El mediocampista de la Selección Mexicana y jugador del West Ham United, Edson Álvarez, enfrenta nuevos señalamientos públicos por parte de su exproductor Juan José López Ordóñez, quien lo vincula presuntamente con una red de falsificación de documentos sanitarios. De acuerdo con las declaraciones difundidas en diversos medios informativos, el deportista habría estado relacionado con la emisión irregular de certificados de vacunación durante la pandemia.
El denunciante aseguró que la supuesta red operaba mediante una plataforma digital denominada “Resistencia”, a través de la cual se alteraban los registros oficiales del sector salud para generar constancias apócrifas con códigos QR, firmas y folios auténticos. Según la versión del exproductor, cada documento se comercializaba en sumas cercanas a los quinientos dólares, acumulando la emisión de más de 27 mil comprobantes falsos desde oficinas ubicadas en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.
Asimismo, López Ordóñez afirmó que el seleccionado nacional habría utilizado uno de estos documentos falsificados para poder viajar y disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el combinado azteca. Sin embargo, hasta el cierre de los reportes informativos, no se han presentado pruebas públicas concluyentes ni existe una investigación judicial formal que corrobore la existencia de dicha red de falsificación o la participación directa del futbolista en la misma.
Las acusaciones se enmarcan en una disputa de carácter legal y financiero entre el deportista y su antiguo colaborador, quien reclama el pago de un presunto adeudo monetario derivado de un proyecto audiovisual inconcluso. Ante este escenario, los representantes legales del jugador han rechazado categóricamente los señalamientos previos, exigiendo que cualquier imputación sea presentada con elementos probatorios ante las instancias competentes de procuración de justicia.
El caso continúa generando polémica en el ámbito deportivo y de espectáculos debido a la relevancia del implicado y a la naturaleza de las acusaciones ventiladas en los medios de comunicación. Serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar si existen fundamentos legales para abrir una carpeta de investigación formal sobre los supuestos certificados apócrifos.
