El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció un importante ajuste en sus normativas migratorias que reduce drásticamente el tiempo de respuesta para las personas refugiadas. A partir de esta nueva medida emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las personas que cuenten con estatus de protección y enfrenten un proceso de revocación dispondrán de tan solo 10 días para presentar pruebas y argumentos en su defensa, sustituyendo el periodo anterior que contemplaba hasta 30 días.
Las autoridades federales estadounidenses sostuvieron que la modificación busca acelerar la revisión de los expedientes, prevenir posibles fraudes en las solicitudes y proteger la seguridad nacional. Conforme a las normas vigentes en ese país, el estatus legal de refugiado únicamente puede ser retirado si se determina que el beneficiario incumplía los requisitos de elegibilidad al momento de su ingreso. De estimarse insuficiente la evidencia remitida en el plazo fijado, las autoridades procederán a la cancelación formal de la condición migratoria e iniciarán el procedimiento de deportación.
La disposición generó un rechazo inmediato por parte de diversas organizaciones civiles y despachos de abogados defensores de migrantes. Representantes de la organización International Refugee Assistance Project (IRAP) advirtieron que un plazo de 10 días es materialmente insuficiente para reunir documentación probatoria compleja. Al respecto, señalaron el peligro inminente de que familias e individuos que ingresaron conforme a la ley sean repatriados hacia países donde su vida e integridad corren un grave peligro.
Asimismo, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) ofreció un balance del impacto de estas decisiones y reportó que aproximadamente 1.6 millones de personas perdieron la protección legal durante el primer año del presente mandato presidencial. Esta norma se suma a la cancelación progresiva de permisos humanitarios y modificaciones severas a los sistemas de asilo.
El sistema de admisión de refugiados en Estados Unidos involucra tradicionalmente revisiones que duran varios años, con intervención de agencias internacionales, embajadas y exhaustivas verificaciones de antecedentes. Frente a los nuevos lineamientos, colectivos de derechos humanos manifestaron que mantendrán litigios estratégicos para proteger a refugiados provenientes de naciones vulnerables.
