Durante su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que el Gobierno de México no comparte la postura ni el término de «terrorismo» con el que Estados Unidos pretende clasificar a los cárteles del narcotráfico. La mandataria federal argumentó que, bajo el marco legal mexicano y el Código Nacional de Procedimientos Penales, las actividades ilícitas cometidas por estas estructuras criminales están tipificadas formalmente como delitos de delincuencia organizada, los cuales son investigados y perseguidos por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Sheinbaum Pardo enfatizó que la administración federal mantiene una definición distinta sobre lo que constituye un acto terrorista, por lo que la designación emitida por Washington carece de validez jurídica en el territorio nacional. Asimismo, recordó que ante las pretensiones y declaraciones del gobierno estadounidense, el Estado mexicano promovió modificaciones constitucionales en los artículos 19 y 40, blindando la soberanía del país y estableciendo límites estrictos frente a cualquier intento de intervención extranjera sin el consentimiento expreso de las autoridades locales.

La titular del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que la clasificación implementada en el extranjero de ninguna manera otorga una licencia o facultad legal para que fuerzas o agencias internacionales actúen unilateralmente en México. En este sentido, reafirmó que la relación bilateral debe basarse estrictamente en esquemas de cooperación y colaboración institucional, descartando por completo cualquier atisbo de subordinación por parte de la nación mexicana ante presiones externas.

Finalmente, la mandataria reiteró que el combate frontal a la criminalidad se mantendrá bajo la estrategia nacional de seguridad, priorizando la inteligencia, la investigación financiera y la coordinación entre las corporaciones de seguridad pública sin vulnerar los principios constitucionales. Con esta postura, el gobierno federal busca fijar una línea clara en materia de seguridad nacional, defendiendo la autonomía del sistema de justicia mexicano frente a las políticas de seguridad exterior promovidas por los Estados Unidos.