WASHINGTON, D.C. — El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la implementación de una nueva política de restricción de visados orientada a sancionar a personas que interfieran o retrasen intencionadamente los procesos legales para el retorno de niños o niñas sustraídos por uno de sus progenitores hacia su país de residencia habitual. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, busca reforzar la efectividad de las órdenes judiciales y proteger los intereses de los menores estadounidenses retenidos en el extranjero.
La normativa se aplicará bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y podrá alcanzar no solo a los padres responsables del traslado irregular, sino también a familiares directos, así como a funcionarios públicos, jueces o agentes de seguridad de otros países que entorpezcan deliberadamente la ejecución de los marcos legales internacionales. De acuerdo con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la corporación ha intervenido en 145 casos de sustracción parental internacional desde 2024, por lo que esta disposición busca dotar al gobierno norteamericano de una herramienta de presión diplomática y migratoria frente a dilaciones injustificadas en la restitución de menores.
