El coordinador de Gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, rechazó de manera categórica que exista una persecución política o uso faccioso de las instituciones en contra del exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez, tras darse a conocer la inhabilitación por 15 años y una multa millonaria impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial de Puebla. El funcionario calificó de infundadas las acusaciones de la oposición y recordó que el Poder Judicial opera de forma autónoma respecto al Ejecutivo estatal.
García Parra enfatizó que desde el año pasado el gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó públicamente a los exservidores públicos municipales a solventar sus observaciones ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para mantener la transparencia en sus gestiones. Sostuvo que la administración estatal se mantiene al margen de los procedimientos de fiscalización y que las resoluciones derivan estrictamente del marco legal e institucional aplicable a la revisión de cuentas públicas.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier descartó cualquier sesgo de persecución u omisión en este proceso y confirmó que mantiene comunicación abierta con el exedil, anunciando que se reunirá con él en los próximos días como parte de su disposición al diálogo con los actores políticos de la entidad. El mandatario reiteró que vigilará que ningún órgano de fiscalización sea utilizado con fines políticos, garantizando la imparcialidad institucional en el estado.
La controversia cobró relevancia de cara al inicio del proceso electoral de 2027, periodo en el que la posible participación de actores políticos sancionados ha generado debate entre las distintas fuerzas partidistas. Mientras la oposición defiende la presunción de inocencia de Rivera Pérez y cuestiona los tiempos de la resolución judicial, el exalcalde confirmó que impugnará la sanción ante las instancias legales correspondientes para defender sus derechos políticos.
