Áreas de inteligencia del gobierno estatal y corporaciones policiales de Puebla abrieron una línea de investigación para esclarecer el presunto financiamiento criminal detrás de la jornada de bloqueos que paralizó diversos puntos estratégicos de la capital y la zona metropolitana, señalando de manera directa a la banda delictiva conocida como ‘Los Toscano’.
Según los reportes recabados por las agencias de seguridad, la organización delictiva habría destinado recursos económicos para ofrecer un pago de 400 pesos a cada persona que participó en las protestas, las cuales se presentaron públicamente como movilizaciones de familiares de personas privadas de la libertad recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Durante las protestas, los manifestantes bloquearon vialidades críticas como el Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl, la autopista México-Puebla, el bulevar 5 de Mayo, así como accesos importantes hacia Atlixco y el Centro Histórico, denunciando presuntas extorsiones, amenazas, cobros ilegales y agresiones al interior del penal de San Miguel, además de exigir la destitución del director del centro penitenciario.
Las indagatorias policiales señalan que ‘Los Toscano’, un grupo dedicado al narcomenudeo, la extorsión de mercados y tianguis, y que históricamente ha buscado recuperar el control de los negocios ilícitos y el autogobierno al interior del penal, habrían aprovechado las demandas legítimas de los familiares para orquestar y escalar las afectaciones a la movilidad urbana en la entidad.
Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) implementaron operativos de contención y abrieron mesas de negociación que permitieron desactivar los puntos de conflicto y restablecer paulatinamente el orden público en coordinación con las autoridades municipales y estatales.
