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El costo oculto de la estabilidad energética en Pemex y CFE y su impacto en la economía nacional

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La aparente estabilidad en los precios de la gasolina y las tarifas eléctricas en México oculta un costo financiero significativo que recae sobre las finanzas públicas, el crédito y el ahorro nacional. Durante su reciente comparecencia ante el Senado el pasado 12 de noviembre, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro y el diésel por debajo de los 27 pesos, además de presumir una reducción del 27 por ciento en la deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicándola en 77 mil 600 millones de dólares.

Sin embargo, el análisis económico revela que contener los precios de los combustibles requiere sacrificios fiscales considerables, principalmente a través de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) o ajustes asumidos por las propias empresas productivas del Estado. Cuando la Secretaría de Hacienda reduce este impuesto para evitar presiones inflacionarias, deja de recaudar ingresos vitales para la Tesorería, generando un costo de oportunidad fiscal que termina beneficiando de manera desigual a quienes poseen vehículos frente a los hogares que dependen del transporte público.

En el sector eléctrico, el impacto presupuestal es aún más evidente, pues el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 destinó alrededor de 92 mil 658 millones de pesos para subsidios tarifarios y apoyos al pago de adeudos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Si bien subsidiar el consumo básico protege a las familias de menores ingresos, destinar decenas de miles de millones de pesos a sostener tarifas sin fortalecer las redes de transmisión y generación limita la capacidad del país para atraer inversiones industriales que demandan certeza energética a largo plazo.

Respecto a Pemex, aunque el procesamiento de crudo aumentó a un millón 107 mil barriles diarios, la reducción de su deuda responde en gran medida al respaldo financiero del gobierno federal mediante aportaciones y refinanciamientos, más que a una rentabilidad autosuficiente. Mantener este andamiaje energético absorbe recursos de un presupuesto finito que compite directamente con áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura hidráulica.

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