Familiares, amigos e integrantes de colectivas feministas alzaron la voz para exigir justicia por el feminicidio de María Cristina, una economista de 26 años egresada de la Universidad Cristóbal Colón, quien falleció a causa de asfixia mecánica tras ingresar en estado de extrema gravedad a las instalaciones de la Cruz Roja en el estado de Veracruz. La víctima perdió la vida tras sufrir agresiones presuntamente perpetradas por su pareja sentimental, el empresario gasolinero Jorge Eduardo N.
De acuerdo con el testimonio de los allegados a la joven, fue el propio acusado quien la trasladó al nosocomio cuando ya presentaba un cuadro médico irreversible. Los padres de María Cristina señalaron que no fueron notificados de manera directa por el sospechoso, sino por los progenitores de este, lo que impidió que alcanzaran a ver a la víctima con vida en el centro asistencial. Tras confirmarse el deceso, personas cercanas denunciaron que la víctima sufría un patrón sistemático de violencia de pareja.
Las investigaciones en torno al caso derivaron en la ejecución de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en contra de Jorge Eduardo N., imputado formalmente por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Colectivos de acompañamiento como Las Brujas del Mar destacaron la conducta evasiva del señalado, quien no se presentó a las exequias ni a los servicios funerarios realizados en memoria de la joven economista.
Antes de su detención por las autoridades ministeriales, el imputado difundió un video a través de sus redes sociales donde intentó desligarse de las acusaciones de feminicidio. En el material audiovisual, el cual borró horas más tarde, admitió la existencia de un noviazgo conflictivo, pero rechazó categóricamente haber atentado contra la vida de María Cristina, realizando declaraciones que causaron indignación entre los familiares de la víctima debido a la estigmatización vertida sobre la relación que sostenían.
Ante la gravedad del caso y en demanda de un proceso judicial imparcial y sin favoritismos para la familia del presunto agresor, diversas organizaciones civiles y allegados a la víctima programaron movilizaciones ciudadanas. Entre las acciones emprendidas destaca una concentración pacífica en el emblemático reloj del Paseo Bravo, conocido como El Gallito, en la ciudad de Puebla, con el firme propósito de visibilizar el caso y exigir una condena ejemplar contra el responsable.
