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Piden a la Fiscalía investigar posibles nexos de Guadalupe Bárcenas con el crimen organizado en Acatlán

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PUEBLA, Pue. — Luego de las declaraciones vertidas por el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, respecto a una presunta relación de la exalcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, con integrantes de células delictivas, el Congreso del Estado de Puebla exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a iniciar las indagatorias correspondientes. Las acusaciones surgieron tras la disolución del cabildo en ese municipio y la conformación de un Concejo Municipal para asumir la administración local.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo local, Julio Huerta Gómez, sostuvo en entrevista que las afirmaciones del mandatario oaxaqueño representan un seccionamiento grave que no puede pasarse por alto. El legislador subrayó que, dada la naturaleza de las acusaciones expresadas por el titular del Ejecutivo de una entidad vecina, la representación ministerial en Puebla debe proceder con rigor para deslindar responsabilidades y esclarecer la veracidad de los hechos imputados a la exedil.

Por su parte, el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla, José Luis García Parra, confirmó que las investigaciones institucionales sobre lo ocurrido en el Ayuntamiento de Acatlán continúan vigentes. El funcionario explicó que los reportes preliminares en poder de la administración estatal evidenciaban la intención de una agrupación delictiva por incidir en la demarcación y cooptar áreas del gobierno municipal, escenario que derivó en la intervención de las autoridades legislativas y la subsecuente disolución del ayuntamiento.

Pese al desarrollo de las pesquisas, García Parra aclaró que las investigaciones ministeriales abarcan de manera generalizada a los exservidores públicos y representantes que integraron la administración municipal de Acatlán de Osorio. Asimismo, evitó señalar de forma directa a la exalcaldesa como responsable directa de las irregularidades detectadas, precisando que las conclusiones finales dependerán exclusivamente de los dictámenes jurídicos que arroje el expediente conducido por las instancias competentes.

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