A raíz de las movilizaciones estudiantiles tras el feminicidio de María Fernanda, el gobierno municipal de San Andrés Cholula anunció una reestructuración y reforzamiento en sus políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. La alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres confirmó que se atenderá de forma prioritaria el pliego petitorio entregado por la comunidad universitaria.
Durante el despliegue de las protestas a las afueras del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), estudiantes y colectivos entregaron una carta dirigida a las autoridades municipales y al Ministerio Público para exigir el esclarecimiento del crimen. En respuesta, la administración municipal desplegó elementos de seguridad para resguardar la libre manifestación de las y los jóvenes.
Entre las medidas inmediatas presentadas por la alcaldesa destaca el impulso al esquema «Embajadores por la Seguridad», mediante el cual representantes de diversas instituciones de educación superior colaboran con las áreas de prevención del delito. El plan busca estrechar la comunicación entre los universitarios y la Secretaría de Seguridad Pública municipal para detectar oportunamente factores de riesgo en el entorno escolar.
San Andrés Cholula cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo que obliga al municipio a destinar recursos e infraestructura específica. En ese sentido, la alcaldesa subrayó las operaciones transversales desarrolladas desde la Casa Violeta, así como programas permanentes de capacitación sobre masculinidades y acompañamiento jurídico e interdisciplinario para víctimas.
Mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla prosigue con las indagatorias correspondientes para juzgar al responsable del feminicidio, el gobierno municipal reiteró su compromiso de cooperar con las autoridades judiciales y mantener un monitoreo permanente en los corredores universitarios de la demarcación.
