El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la violencia del crimen organizado provoca cierre de escuelas, deserción y reclutamiento de menores de edad en México, además de afectar la salud y el bienestar de las comunidades, de acuerdo con sus observaciones finales difundidas este jueves 19 de noviembre de 2026.
En el documento aprobado el 13 de noviembre tras revisar el séptimo informe periódico de México —evaluado los días 4 y 5 de noviembre en Ginebra, Suiza—, el organismo internacional señaló que las amenazas, extorsiones y hechos violentos de grupos delictivos generan desplazamientos forzados, pérdida de empleos, viviendas y medios de sustento, e interfieren con servicios públicos esenciales.
El comité subrayó que el cierre de planteles y la inseguridad limitan el acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación, al tiempo que expresó preocupación por el reclutamiento y uso de menores por parte de organizaciones criminales, así como por casos de desaparición, explotación sexual y trata de personas, advirtiendo que no siempre se les reconoce ni atiende plenamente como víctimas.
Asimismo, el órgano de Naciones Unidas alertó sobre la interrupción de servicios médicos —incluidas campañas de vacunación y tratamientos especializados— en zonas afectadas por la inseguridad y pidió garantizar la continuidad de los servicios esenciales, evaluar el impacto regional de la violencia sobre poblaciones vulnerables y dar seguimiento oportuno a denuncias e investigaciones sobre posibles vínculos de servidores públicos con grupos delictivos.
Entre sus recomendaciones, el comité instó al Estado mexicano a consolidar una política nacional de prevención del reclutamiento infantil con enfoque comunitario y a priorizar las investigaciones sobre delitos contra la infancia y la adolescencia; durante la revisión en Ginebra, la delegación mexicana expuso las acciones emprendidas contra la delincuencia organizada y mencionó reformas legales aprobadas en octubre de 2026 para prohibir el reclutamiento forzado de menores.