Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional —encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, debido a la gira internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Foro APEC en China—, el Gobierno Federal anunció la publicación de un nuevo decreto presidencial enfocado en reestructurar y blindar las operaciones de los Talleres Gráficos de México.
La funcionaria federal detalló que este organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, cumple una función estratégica fundamental al proveer servicios editoriales, de artes gráficas e impresión de documentos de alta seguridad para los sectores público, social y privado. Entre sus responsabilidades destacan la elaboración de credenciales oficiales, certificados y material documental de identificación con estrictos estándares de secrecía y autenticidad.
El eje central del decreto radica en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y fiscalización mediante una profunda reestructuración de su Junta de Gobierno, la cual estará integrada a partir de ahora por siete miembros. Destaca la inclusión de tres consejeros independientes provenientes de prestigiosas instituciones educativas del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey, garantizando un escrutinio técnico y ciudadano.
Asimismo, la estrategia gubernamental contempla una segunda fase operativa que se desarrollará entre julio de 2027 y el año 2030, cuyo propósito principal será la formulación de una nueva Ley de la Imprenta Nacional de México. Esta normatividad otorgará al organismo un mandato exclusivo enfocado en la producción de documentación electoral, material cívico y registros de seguridad nacional bajo estrictas normativas de probidad.
Finalmente, el plan integral incluye la modernización tecnológica de la infraestructura industrial y la creación de un almacén nacional destinado a la reutilización y rehabilitación eficiente de materiales electorales. Con estas acciones, la administración federal busca consolidar una institución más austera, transparente y blindada contra prácticas de opacidad en la impresión de documentos oficiales para el país.