre una capacidad financiera mínima de 20.7 millones de pesos para garantizar la viabilidad técnica y operativa del proyecto durante su periodo de desarrollo.

Esta intervención vial se suma a los compromisos asumidos por el Ejecutivo Estatal para el mejoramiento de calles y tramos secundarios dentro de la zona conurbada de la capital. Según lo proyectado por la administración, la atención a solicitudes comunitarias para la pavimentación de vialidades locales se mantendrá de forma progresiva hasta el año 2027.

Autoridades identifican que la filtración de datos permitía a grupos delictivos conocer rutas, horarios y tipos de carga en la zona de Esperanza.

Redacción HMX: A través de labores de vigilancia, halconeo y el envío de «pitazos» a bandas dedicadas al robo de carga, personal dentro de Caminos y Puentes Federales (Capufe) favorecía el despojo de mercancías a transportistas. Así lo revelaron fuentes cercanas a las investigaciones tras la aprehensión de una empleada de dicho organismo y del exalcalde de Esperanza, Isaac N.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la presencia de personal infiltrado en puntos clave del trayecto permitía a las organizaciones criminales obtener información detallada sobre los itinerarios y tipos de cargamentos. La zona con mayor impacto se concentraba en la autopista Puebla-Orizaba, concretamente a la altura del municipio de Esperanza, un tramo catalogado como crítico para el transporte de carga.

Ante esta problemática, Jonathan Carlos Amaro Hernández, doctor en Derecho e investigador, señaló que la rotación constante del personal en este tipo de instituciones resulta clave para neutralizar los riesgos de colusión, ya sea por complicidad voluntaria o por coerción.

El especialista detalló que, a la par de la rotación, se requieren esquemas permanentes de supervisión para detectar posibles nexos entre los trabajadores y los grupos delictivos, de manera particular en áreas organizativas con acceso a datos sensibles sobre el flujo vehicular.

Amaro Hernández explicó que el interés de las bandas criminales por cooptar personal de organismos como Capufe responde al carácter estratégico de Puebla, al ser una entidad que conecta el centro con el norte y el sur del país.

«Nuestro estado es una conexión para todo el país; son muchas peculiaridades. Este fenómeno de involucramiento de autoridades, servidores públicos y trabajadores de dependencias, así como de corporaciones policiales, es algo que se ha ido recrudeciendo junto con el robo a unidades de carga y es algo preocupante porque ahora también los presidentes municipales están involucrándose de forma hasta más abierta y descarada», advirtió el especialista. 

Respecto al destino de lo robado, indicó que la mayoría de los productos son comercializados posteriormente en tianguis de comunidades pequeñas. De esta forma, las mercancías se introducen al mercado a un precio inferior al comercial sin pasar por revisiones ni controles sobre su origen.

El investigador comparó la situación con lo que ocurre en diversas corporaciones policiales, destacando que en Capufe existen trabajadores que operan bajo amenazas bajo el esquema de «plata o plomo», mientras que otros se suman por decisión propia atraídos por altos ingresos económicos.

«Es común que los grupos delincuenciales traten de presionar a los servidores públicos que trabajan en este tipo de organismos, dado que los criminales tienen poder económico y de violencia; entonces, o reciben dinero o los matan. Es así como obtienen información sobre qué tipo de camiones pasan, características de los tráileres, tipo de cargas y demás», detalló. 

Como alternativa de solución, planteó replicar esquemas como el del Poder Judicial, donde los jueces de distrito o federales son movidos periódicamente de adscripción o incluso de circuito geográfico para inhibir este tipo de dinámicas. Asimismo, propuso incrementar la presencia de elementos militares o de la Guardia Nacional en las plazas de cobro para resguardar las instalaciones y disuadir la aproximación de grupos delictivos.

Cabe señalar que el pasado 17 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González, confirmó la participación de personal de Capufe con la estructura criminal dedicada al robo en carretera, en la cual también se vincula a los exediles de Tepeyahualco y Esperanza, Said N. e Isaac N.

El funcionario estatal subrayó que el arresto de estos expresidentes municipales marca el comienzo de las acciones para desarticular la red delictiva que operaba en los límites con Veracruz, y confirmó que se mantendrá el monitoreo de los índices delictivos en la zona tras el despliegue de refuerzos policiales.