PUEBLA, Pue. — La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla descartó contar con indicios o elementos de prueba que relacionen al diputado electo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miguel Marqués Ríos, con la mega granja de criptomonedas asegurada recientemente en el municipio de Tlaola.
En entrevista, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez, subrayó que los peritajes e investigaciones preliminares desarrolladas por la corporación estatal no aportan ningún elemento que vincule al legislador con las actividades ilícitas del inmueble. El funcionario enfatizó que la información recabada ya ha sido entregada formalmente a las autoridades competentes para el seguimiento del expediente.
El titular de la SSP puntualizó que el caso se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de dirigir las indagatorias sobre el predio. Sánchez aseveró que la policía estatal continúa colaborando en las diligencias, pero fue categórico al señalar que las evidencias técnicas actuales no sostienen los señalamientos en contra de Marqués Ríos, quien representa al distrito electoral con cabecera en Huauchinango.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública precisó que los inmuebles intervenidos durante los operativos correspondientes pertenecen a particulares. Durante la inspección del sitio, los peritos detectaron una compleja red clandestina de suministro eléctrico mediante el uso de transformadores no autorizados que desviaban energía directamente de la presa local, configurándose el delito de robo de fluido eléctrico a gran escala.
En el operativo de aseguramiento participaran elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE). En el lugar se decomisaron más de mil equipos de cómputo especializados para la minería de criptodivisas, transformadores de alta tensión, antenas de comunicación satelital y armas de fuego, lo que convierte a este hallazgo en uno de los aseguramientos tecnológicos más severos reportados en la Sierra Norte de Puebla.
Por su parte, el Ejecutivo estatal instó a no caer en especulaciones públicas ni a entorpecer los canales institucionales. El gobierno de la entidad remarcó que será la FGE la encargada de deslindar las responsabilidades legales correspondientes sobre las autoridades municipales de Tlaola y sobre cualquier particular que resulte implicado tras las pesquisas.
