El exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, percibe un ingreso neto anual superior a los dos millones de pesos dentro de las Fuerzas Armadas, donde continúa colaborando como asesor de la alta dirección institucional. De acuerdo con los registros de transparencia correspondientes al ejercicio fiscal en curso, el exfuncionario mantiene una percepción económica mensual fija superior a los 150 mil pesos netos en dicho encargo.
A través del Comité de Transparencia de la Secretaría de Marina, la dependencia detalló que el cargo formal que desempeña el mando naval es de carácter honorario dentro de la estructura actual. Sin embargo, la remuneración económica reportada corresponde estrictamente a su condición y haber de retiro como almirante en activo dentro de la institución militar, figura contemplada dentro del marco normativo del sector defensivo.
La legislación vigente faculta a los almirantes que hayan ejercido la titularidad de la Secretaría de Marina a mantenerse en activo dentro de la fuerza armada, aun cuando hayan alcanzado o rebasado la edad límite de retiro. Bajo este precepto normativo, los exmandos pueden ser incorporados directamente al gabinete de la institución con la función prioritaria de prestar servicios de asesoría estratégica a los titulares en funciones.
Esta revelación sobre sus percepciones económicas y su estatus administrativo cobra relevancia tras los recientes reportes sobre la imposibilidad de la Fiscalía General de la República para notificarlo formalmente en un procedimiento judicial como testigo. Pese a no haber sido localizado de manera presencial por la representación social federal para dicho trámite en estrados, los trámites administrativos y presupuestales en la dependencia naval confirman su permanencia plena.
Adicionalmente, se dio a conocer que las declaraciones patrimoniales completas de Ojeda Durán, junto con las de otros mandos superiores, continúan sujetas a una reserva temporal determinada por las instancias de transparencia internas. La medida ha generado un amplio debate sobre los límites entre la protección de la seguridad nacional, los protocolos del personal militar y la rendición de cuentas de exservidores públicos en la administración pública federal.
