PUEBLA, Pue. — Un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante los resultados de la Encuesta de Intercensal/Vivienda (EIC), reveló que la violencia e inseguridad delictiva obligaron a al menos un integrante de 21 mil hogares en el estado de Puebla a abandonar su residencia entre los años 2020 y 2025. El fenómeno refleja el impacto social que generan los delitos de alto impacto y la presencia de la delincuencia organizada en diversas comunidades de la entidad.
De acuerdo con el desglose del organismo autónomo, este desplazamiento forzado interno afectó de manera directa a cerca de 63.6 mil personas en todo el territorio poblano durante el periodo quinquenal analizado. Las familias o individuos afectados se vieron en la necesidad de cambiar de domicilio o migrar a otros municipios y entidades federativas para salvaguardar su integridad física y su patrimonio frente a amenazas, extorsiones o hechos violentos.
El reporte del INEGI indica además que, de forma paralela a las causas delictivas, aproximadamente 6 mil 900 familias poblanas también registraron el desplazamiento de alguno de sus miembros a consecuencia de desastres o catástrofes naturales ocurridas en sus regiones de origen. No obstante, los motivos asociados al entorno de inseguridad representaron la principal causa de abandono o movilidad obligada de vivienda en el estado.
Especialistas y analistas en materia de desarrollo social advirtieron que los datos presentados por el INEGI ponen de manifiesto la urgencia de fortalecer los esquemas de seguridad territorial y generación de condiciones de paz. El fenómeno del desplazamiento forzado altera la dinámica demográfica y socioeconómica en las zonas expulsoras de población, obligando a las autoridades locales y federales a diseñar políticas públicas orientadas a la restitución de garantías y atención a las víctimas indirectas.
