Tras registrarse por segunda ocasión el rechazo de la base trabajadora de la planta de Volkswagen de México ante la propuesta de incremento salarial dictada por la directiva, las autoridades de la administración pública federal intervinieron de manera preventiva para instar a ambas partes a mantener abiertas las vías institucionales de negociación. La determinación del personal sindicalizado encendió las alarmas dentro del sector industrial del estado de Puebla, ya que el calendario marca el próximo 22 de octubre como la fecha límite para la suspensión general de labores en caso de no concretarse un acuerdo de carácter colectivo.
La postura oficial fue emitida a través de un pronunciamiento emitido en conjunto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). En dicho comunicado, las dependencias reiteraron su disposición para acompañar de manera permanente el proceso de mediación con la intención de salvaguardar los derechos laborales del personal, al mismo tiempo que se busca salvaguardar la estabilidad operativa de una de las plantas ensambladoras de mayor relevancia para la economía del país.
El escenario actual derivó de la consulta interna en la que participaron 5 mil 608 integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (SITIAVW). El paquete económico presentado por la empresa planteaba una reestructuración de percepciones con un aumento directo al sueldo del 3.80% programado para el año 2026, complementado con un ajuste del 3.50% para el año 2027. Sin embargo, la resolución emitida desde las urnas reflejó la disconformidad de la mayoría con los porcentajes estipulados.
Paralelamente, diversos organismos pertenecientes al sector empresarial, encabezados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), externaron su preocupación ante las implicaciones económicas que desencadenaría una huelga. Si bien la patronal reconoció de manera explícita que la suspensión de labores constituye un derecho constitucional legítimo de la clase trabajadora, hizo un llamado a evaluar las afectaciones colaterales que este paro generaría sobre la extensa red de micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras que operan en la entidad poblana.
Por su parte, la representación sindical del SITIAVW confirmó su compromiso de acatar el mandato expresado por los trabajadores en las urnas y mantener una posición unificada durante las mesas de negociación restantes. La dirigencia instó a la plantilla obrera a evitar divisiones internas e informarse únicamente a través de las vías oficiales, puntualizando que la búsqueda de condiciones laborales dignas debe transcurrir bajo un ambiente de respeto mutuo y responsabilidad corresponsable.
