El gobierno de Estados Unidos ha respondido tan solo a la mitad de las solicitudes formales de información y asistencia consular emitidas por las autoridades mexicanas en casos de migrantes fallecidos en la frontera norte. Esta situación genera una creciente preocupación en el ámbito diplomático y de derechos humanos ante la falta de agilidad y transparencia en la repatriación y esclarecimiento de los decesos ocurridos durante los cruces irregulares.
De acuerdo con reportes oficiales dados a conocer en el marco de la cooperación bilateral, la cancillería mexicana ha insistido reiteradamente en la urgencia de agilizar los protocolos forenses y la entrega de expedientes detallados. Sin embargo, las respuestas por parte de las agencias de seguridad y procuración de justicia estadounidense suelen demorar meses o quedar incompletas, obstaculizando el proceso de duelo y la identificación plena de las víctimas por parte de sus familias.
Organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes han señalado que el rezago en la atención a estos casos evidencia vacíos estructurales en la rendición de cuentas de las corporaciones fronterizas. Asimismo, advierten que la falta de respuestas claras perpetúa la impunidad en incidentes donde el uso de la fuerza o la omisión de auxilio médico por parte de agentes estadounidenses han sido señalados como factores determinantes en las muertes.
Por su parte, el gobierno federal mexicano ha reiterado que continuará exigiendo a través de la red consular un canal de comunicación más eficiente y obligatorio para esclarecer cada uno de los fallecimientos. La exigencia incluye no solo el acceso oportuno a los dictámenes forenses, sino también la garantía de que se finquen responsabilidades legales cuando existan indicios de abuso de autoridad en la franja fronteriza.
La persistencia de este rezago diplomático mantiene bajo tensión un rubro fundamental de la agenda binacional, donde la protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de los connacionales en el extranjero continúan siendo demandas centrales de las autoridades y la sociedad civil en México.